El Gobierno exigirá revisar el alumbrado público para ahorrar pero no vetará las luces de Navidad
España se compromete con Bruselas a crear una herramienta para que los hogares puedan comparar su consumo energético con el de sus vecinos, según un borrador del plan de contingencia al que ha tenido acceso EL PAÍS
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El plan de contingencia frente a la crisis energética que el Gobierno remitirá la semana que viene a Bruselas exigirá a todas las Administraciones públicas llevar a cabo una revisión técnica del alumbrado público bajo su competencia para ahorrar, según un borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre las medidas —que persiguen maximizar el ahorro en el momento energético más crítico para los Veintisiete hasta donde alcanza la memoria, ya sin apenas gas ruso— no estará, sin embargo, la imposición de ningún tipo de límite sobre el alumbrado navideño. Solo habrá recomendaciones y llamadas de prudencia a los Ayuntamientos en su utilización.
A corto plazo, la hoja de ruta del Ejecutivo para reducir el consumo de electricidad en luminarias públicas —España es uno de los países más sobreiluminados de la Unión— pasa por introducir nuevas exigencias en el decreto de 2008 que regula todas las cuestiones de alumbrado exterior, obligando a las comunidades autónomas y, sobre todo, a los consistorios a “identificar medidas de ahorro” temporales “hasta que se sustituyan los equipos” por otros más eficientes. El plan de contingencia contemplará la puesta en marcha de un programa de préstamos reembolsables a 10 años al 0% de interés para la introducción de luces led en las farolas más antiguas.
El Ejecutivo también se compromete a crear una herramienta que permitirá a los consumidores comparar sus patrones de demanda con los de otros hogares equivalentes de su mismo código postal. La información aparecerá en las facturas de la luz y el organismo encargado de establecer el procedimiento para que las distribuidoras faciliten los ficheros con los datos de gasto de cada distrito o cada municipio a las comercializadoras será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El ahorro obligado de gas pasa del 7% al 6,4%
El plan que España enviará al equipo de Ursula von der Leyen se divide en tres grandes bloques, en función de los objetivos perseguidos en cada uno de ellos: mitigar el impacto de los precios sobre los consumidores; cumplir el ahorro pactado con el Ejecutivo comunitario (que baja del 7% al 6,4%); y contribuir a la seguridad de suministro de toda la UE.
En este último flanco, ante el bloqueo francés sobre el proyecto del gasoducto MidCat, el Gobierno pondrá en valor tanto su apuesta por el puente naval para el trasiego de gas natural desde los puertos de Barcelona y Cartagena hacia los de Panigaglia o Livorno (ambos en Italia), como las mejoras en la estación de compresión de Irún, que permitirán aumentar en casi un 20% los envíos de gas al resto de socios europeos.
A finales de julio, tras un tenso tira y afloja con Bruselas, el Ejecutivo español acabó dando su visto bueno a un recorte del 7% en el consumo de gas a aplicar entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023 sobre la cifra media de los últimos cinco años. Ese porcentaje ya estaba notablemente por debajo del 15% al que están obligados la gran mayoría de Estados miembros, dada la escasa capacidad de las interconexiones con el resto del bloque.
La novedad ahora es que será incluso inferior a lo inicialmente pactado: seis décimas menos, hasta el 6,4%, tras la toma en consideración de otros aspectos, como el volumen de gas almacenado o la limitación de su uso en la producción de fertilizantes. Desde enero la demanda ha crecido un 4,5%. Porque si bien el consumo convencional se ha visto fuertemente reducido (casi un 17% menos), la persistente sequía que afectó a la generación hidráulica y la falta de viento forzaron un alza de la demanda para la generación eléctrica del 83%.
Nueva etapa
España tratará de hacer ver a la Comisión que el listado de medidas propuestas no será un mero parche para una temporada invernal que se prevé especialmente cruda, sino una hoja de ruta estratégica que inaugura una nueva etapa en la política energética comunitaria. El Ministerio de Transición Ecológica insiste en que conlleva “un detallado análisis de los sistemas energéticos tanto de España como de la UE”. Por ahora las propuestas de Madrid —entre ellas, la llamada excepción ibérica— han ido un paso por delante de Bruselas.
El pasado viernes, el ministerio presentó un boceto de sus planes a los consejeros autonómicos responsables de las cuestiones energéticas en el marco de una ronda de contactos con ayuntamientos, grupos parlamentarios, asociaciones, industria y agentes sociales. “Es fruto del consenso”, repiten en los últimos días desde el departamento que encabeza Teresa Ribera.
Las nuevas medidas se suman a las ya adoptadas el pasado 1 de agosto, como la limitación de la temperatura a 27 grados en verano y 19 en invierno en comercios, cines, hoteles y edificios públicos; el apagado de escaparates a las diez de la noche o el cierre automático de puertas para evitar que se escape el calor o el frío.
Situación más tensa en Europa que en España
El Gobierno lleva meses descartando cortes de gas y electricidad de cara al próximo invierno gracias a la potente red de regasificadoras del país (seis en total, más de las que tiene cualquier otro país europeo), que permiten traer combustible por barco desde cualquier parte del mundo. El escenario que se dibuja a escala continental, sin embargo, es mucho menos tranquilizador: Rusia ha pasado de suministrar el 40% del gas hace un año a menos del 10% hoy, un porcentaje que caerá aún más cuando se contabilice el cierre total del gasoducto Nordstream 1, la principal vía de entrada de metano ruso a los Veintisiete.
Más allá del obvio impacto sobre los precios —que ha provocado a su vez una escalada sin precedentes en las facturas de la luz y, en general, de la inflación—, esta escasez de combustible implica también un déficit de abastecimiento para este próximo invierno y de llenado de los almacenamientos la próxima primavera.
Para tratar de conjurar este riesgo, varios Gobiernos europeos han anunciado importantes inversiones exprés en plantas regasificadoras temporales (flotantes) o fijas (en tierra). De esa singular lucha contra el reloj dependerá el suministro en varios Estados de Europa oriental y septentrional. Hoy, menos de uno de cada tres países de la Unión Europea puede acceder a gas natural licuado, el que viene por barco, fundamental para sustituir el que hasta ahora proporcionaba el régimen de Vladímir Putin.
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