El Gobierno recupera el sistema que permite a Red Eléctrica desconectar a la industria en picos de consumo a cambio de una compensación

El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo mecanismo que permitirá a Red Eléctrica de España (REE) interrumpir total o parcialmente el suministro a grandes consumidores en los momentos en los que la demanda supere la oferta programada. Este sistema, que sustituye a otro similar que estuvo en vigor hasta poco antes de la pandemia —cuando acabó decayendo por las reiteradas objeciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, sobre todo, de Bruselas—, compensará a las empresas (fundamentalmente industriales, aunque también de servicios) que se vean afectadas. La interrupción deberá ser notificada con un mínimo de 15 minutos de antelación y estará activa, a lo sumo, durante tres horas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida ofrecerá “flexibilidad al sistema, reduciendo la demanda en los momentos pico” y permitirá “resolver con más eficacia las diferencias relevantes [entre oferta y demanda de electricidad] que puedan producirse a lo largo del año”.

El nuevo mecanismo, bautizado con el nombre de Servicio de Respuesta Rápida de la Demanda, estará incluido en el decreto de medidas de urgentes en el ámbito de la energía que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), debería estar en funcionamiento, como tarde, el próximo 1 de noviembre, “con vistas a la temporada invernal”. La encargada de gestionarlo será REE, que lanzará una subasta anual en la que podrán participar las unidades de demanda mayores de un megavatio (MW), según ha explicado en un comunicado el departamento que dirige Ribera.

El sistema “permitirá resolver, con la máxima eficacia técnica y el menor impacto medioambiental posible, las situaciones de desvíos importantes” entre la generación y el consumo, enfatiza la nota. En esos tramos horarios, la disyuntiva del gestor del sistema es entre pedir a estos consumidores que reduzcan o eliminen totalmente su demanda de forma temporal o encender una central de ciclo combinado (gas) menos eficiente y, por tanto, más costosa y contaminante. “Va a abaratar y hacer más eficiente el sistema”, confían fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Un portavoz de REE prefirió no pronunciarse hasta conocer íntegramente el contenido del decreto.

La crisis energética como telón de fondo

“Tener un instrumento en el que la demanda contribuya a adaptarse a la variabilidad de la oferta es muy importante; más aún cuando vamos a un modelo con cada vez más renovables en el que habrá horas de mucha generación y muy barata, y otras en las que la demanda superará la oferta programada”, valora Luis Atienza, expresidente de REE. Las desconexiones, acota, se producirán cuando haya picos de demanda o cuando se producen “averías o fallos puntuales en alguna zona y no necesariamente en todo el sistema”.

La crisis energética es, a su juicio, un elemento esencial para la recuperación de la medida en este momento. “La disponibilidad de gas es muy reducida y la menor capacidad excedentaria, menor. Por eso tiene aún más sentido”, apunta Atienza, al tiempo que recuerda que los consumidores afectados habrán acudido previamente a una subasta en la que se fijará la compensación, por lo que “ya están sobre aviso de que se les puede desconectar, aunque sin saber exactamente cuándo”.

La medida llega menos de dos semanas después de que la Comisión Europea propusiese a los Veintisiete una reducción de al menos el 5% en el consumo de luz en las horas pico. Los Gobiernos del bloque se han comprometido, por su parte, a acometer una “reducción coordinada de la demanda eléctrica”; por ahora, sin mayor precisión.

Rebaja del IVA al gas, los pellets y la leña

El decreto de este miércoles también incluirá dos medidas anunciadas hace semanas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La primera será la rebaja del 21% al 5% (el mínimo permitido por la normativa europea) en el IVA sobre el gas natural, los pellets, las briquetas y la leña) hasta finales de año. El ahorro total para los consumidores —o el coste para el erario, según como se mire— rondará los 210 millones de euros, según los cálculos del ministerio.

En segundo lugar, el Gobierno extenderá el tope al gas a la cogeneración, una medida largamente reclamada por el sector. Estas instalaciones, que generan tanto electricidad como calor para procesos industriales utilizando un combustible (habitualmente, gas natural, pero también biomasa o fuelóleo), habían quedado fuera del perímetro de la excepción ibérica y, en consecuencia, habían visto reducida su producción a mínimos. Un hueco que ha sido cubierto con centrales de ciclo combinado más antiguas (y por, tanto, más ineficientes) o directamente por el carbón, de largo la alternativa más contaminante.