Los sindicatos rechazan que los particulares autoevalúen los riesgos laborales de las empleadas del hogar, como propone Trabajo

El Ministerio de Trabajo quiere proteger mejor a las empleadas de hogar. Para ello propone que los particulares que las contraten deban evaluar los riesgos laborales de sus casas, el lugar de trabajo de estas profesionales de salarios bajísimos. Así lo establece un real decreto elaborado por el departamento que dirige Yolanda Díaz y cuyo contenido adelantó este periódico en marzo. Este martes el ministerio expuso el texto a los sindicatos, que tras la reunión han transmitido algunas quejas al respecto. Las principales son la disconformidad con que el particular pueda autoevaluar los riesgos laborales de su hogar con una herramienta online y que no se contemple alguna vía para que Inspección acceda a los domicilios.

Sobre la evaluación de riesgos, el texto establece que el ministerio elaborará una “herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones requeridas”, una comparecencia online gratuita que agilizará el diagnóstico de riesgos. Así, el ministerio esquiva las críticas por la carga económica que supondría la obligatoriedad de que lo hiciera una empresa especializada, una posibilidad a la que también podrían recurrir los particulares que lo prefieran. “Tenemos que buscar alternativas a lo que puede ser una herramienta informática en manos de personas sin formación. Es un reglamento interesante y supone un avance, pero merece un debate en profundidad. Vemos lagunas importantes”, cree Ana García de la Torre, secretaria de salud laboral de UGT.

El representante de CC OO, Mariano Sanz, también cree que la propuesta del ministerio no soluciona el problema: “No puede funcionar así. En muchos casos los empleadores son personas de edad avanzada sin la capacidad de hacer una autoevaluación online”. Cree que una posibilidad, que ya han transmitido al ministerio, sería hacer partícipes a las mutuas. “Podrían hacer una labor de asesoramiento”. Por su parte, UGT propone un “cuerpo de técnicos que asesoren a la hora de hacer estas evaluaciones” y celebran que el ministerio haya sido receptivo ante la posibilidad de destacar “los riesgos psicosociales de esta actividad”.

El Ministerio de Trabajo indica a este periódico que la norma está siendo debatida “al más alto nivel” con los sindicatos y otros colectivos representativos. “Es una propuesta que no tiene comparación en nuestro entorno y responde a unos desafíos específicos a los que hay que responder garantizando eficazmente la prevención de riesgos y las exigencias a los y las particulares que contratan una persona trabajadora en el hogar”, añade el departamento de Díaz. También resalta que el texto implica la colaboración de varias entidades públicas y que la nueva norma “permitirá una prevención de riesgos laborales eficaz teniendo en cuenta que las personas empleadoras son particulares y no empresarios o empresarias desarrollando una actividad mercantil”.

A los sindicatos tampoco les gusta que el texto no contemple vías para que Inspección pueda comprobar las condiciones de trabajo en las casas. Las limitaciones que establece la sacrosanta inviolabilidad del domicilio (que sella el artículo 18 de la Constitución) siempre han frenado los intentos de proteger a estas trabajadoras, barreras que también sirven a muchos empleadores para anclarlas en condiciones muy precarias. “Que los diferentes domicilios donde se prestan los servicios constituyan una esfera aparentemente alejada del control que puede ejercer la empresa requiere que se efectúe un desarrollo normativo que determine el alcance de las obligaciones preventivas”, reconoce la norma en la exposición de motivos. “Es necesario que se atienda la necesidad de asegurar que se llevan a cabo visitas presenciales a los domicilios donde se lleva a cabo la actividad de cuidado a efectos de que se produzca la adecuada evaluación de riesgos laborales”, añade. Pero no se establece una vía para ello.

Los sindicatos reconocen la dificultad de encontrar un encaje legal a que la Inspección desarrolle visitas presenciales, pero insisten en su carácter necesario. “Se nos plantean algunas dudas en cuanto a cómo va a poder actuar Inspección en los domicilios. Queremos que nos lo aclaren. Hay cuestiones que hay que comprobar in situ, aunque somos conscientes de la colisión de derechos”, comenta la representante de UGT. “El acceso de Inspección es imprescindible y está totalmente en el aire. No queda definido y eso nos preocupa. Si no se articula en esta norma puede ser un brindis al sol. Una parte importante queda al albur del voluntarismo”, indica el de CC OO.

Salarios bajísimos

La norma elaborada por Trabajo también especifica el deber del empleador de proporcionar medidas de protección adecuadas, el derecho de la trabajadora a reclamar formación en riesgos laborales y a someterse a reconocimientos médicos. Además, el ministerio se compromete a elaborar un protocolo frente a las situaciones de violencia y acoso sexual. El hecho de que casi todas sean mujeres (el 96%), inmigrantes (un 40%), con sueldos bajísimos (981 euros brutos, menos de la mitad que la media) y que desarrollen su actividad en hogares privados, forma una combinación que las desprotege. El acoso y abuso que sufren es un problema histórico muy documentado.

En septiembre de 2022, el Consejo de Ministros ya aprobó un decreto ley que mejoraba las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de estas empleadas. Desde entonces estas profesionales tienen derecho a cobrar el paro. En caso de despido, el Fondo de Garantía Social (Fogasa) cubre las indemnizaciones de los empleadores insolventes y se articula un sistema de bonificaciones a las cotizaciones. Quedó pendiente la adaptación concreta de la normativa de riesgos laborales, que se articulará con el texto descrito si PSOE y Sumar se ponen de acuerdo.

En el departamento de Díaz, optimista ante un acuerdo con los socialistas al respecto, vienen indicando que España se pondría a la vanguardia internacional en derechos laborales de este colectivo si aprueba esta norma. Así, añade el ministerio, España daría cumplimiento a “los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre condiciones relativas al trabajo decente para las trabajadoras domésticas”.

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