El BCE advierte del mordisco de la inflación en las cuentas públicas

El Banco Central Europeo advierte sobre la falsa ilusión que puede provocar la inflación en las cuentas públicas. En un primer momento dispara los ingresos al crecer los precios más que el PIB, corrigiendo los desequilibrios fiscales en relación al tamaño de la economía. Sin embargo, más adelante, conforme se van actualizando gastos como las pensiones con la inflación, entonces los desembolsos aumentan. Y la recaudación puede ceder cuando la inflación y la política monetaria necesaria para atajarla acaben haciendo mella en la actividad. “Más allá del corto plazo, las finanzas públicas de la zona euro pueden terminar siendo afectadas negativamente por el actual episodio de inflación”, concluye un estudio publicado por el departamento de Economía que dirige el español Óscar Arce en el Eurobanco.

El informe describe paso a paso cómo se propaga esta perturbación a la política fiscal: “Un aumento de los precios importados de la energía se traslada gradualmente a los precios de consumo, reduciendo por tanto los ingresos reales de los hogares y moderando el consumo y la actividad, lo que al final reducirá los ingresos fiscales”.

Según los cálculos del banco central, el nivel de déficit público de la zona euro aumentará en cerca de un 0,5% del PIB, unos 6.500 millones de euros si se aplica al caso español. Esta cifra es una proyección baja, según explica el organismo, ya que no incluye ni el impacto de las medidas de los Estados para tratar de aliviar el golpe de la inflación, ni el coste que supone el endurecimiento de los tipos sobre la actividad económica o sobre el gasto en intereses. Sí que se recoge el mayor desembolso debido a los bonos ligados a la inflación.

“Este impacto negativo se explica por la naturaleza y el tamaño de la inflación en la zona euro, principalmente un gran shock energético externo que proporcionalmente genera menos ingresos fiscales, afecta negativamente a la rentabilidad y el crecimiento de las empresas, y pone una elevada presión sobre el gasto público nominal”, apunta.

El estudio recuerda que casi un tercio del gasto público está indexado, en gran parte a la inflación y, en menor medida, a los salarios. Y que partidas como la compras públicas de bienes, las contrataciones de servicios o la inversión engordarán por las alzas de precios. “Este tipo de inflación conduce a unas ganancias más limitadas en la recaudación, que a su vez pueden ser fácilmente sobrepasadas por las presiones extra sobre el gasto”, recalca.

Además, la respuesta de la política monetaria para evitar una espiral de precios subirá la carga de intereses que tiene que afrontar el Estado por su deuda. Si no se hace esta política, señala el documento, se corre el riesgo de caer en los llamados efectos de segunda ronda, cuando los incrementos de precios se trasladan a salarios y márgenes empresariales, alimentando todavía más la inflación.

Por otra parte, el BCE pone límites a cuánto se puede bajar la deuda sobre PIB gracias a la inflación en las actuales circunstancias. El impacto sobre la actividad económica de un shock como el que se está viviendo sobrepasa el efecto positivo que puede tener en las ratios de deuda elevar el denominador, indica. De acuerdo con sus estimaciones, es dos veces más importante el impacto negativo en la economía que el efecto denominador. Esto solo suele funcionar cuando hay una inflación originada en la demanda, sostiene. De hecho, las simulaciones del BCE contemplan un repunte de la deuda en relación al PIB una vez se tiene en cuenta todos los factores como un menor crecimiento, un mayor coste de la deuda y un mayor déficit público.

Las medidas desplegadas por los Gobiernos para mitigar la inflación están teniendo un efecto significativo pero temporal. Con un coste anual medio en la zona euro del 2% del PIB, estas iniciativas están logrando rebajar las presiones inflacionarias. Pero conforme se vayan desactivando, elevarán el IPC en 2024 y 2025. Eso sí: el BCE admite que estos paquetes fiscales consiguen inicialmente una mejora del crecimiento económico y de las rentas nominales de los hogares. Sin embargo, alerta de que solo una pequeña parte de esta ayuda está diseñada para llegar exclusivamente a las rentas bajas. Aproximadamente uno de cada diez euros van a familias vulnerables o empresas afectadas, estima. “La mayor parte del dinero público benefició a hogares que tenían los medios para afrontar sin ayuda un incremento temporal de los precios. Esto lastra innecesariamente las finanzas públicas”, subraya.

Y este esfuerzo resulta más oneroso para países con unas finanzas públicas vulnerables como España: “La carga adicional sobre las cuentas públicas, especialmente si el apoyo tiene que alargarse con medidas más duraderas, puede suponer un reto adicional en un contexto de pagos de intereses al alza, sobre todo en Estados con un elevado endeudamiento”, explica. Si bien reconoce que desde diciembre los Gobiernos están recalibrando sus programas para que sean en este sentido más focalizados.

El BCE considera que los paquetes fiscales han amortiguado en torno a una cuarta parte de la pérdida de ingresos sufrida por los hogares en 2022. Y calcula que las rentas del 20% con ingresos más bajos mejoraron en unos 2,4 puntos porcentuales, mientras que las del 20% con ingresos más altos subieron 0,4 puntos porcentuales.

La institución dirigida por Christine Lagarde critica también que muchas de las medidas pensadas para contener las subidas de precios no desincentivaron el consumo de combustibles fósiles. “Las medidas fiscales que no sean temporales, enfocadas y diseñadas para desincentivar el consumo de energía probablemente agravarán las presiones inflacionarias, lo que a su vez exigiría una respuesta monetaria más fuerte”, destaca.

De hecho, el Eurobanco recuerda que las expansiones fiscales pueden generar más inflación, aunque la evidencia histórica no sea definitiva. Sobre todo ha ocurrido en periodos de guerra, cuando ha habido una represión financiera que no retribuía el ahorro y cuando se cerraba la capacidad ociosa de la economía. Según los números de la entidad, entre 2020 y 2025 la política fiscal habrá aumentado el PIB en unos 2,3 puntos porcentuales y la inflación en unos 0,8 puntos.

El Banco de España ya había alertado sobre el deterioro que provocará la inflación en las cuentas públicas. Y la Autoridad Fiscal ya calificó de ficticio cualquier margen que se quisiera ver por la mejora de la recaudación.

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