El déficit público sigue su senda a la baja y se sitúa en el 1,9% del PIB hasta noviembre

Las turbulencias no han acabado, pero las principales magnitudes económicas ya han recobrado o van de camino a recuperar los niveles prepandemia. El déficit de las Administraciones públicas, es decir la diferencia entre lo que ingresan y lo que se gastan, es una de ellas. En 2022 disminuyó a un ritmo superior al previsto, y se situó en el 1,9% del PIB hasta el pasado noviembre, según los últimos datos disponibles publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda. Este resultado es un 60% inferior al registrado durante los primeros 11 meses del año anterior, y anticipa un cierre de año mejor al proyectado en las previsiones oficiales (5%). Aun así, supone un agujero de 25.832 millones de euros, un importe equivalente a más o menos dos meses de nómina de las pensiones o la recaudación anual por el impuesto de sociedades.

Habrá que esperar los datos de diciembre para saber cuánto se han alejado de la realidad los pronósticos, tanto del Gobierno como de los organismos internacionales y casas de análisis. Todo ello a sabiendas de que el último mes del año suele tener un impacto considerable en la contabilidad pública de ingresos y gastos, presionando al alza.

El déficit público se disparó en 2020 a causa del fuerte aumento del gasto para hacer frente a la crisis sanitaria, que se sumó a la caída de los ingresos —menos intensa— provocada por el parón de la actividad. Los números rojos alcanzaron el 11% del PIB, una de las peores marcas de la historia democrática de España y de toda la UE. La bajada al año siguiente fue igual de repentina que la subida: en 2021, las Administraciones públicas lograron la mayor rebaja de déficit de la historia, de 3,3 puntos del PIB, hasta situarlo en el 6,76%, inferior al objetivo comprometido con Bruselas (8,4%).

La información publicada este viernes no incluye las cuentas de las corporaciones locales, que sin embargo tienen un impacto reducido sobre el conjunto. La Administración central acapara la casi totalidad del agujero, con un desfase del 1,8% en sus cuentas; las comunidades autónomas también registran números rojos, del 0,55%, frente al objetivo de referencia del 1% del PIB que tienen fijado para este año. Los Fondos de la Seguridad Social, en cambio, presentan un superávit del 0,44%, una marca ya habitual en los últimos meses detrás de la cual están las transferencias recibidas del Estado, que ha empezado a hacerse cargo de los llamados gastos impropios de este subsector público.

Ingresos por impuestos

La Administración central registró a finales de noviembre un déficit de 24.322 millones, un 65,9% menos que en 2021. Este resultado fue posible gracias al avance de los ingresos, de un 23,7% hasta 237.652 millones, “debido, fundamentalmente, al crecimiento de los impuestos en un 19,4%, 31.514 millones más”, detalla la nota publicada por la Invervención General de la Administración del Estado. Los ingresos tributarios alcanzaron máximos históricos en noviembre (239.789 millones de euros), cuando casi alcanzaron el importe presupuestado para todo el ejercicio. Los ingredientes que están detrás del alza en la recaudación son el aguante del empleo, las subidas salariales, en particular de funcionarios y pensiones —que elevan los ingresos por IRPF y cotizaciones—, la inflación y los mejores resultados en el impuesto de sociedades.

Otra razón que explica la mejora de los ingresos de la Administración central son las transferencias entre administraciones, en particular el efecto a favor del Estado que ha tenido la liquidación definitiva de 2020 de los recursos del sistema de financiación de comunidades y ayuntamientos. El gasto del Estado, en cambio, crece un 0,7%, hasta 264.340 millones, pese a los sucesivos paquetes de ayudas para mitigar el impacto de la inflación. El informe señala que ha habido caídas en inversión, transferencias entre administraciones y de capital, ha habido un incremento en partidas como el gasto por intereses, subvenciones o prestaciones sociales en efectivo.

Las comunidades, por su parte, han registrado un déficit de 7.304 millones, frente al superávit de 8.263 millones acumulado en los primeros 11 meses de 2021 gracias a las generosas transferencias extraordinarias recibidas por el Estado para hacer frente a los coletazos de la covid. Estas cayeron un 41,3%. El gasto, al contrario, subió un 7,5%, por las ya mencionadas liquidaciones del sistema de financiación de 2020. Asturias, Baleares, Canarias, Navarra, La Rioja y el País Vasco, sin embargo, se mantienen en terreno positivo.

Los Fondos de la Seguridad Social sí registraron superávit en ambos ejercicios: de 5.794 millones hasta noviembre de 2022, gracias un aumento de los ingresos superior al de los gastos, y de 1.162 millones en el mismo periodo de 2021. El Sistema de Seguridad Social acaparó la casi totalidad del excedente, 4.074 millones, frente a los 2.147 millones del año pasado. “Esta diferencia se debe, fundamentalmente, al aumento de las cotizaciones sociales en un 4,4%, 5.421 millones más, hasta 128.496 millones, y a las mayores transferencias recibidas del Estado, con un incremento del 0,9%”, señala el ministerio. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también ha experimentado superávit, frente al déficit de 2021, en este caso por reducir el gasto vinculado a los ERTE y otras medidas covid.