Escrivá ofrece mejoras en las lagunas de cotización, pero los sindicatos las consideran “insuficientes”

La negociación de la segunda pata de la reforma de las pensiones sigue atascada. El encuentro que ha mantenido este lunes el Ministerio de Seguridad Social con los agentes sociales no ha servido para pisar el acelerador de unas conversaciones en las que continúan sin resolverse algunos de los puntos que más discrepancias generan, y que, además, han de acordarse antes de que acabe el año. Como ya planteó en la anterior reunión, hace dos semanas, el departamento que dirige José Luis Escrivá mantiene su propuesta de aumentar de manera progresiva de 25 a 30 el número de años para el cálculo de la prestación de jubilación, así como la vinculación de las bases máximas de cotización con la inflación —como sucede con las pensiones—, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos. Según la propuesta de Escrivá, la pensión máxima repuntará un 3,03% entre 2025 y 2050, mientras que la base máxima de cotización crecería en esos 26 años un 34,76%. Es decir, la cotización subirá 10 veces más que la pensión en ese periodo. A partir de 2050, la pensión máxima recuperaría parte de la contributividad. El ministro también sigue defendiendo el alza de la pensión máxima entre 2025 y 2050, aunque de una forma más progresiva.

Sin embargo, el nuevo documento que ha presentado el ministerio este lunes, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea una mejora en la cobertura de las lagunas de cotización —los periodos en los que un trabajador no ha cotizado—, y que penalizan las trayectorias laborales más intermitentes. A partir de la modificación del artículo 237 de la Ley General de Seguridad Social, el departamento de Escrivá propone que para aquellos trabajadores en situación de excedencia por el cuidado de familiares se eleve de uno a tres el número de años que el sistema cubre por considerarlos como cotizados. Asimismo, también propone que las cotizaciones realizadas por quienes estén acogidos a una reducción de jornada por el cuidado de menores se cubran al 100% durante los tres primeros años, en lugar de los dos años que recoge la ley actualmente.

Estas dos medidas se alinean con otras dirigidas a combatir la brecha de género de las pensiones. El plan ideado por Escrivá pasa ahora porque en situaciones en las que la brecha sea superior al 5% (actualmente es seis veces mayor), el sistema integre el 80% (la primera propuesta fue del 60%) de la base mínima entre los meses 49 y 72 a aquellas mujeres (y hombres) de entre 35 y 45 años que hayan sufrido en esos meses una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo. Además de esto, desarrolla que el complemento de brecha de género (de unos 28 euros al mes por hijo) sea objeto “de un incremento del 10%”, además de la revalorización anual, en el periodo comprendido “entre 2024 y 2025″.

Este complemento se concede al progenitor que acredite un perjuicio en su carrera profesional tras el nacimiento del hijo o hija. En caso de que ambos (o ninguno) lo hagan, el derecho se le reconocerá a la madre. Los últimos datos oficiales recogen que, a 1 de noviembre, 364.871 pensiones recibían este complemento, de las cuales el 92,8% eran de mujeres, y este tenía un valor de 61,3 euros.

Para Carlos Bravo, secretario de Políticas públicas y Protección social de CC OO, la propuesta de Escrivá en relación con el incremento de ingresos derivado de la actuación del destope sobre bases máximas y de los salarios más altos resulta “claramente insuficiente”, y critica que no se aborde la mejora de las pensiones mínimas. “No hay ninguna propuesta del Gobierno sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, ni en materia de pensiones mínimas”, critica Bravo. “Y lo que hay es insuficiente claramente en materia de integración de lagunas, habiendo un avance insuficiente en relación con el complemento para reducir la brecha de género y un avance algo mayor en relación con las propuestas que hemos hecho de periodos cotizados por excedencias en el cuidado de hijos, mayores, o de reducciones de jornada”, añade. Desde UGT también consideran “insuficientes” los detalles de la propuesta y abogan por el “destope absoluto” de las bases máximas, una medida que genera rechazo entre los empresarios por el aumento de los costes laborales que supondría.

Punto de partida

La cobertura de estos agujeros de cotización y el aumento del número de años para el cálculo de la pensión pivotan sobre la misma idea: evitar que aquellos trabajadores que en algún momento de sus carreras no han cotizado por distintas razones no se vean penalizados una vez accedan a la jubilación. Se trata, además, de un nicho muy feminizado, por lo que una reformulación de este esquema de protección tendría, además, impacto sobre la reducción de la brecha de género que existe entre los pensionistas.

La propuesta que sigue defendiendo Escrivá como punto de partida para la negociación con UGT, CC OO, CEOE y Cepyme —aunque en este segundo encuentro se ha mantenido en los mismos términos— es la de ampliar en un plazo de 12 años y de forma progresiva (a cinco meses por año), de 25 a 30 el número de años para el cómputo de la pensión, pudiendo el trabajador deshacerse de los dos peores ejercicios. Haciendo una proyección sobre esta horquilla temporal, en 2027, el año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, este arrancaría con la necesidad de acreditar 25 años y cinco meses de trayectoria profesional, pudiendo descartar dos meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, con posibilidad de descartar ocho, y en 2038 serían 30 años y se calcularía con 28 años de cotización (se podrían apartar las 24 peores mensualidades).

Sin embargo, los sindicatos no compran esta idea. Primero porque creen que un aumento del número de años perjudicaría a más trabajadores de los que beneficiaría (los funcionarios, por ejemplo, podrían ver recortada su pensión), pero, principalmente, porque no creen que esta medida cuente con el respaldo parlamentario suficiente. “El Gobierno ha insistido en la propuesta y ha vuelto a tener la misma respuesta de los interlocutores sociales: no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, no nos consta que haya un apoyo parlamentario suficiente y no entendemos, por tanto, que sin tener garantizadas ambas cosas, el Gobierno traiga una propuesta que no ha sido debatida en el seno de la mesa hoy, de nuevo, como viene ocurriendo en las sesiones anteriores”, señala Bravo.

La patronal CEOE también se ha postulado en la misma línea, y ha protestado porque todavía no han recibido “una memoria económica y de impacto” de las propuestas de la Seguridad Social, a pesar de haberla solicitado “con reiterada insistencia”. Aunque no existe una fecha concreta para un nuevo encuentro de la mesa de diálogo, Bravo reconoce que han pedido al Gobierno que no la convoque “si no tiene una propuesta más amplia que recoja el conjunto de materias que hemos planteado”. El representante de CC OO considera que la negociación se está produciendo en un marco “extremadamente lento”, y cree difícil “poder vaticinar que se vaya a cumplir el plazo que el Gobierno está marcado de terminar antes del 31 de diciembre”.