Trabajo ultima el estatuto del becario: la empresa paga los gastos y se fija un límite del 20% sobre la plantilla

Aunque las negociaciones no han terminado todavía, la redacción del estatuto del becario está a punto de culminar. El último borrador elaborado por el Ministerio de Trabajo obtuvo el lunes el visto bueno de los sindicatos, pero no así el de la patronal CEOE. Mientras que el órgano ejecutivo de CC OO ya ha aprobado el texto y solo resta que lo haga también el de UGT para que este nuevo marco tome cuerpo, fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz son más cautelosas, y no se aventuran a dar la negociación por resuelta. Dentro del nuevo ecosistema legal para los trabajadores en formación destacan algunos aspectos, como la obligación para las empresas y las universidades de costear una cotización mínima para el estudiante en prácticas, el hecho de que las tareas asignadas deben ajustarse al contenido recogido en el plan de formación individual, o que la empresa debe correr con los gastos en los que incurra la persona en formación.

El texto cubre algunas de las principales reclamaciones de los representantes de los trabajadores. Es el caso de la cobertura de los gastos durante el periodo de formación por parte de la empresa (desplazamiento, alojamiento o manutención), que las actividades formativas no puedan desarrollarse en horario nocturno, ni a turnos; y que las prácticas extracurriculares dejen de resultar aplicables “una vez transcurrido un periodo de tres años desde la entrada en vigor de esta norma”, según la propuesta del Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa —que es como se denomina formalmente— que Trabajo ha trasladado a los agentes sociales, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

La desaparición de las prácticas extracurriculares —aquellas que no forman parte de los currículos educativos de los estudiantes—, es uno de los puntos que ha despertado el rechazo no solo de la patronal CEOE, sino también de los rectores universitarios y del propio Ministerio de Universidades. Esta eliminación resulta, por el contrario, fundamental para los sindicatos, puesto que estos aseguran que es a través de esta vía por la que muchas empresas se aprovechan de esta figura contractual y se fomenta el fraude de los falsos becarios. En esta línea, el texto contempla que será reconocida la relación laboral con la empresa cuando “la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena de la empresa”, o “cuando la actividad práctica desarrollada en la empresa se refiera a puestos de trabajo o actividades laborales que no requieran de una especial cualificación, conocimientos prácticos o experiencia”.

Junto con estas cortapisas, el texto delimita el uso de la figura laboral del becario para incrementar el volumen de trabajadores de las compañías (y minorar los gastos de personal) estableciendo que “en ningún caso el número de personas en formación práctica podrá superar el 20% de la plantilla total de la empresa”. Aunque frente a esta condición existe una salvaguarda: “Cualquier empresa podrá concertar formación práctica con dos personas, con independencia del número de personas de plantilla”. Esto es, las pequeñas empresas, mayoritarias en el tejido empresarial del país, no se verán perjudicadas por esta limitación porcentual.

Además, para favorecer la igualdad de género, se pide a las empresas que procuren “una presencia equilibrada entre hombres y mujeres” cuando incorporen a los becarios, especialmente “en aquellos departamentos que presenten una menor representación de alguno de los sexos entre las personas trabajadoras”.

Uno de los apartados más importantes y que todavía queda por resolver es el que tiene que ver con los derechos en materia de Seguridad Social. Aunque el borrador se limita a recoger que “los derechos en materia de Seguridad Social de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa serán los previstos en la normativa específica”, lo cierto es que en la mesa de negociación se pactó que el empresario deberá dar de alta a los becarios y que este cotizará durante el tiempo que permanezcan en esa situación. Ese periodo se tendrá en cuenta a la hora de realizar el cálculo de la pensión. Para que no suponga una carga para las compañías, se contemplan bonificaciones de más del 75% en las cuotas.

Marco vanguardista

“Entendemos que el texto que tenemos sobre la mesa avanza enormemente en tres puntos fundamentales: persigue y acaba las principales modalidades de fraude creadas en torno a esta figura; delimita perfectamente la línea entre acción formativa y trabajo productivo con un ámbito de aplicación muy definido; y concede un catálogo de derechos importantísimo y vanguardista en nuestro país, en la línea de lo que demanda Europa (compensación de gastos, cotizaciones, plan formativo individualizado…)”, señalan fuentes de UGT. “Con esta legislación ponemos freno a la precariedad y la explotación que sufren los becarios. Y damos más peso a la tarea formativa que tienen que tener las prácticas para dejar atrás el fraude de los falsos becarios que había en España”, ha señalado Adrià Junyent, secretario de Juventud de CC OO tras conocerse la aprobación por parte de la ejecutiva al borrador. Una fuente de la CEOE, sin embargo, apunta que “por el momento la mesa sigue abierta”.

El Ministerio de Trabajo rechaza, por el momento, hablar sobre un preacuerdo con los sindicatos, pero sí espera que la negociación se cierre lo antes posible en la línea de lo que se recoge en la última propuesta.