Países Bajos se plantea usar su yacimiento de Groningen solo en caso de emergencia

Países Bajos ha anunciado este miércoles que tiene ya sus almacenes de gas por encima del 80% de su capacidad, la proporción exigida por la Unión Europea a sus socios para el próximo 1 de noviembre. El país pretende garantizar así el suministro a partir de este otoño, en respuesta a los cortes impuestos por Rusia debido a las sanciones por la guerra en Ucrania. A pesar de la crisis energética, el Gobierno holandés mantiene por ahora su decisión de no utilizar el yacimiento de gas natural de Groningen, situado al noreste del país. Es el mayor de Europa, pero su extracción produce seísmos y ha habido ya unas 240.000 reclamaciones por daños en los edificios. Según el Ministerio de Economía y Clima, las instalaciones se mantendrán como reserva y la llave solo se abriría de nuevo en caso de emergencia. Por ejemplo, “si los hogares y hospitales de una región entera corrieran el peligro de quedarse sin suministro”. Si la situación política internacional lo permite, el cierre completo está previsto entre 2023 y 2024.

El yacimiento de Groningen fue descubierto en 1959, y la extracción de gas natural vertebró años después el suministro de energía en el país. Desde entonces, se ha obtenido un beneficio de 428.000 millones de euros, de los que el Estado recibió 363.700 millones a través de remesas y participaciones estatales. El campo es explotado a medias por la petroleras Shell y ExxonMobil, y la empresa que lo gestionaba (NAM, en sus siglas neerlandesas) recibió los 64.700 euros restantes en concepto de dividendos para sus accionistas. Las cifras han sido publicadas este martes por el diario financiero Financieele Dagblad, y confirmadas por el Ministerio de Economía. El cálculo ha sido efectuado por la propia Shell en el marco de la investigación parlamentaria sobre los daños ocasionados por la extracción del gas, cuyo coste ha sido relativamente bajo: desde 1969, la producción ha supuesto 27.800 millones de euros. Ello se debe a la concentración de las instalaciones de procesamiento en un área pequeña, y la poca distancia que debía recorrerse para su transporte.

Estas cuentas no se habían hecho públicas antes, y la investigación parlamentaria corre pareja ahora al corte indefinido de gas a Europa anunciado por Rusia a través del gasoducto Nord Stream. La situación agrava a reducción del fujo de gas ruso a la UE, y el Gobierno holandés no es ajeno a estas presiones. Pero, de momento, prefiere permitir un mayor uso de carbón para alimentar las centrales eléctricas, que tomar más gas del yacimiento de Groningen. Entre el 15% y el 20% del utilizado en Países Bajos proviene de Rusia, y hasta 2105 el excedente de la producción nacional holandesa se exportaba. En 2018, la importación de gas superó su exportación, “y después se ha comprado gas natural licuado (GNL) a Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Oriente Medio”, según la firma Gaslicht, que asesora al consumidor y a las empresas. Aunque el gas circula por los gasoductos entre los distintos países europeos, Rob Jetten, ministro holandés para el Clima, cree que “gracias al ahorro de energía y a la importación de GNL, habrá suficiente para pasar el invierno”.

El temor, dolor y daños causados a los vecinos por los terremotos registrados en la región de Groningen han llegado a su vez al Parlamento. Los temblores se remontan a la década de 1986, debido a que el gas se extrae de una capa de arenisca —que se está asentando— a una profundidad de unos 3 kilómetros, según explica el Real Instituto Neerlandés de Meteorología (KNMI) en su página web. “Se crea una diferencia de tensión a lo largo de las fracturas de esta capa, y en un momento determinado hay un cambio repentino: un terremoto”, sigue el instituto.

Los temblores ocurren en las inmediaciones del yacimiento, y en 2013 hubo 30 de magnitud superior a 1,5 en la escala de Richter. En 2018, y en las mismas circunstancias, fueron 15; en 2019, 11; en 2020, 16; y en 2021, 12. En total, sin embargo, solo en 2019 hubo 85 temblores. A lo largo del tiempo, varios alcanzaron un 3,4 en la escala de Richter abriendo grietas en cientos de casas.

Durante su declaración ante la comisión parlamentaria, Bart van de Leemput, director de NAM, dijo la pasada semana que él no decidía la cantidad de gas que debía extraerse. Eso correspondía a Shell, ExxonMobil y el Estado holandés, en una asociación público-privada que ha sido objeto de críticas durante décadas. A partir de 2013, los terremotos fueron cada vez más peligrosos y Van de Leemput supuso que reforzando las casas podría solventarse el problema. No fue así.

Hasta la fecha, el Estado y NAM han pagado unos 1.600 millones de euros de compensación a la población afectada, estima el Instituto para el Daño de la Minería, de Groningen. Aunque no ha habido víctimas, el estrés es constante y sus casas se han depreciado. Según cálculos gubernamentales, quedan en el yacimiento más de 450.000 millones de metros cúbicos de gas, una reserva que el Ejecutivo prefiere no tener que tocar. La comisión parlamentaria espera tener listas sus conclusiones a principios de 2023.