Vientos de cola a los nuevos impuestos
La fiscalidad a compañías energéticas y bancos cuenta con el espaldarazo de instituciones como la ONU o el BCE
En solo una semana, los nuevos impuestos han recibido potentes vientos de cola. El energético —por el que España espera recaudar 4.000 millones entre 2022 y 2023— ha recibido un espaldarazo político de la ONU. “Pido a todos los gobiernos que tasen los beneficios extraordinarios de las compañías” y que los dediquen a paliar los sacrificios de “la gente que sufre con el alza de los precios”, dijo el lunes en Egipto el secretario general, António Guterres.
Guterres seguía la línea apuntada por el presidente Joe Biden, que invitó a las petroleras a invertir sus “beneficios récord” en “aumentar la producción” y no en “sacar provecho de la guerra” de Ucrania. Y que había sido precedida por la UE. La Comisión cifró en 140.000 millones de euros el resultado conjunto de los topes y el nuevo impuesto a petroleras y gasistas. Y su reglamento obliga a todos los Gobiernos “a menos que hayan promulgado medidas nacionales equivalentes”, como es el caso de España.
En el ámbito doméstico, el martes destacó la autocrítica del consejero delegado de Endesa, José Bogas, porque finalmente “nos hemos dado cuenta” de que “el mercado marginal de fijación de precios no funciona”. Albricias: vino a reconocer (aunque oblicuamente), el acierto de la “excepción ibérica” contra el que tanto ha combatido el sector. Y dio un buen argumento en favor del nuevo impuesto: su compañía mantiene su vieja previsión de beneficios netos para este año, de 1.800 millones, pese a que la nueva tasa ya afectará a sus cuentas en 2022. Se trata pues de una afectación en principio neutra.
Así que los dos partidos del Gobierno oficializaron el jueves distintas enmiendas parlamentarias que ratificarán -a partir de hoy-, el grueso de lo previsto para las nuevas figuras fiscales a energéticas y financieras, y asimismo a las grandes fortunas. Con ciertas flexibilidades en el caso de la banca. El Gobierno toma en cuenta una sugerencia del dictamen del BCE — así como una demanda lógica de la banca local— al extender la tasa a las “sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras”, con lo que atiende el aviso de Fráncfort de que si “únicamente” se aplicaba a las españolas “podría falsear la competencia en el mercado”.
Y asimismo incorpora parcialmente su consejo de precisar el destino de lo recaudado y evitar que sirva a “fines de saneamiento presupuestario general”, sin dotar sin embargo una cuenta separada del Tesoro. Se utilizará para financiar las medidas que afronten el “incremento coyuntural de los gastos derivados de las políticas dirigidas a mitigar el impacto de los precios producidos por la invasión de Ucrania por Rusia”.
Simultáneamente, el BCE ha empezado a desperezarse ante el intenso despliegue de dividendos (y retribuciones complementarias a los accionistas) de algunos bancos, mediante cartas discretas de presión disuasoria: por ejemplo, al italiano Unicredit, que planea regarlos nada menos que con 16.000 millones de euros de aquí a 2024. Una rentabilidad del 15,9%. Sin llegar a ese extremo, la gran banca española prevé alcanzar una horquilla de entre el 7,6% y el 9,8%. ¿No convendrá acaso más reforzar la solvencia y las reservas ante eventuales efectos negativos de la desaceleración económica prevista?
