Bruselas exige transparencia a plataformas como Airbnb: los pisos deberán registrarse y las empresas realizarán controles aleatorios

La reanudación de los viajes de ocio tras acabar lo más duro de la pandemia de covid-19 no ha hecho más que confirmar las tendencias: el turismo basado en el alquiler de pisos por noches o semanas a través de plataformas digitales como Airbnb sigue disparado. Solo en Europa, en el primer semestre de este año las reservas en este tipo de albergue aumentaron un 138% con respecto al año anterior, cuando ya había crecido a cifras de antes de la pandemia. Por eso, Bruselas quiere una mayor transparencia de este negocio —quién alquila qué y por cuántas noches— que ya copa una cuarta parte de los alojamientos turísticos en la UE. Es un equilibrio delicado, señalan fuentes comunitarias: por un lado, se trata de un sector que Europa quiere cuidar por su peso económico, pero que también plantea graves desafíos de escasez de vivienda para residentes en muchas ciudades.

Este lunes, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo reglamento que incluye como cuestión clave la obligación de que cada alojamiento en oferta tenga un número de registro único, una especie de matrícula, para poder ser identificado tanto por los clientes como por las plataformas y también las autoridades locales del sector. “Queremos más transparencia en un mercado que tiene una importancia creciente en el turismo, pero que no siempre es tan transparente como pudiera y debiera ser”, explicaron fuentes comunitarias al presentar la propuesta de regulación, que todavía debe recibir el visto bueno del Consejo y del Parlamento Europeo antes de poder ser implementada.

El “número único de registro”, que el anfitrión recibirá una vez registre una serie de datos —su identidad, cuántas viviendas ofrece y dónde— es un modelo que ya funciona desde hace unos años en localidades altamente turísticas como París, una de las ciudades que más ha mantenido el pulso contra plataformas como Airbnb para controlar este mercado. La regulación prevé que las plataformas donde se ofrezcan estos pisos deberán realizar “comprobaciones aleatorias” para verificar que los datos coinciden con lo registrado por el dueño del alojamiento ofertado y que los números de registro son auténticos. Bruselas busca con esa medida evitar conflictos jurídicos como el que se vivió en la capital francesa en verano de 2021, cuando Airbnb fue multada con más de 8 millones de euros por haber mantenido desde 2017 anuncios sin el número de registro obligatorio. También Barcelona se ha enfrentado con este gigante del sector por publicar anuncios de pisos sin licencia.

Marco de obligaciones

La Comisión no entra en cómo se debe regular en detalle este mercado, sino que se limita a ofrecer un “marco de datos de los anfitriones, las plataformas y autoridades públicas más eficiente y claro”, señalan las fuentes. Además, considera importante que se “armonice” un sistema actualmente “fragmentado”, con requerimientos diferentes no solo en cada Estado miembro sino a veces entre ciudades de un mismo país, que hacen este sistema “pesado” tanto para las plataformas grandes y pequeñas como para los propios usuarios. “Queremos un marco con obligaciones claras tanto para las plataformas como para las autoridades”, indican al respecto.

Las plataformas deberán compartir “una vez al mes, de forma automatizada”, con las autoridades los datos sobre el número de noches y la cantidad de clientes que alquilan las viviendas. Son datos importantes, subraya Bruselas, para poder efectuar “estadísticas correctas que permitan aplicar políticas adecuadas” en la materia. “Esta propuesta garantizará que las autoridades locales tengan los datos necesarios para apoyar un sector sostenible de alquileres de corto plazo, combatir los anuncios ilegales y contribuir a un ecosistema turístico equilibrado”, resumió en un comunicado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

No hay aún una fecha precisa para la entrada en vigor de esta normativa. Una vez validada por Consejo y Parlamento Europeo, los países deberán crear los registros si no los tienen aún, por lo que la Comisión prevé un “periodo de transición” de dos años tras la ratificación en todas las instituciones de Bruselas antes de que pueda ponerse en marcha.