De Cos avala las ayudas para los hipotecados y cree que no castigarán las cuentas de los bancos

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha resaltado la importancia de las ayudas para los hipotecados en apuros aprobadas por el Gobierno. Lo ha hecho este miércoles durante su participación en el Consejo General de Economistas, un día después del anuncio del Ejecutivo. “Se ha logrado un equilibrio”, ha destacado, argumentando que el acuerdo aliviará el bolsillo de los hogares más afectados por la subida del euríbor sin que eso suponga un castigo excesivo para las cuentas de las entidades.

Hernández de Cos ha afirmado que era fundamental no tensionar los números del sector: “Era importante que ese alivio fuera compatible con no generar una presión excesiva sobre el balance del sector bancario y seguir manteniendo una cultura de pago que es tan importante para que, de una manera estructural, el mercado hipotecario inmobiliario funcione adecuadamente”, ha dicho el gobernador.

El Ejecutivo y la banca han acordado, tras meses de negociación, una ampliación del Código de Buenas Prácticas y la creación de un nuevo protocolo que amplíe el número de beneficiarios potenciales. Entre ambos, el catálogo de medidas incluye la congelación de la cuota durante 12 meses, periodos de carencia, alargar hasta siete años el plazo de amortización del préstamo y acogerse a un tipo de interés menor que el de mercado. Al primero se podrán acoger las familias que ingresen hasta 25.200 euros anuales (tres veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, en 14 pagas), que la carga hipotecaria se les haya incrementado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar. Mientras que para el segundo aplicará a las familias con rentas de hasta 29.400 euros cuya tasa de esfuerzo supere el 30% y esta, a su vez, se haya aumentado al menos un 20%.

Este martes, tras el paso por Consejo de Ministros del paraguas pactado, las patronales y entidades de forma individual seguían estudiando los detalles del plan de apoyo. Y aún analizaban los últimos flecos técnicos, principalmente los que se refieren a las provisiones que tengan que dotar para cubrirse sobre posibles dudosos de impago. El escudo social publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado se ha planteado para socorrer a los clientes financieros con hipotecas a tipo variable, las que están referenciadas al euríbor y cuya cuota se actualiza una vez al año en la mayoría de los casos. Con un préstamo para compra de vivienda a tipo variable se encuentran 3,7 millones de hipotecas (en conjunto hay unos cinco millones), según fuentes del Ministerio para Asuntos Económicos. Así, según los cálculos preliminares del Ejecutivo, las ayudas podrán llegar a alrededor de un millón de hipotecados.

Pese a esa primera valoración positiva del gobernador del Banco de España, Hernández de Cos ha añadido que falta por analizar la implementación real de las medidas y su impacto tanto sobre los hogares en apuros como en los números del sector financiero.

Debate sobre el impuesto extraordinario

La agenda entre el Gobierno y la banca no se agota con este último pacto para ayudar ante la escalada del euríbor. En paralelo, el Ejecutivo planteó un impuesto extraordinario para el sector financiero para gravar lo que denomina como beneficios caídos del cielo, fruto del fuerte repunte de los tipos de interés del Banco Central Europeo. Sobre ello, el Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin) sostiene que este gravamen supondrá una contracción del crédito, lo que reducirá la demanda y el consumo. Esto, a la postre, acabará afectando igualmente al empleo y a la evolución del PIB, según un análisis del organismo conocido este miércoles.

Esta crítica se une a la ya conocida del BCE, que en un dictamen reclamó al Gobierno que realizase un análisis exhaustivo de la tasa antes de que concluya el trámite parlamentario. Así como a la opinión de la Comisión Europea, que en su último informe de supervisión de la economía española advierte de los efectos derivados para el sector financiero de la subida de los precios de la energía y los tipos de interés. Esto, sostiene, “probablemente tendrá un impacto adverso en la rentabilidad de los bancos en los próximos años y reducirá su capacidad de generar capital orgánicamente”. Por ello, el informe señala que “es crucial que el diseño final de la tasa sea proporcionado y evite consecuencias injustificadas en la estabilidad financiera y el sector financiero”.

La propuesta del Ejecutivo es gravar con un 4,8% los ingresos por margen de intereses y comisiones netas del negocio bancario en España durante dos años, aunque el presidente, Pedro Sánchez, no descartó en una entrevista en La Sexta la posibilidad de modificarlo y que sea permanente. El objetivo del Gobierno es recaudar 3.000 millones de euros en dos años. Una previsión que se superará, más si cabe tras la inclusión en la obligatoriedad del pago de las entidades foráneas, aunque no alcancen el umbral mínimo estipulado en el país (800 millones).