El Gobierno estudia gravar los intereses y comisiones de la banca

El Gobierno prepara a toda prisa los nuevos impuestos a la banca y las energéticas para conseguir unos 7.000 millones de euros en dos años. Estos gravámenes tienen que estar aprobados antes de que acabe el año para que no haya problemas jurídicos por la retroactividad y solo se dirigirán a un reducido número de compañías: aquellas que facturen más de 1.000 millones. El de las energéticas sigue el modelo implantado en Italia por Mario Draghi y se aplicará a partir de la facturación del IVA a eléctricas, gasistas y petroleras con el fin de ingresar 2.000 millones al año. Sobre el de la banca existen más dudas. Pero según fuentes conocedoras, se estudia que grave el total de los intereses y las comisiones que cobran las entidades con un tipo que podría estar alrededor del 5%. Aunque otras fuentes del Gobierno piden cautela y subrayan que aún hay otras opciones sobre la mesa y que, además, queda cerrarlo con Podemos.

En todo caso, de esta forma se pretenden obtener los 1.500 millones que avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación. El presidente dijo que este nuevo impuesto, temporal y extraordinario, gravaría los beneficios que obtengan las entidades por las próximas subidas de los tipos. UBS calcula que por cada 0,25 puntos que suba el euríbor, los bancos españoles pueden ganar hasta un 10% más. Aunque este aumento de los beneficios será progresivo y no se desplegará en su totalidad hasta 2024, la cifra podría superar los 1.000 millones por cuarto de punto.

Estas fuentes explican que en el fondo se trata de seguir un esquema similar al del IVA, un impuesto del que están exentos los servicios financieros. En cambio, sí que se grava a los seguros con un 8% sobre las primas. Así que se intentaría buscar algo equivalente haciendo tributar a las grandes entidades por el conjunto de intereses y comisiones. Se descarta la posibilidad de subir los tipos de sociedades porque la banca cuenta con muchas pérdidas acumuladas en los balances, que se estiman en el entorno de los 100.000 millones y que pueden deducirse de su factura fiscal al tipo del 30%. Estos 30.000 millones son los llamados activos fiscales diferidos (DTAs por sus siglas en inglés) y los bancos pueden computarlos como capital regulatorio gracias a la garantía del Estado. A cambio de esta las entidades pagan un 1,5% anual para que no sean declaradas ayudas públicas por la UE. De hecho, se dejó el tipo en el 30% —el general es el 25%— para evitar que tuviesen que ampliar capital. En definitiva, subir los tipos no sirve de mucho. Y tocar esas bases negativas podría generar un problema de capital y crear inseguridad jurídica.

De modo que la inspiración del nuevo impuesto que ultima el Ejecutivo se halla en la Financial Activity Tax (FAT), un tributo que propuso el FMI en el G20 de junio de 2010 buscando que las entidades devolvieran parte de los costes de la crisis financiera. La Comisión Europea también abogó por él en aquella época con un tipo del 5% y que, en su formato más exigente, podría recabar hasta 25.000 millones en toda la UE. Dado que la economía española representa un 10%, de ahí saldrían hasta 2.500 millones.

El PSOE retomó esta idea en 2018 y la defendió para conseguir unos 1.000 millones. Entonces se pretendía que financiaran el déficit de las pensiones. A la sazón Podemos intentó que se aprobase un recargo solidario a las entidades en el impuesto de sociedades subiendo el tipo diez puntos. Así compensarían parte de los 69.000 millones del rescate bancario. Sin embargo, con la llegada al Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta iniciativa se acabó desechando. Y ahora se ha sacado del cajón para financiar las medidas contra la inflación. Este impuesto se puso sobre la mesa en 2010 junto al gravamen a las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin que se aprobó en 2019 y que recauda unos 300 millones al año frente a los 850 millones que se preveía.

Sin embargo, en el debate europeo esta figura del FAT ha quedado desfasada y, si bien algún país ha tomado alguna iniciativa inspirada en ella, la gran mayoría no la ha puesto en marcha. Puede aplicarse de muchas formas: por ejemplo sobre la suma de los beneficios y salarios, sobre el exceso de retribuciones o el exceso de beneficio. El Gobierno valora tomar los intereses y las comisiones porque se considera más fácil de aplicar y que tiene un menor impacto en el empleo. En España la defendió con ahínco el ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando presidía la Autoridad Fiscal. Y ahora es uno de sus mayores impulsores en el Ejecutivo. Podemos ha defendido siempre una mayor tributación a la banca. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no veía con malos ojos un tributo, pero los técnicos del ministerio consideraban complicada su aplicación.

En efecto, su diseño tiene importantes problemas técnicos que superar. La letra pequeña será esencial para que la banca no lo impugne en los tribunales. Por ejemplo, puede ser difícil determinar dónde se están pagando esas comisiones o intereses: ¿entran solo las de España o las de todo el mundo y entonces puede dar problemas de doble imposición? ¿Puede suponer una ventaja competitiva para las entidades pequeñas que no lo soporten? También tiene el inconveniente frente al IVA de que puede suponer un coste añadido para la actividad empresarial al no poder deducírselo las empresas. El libro blanco de los expertos, sobre el que se debería basar la reforma fiscal comprometida con Bruselas y cuyos miembros fueron elegidos por el actual ministerio de Hacienda, solo habla de levantar la exención del IVA para la banca en la misma línea que la Comisión Europea en sus últimos papeles. Nada del FAT. Cuando se creó el IVA, se pensó que las actividades financieras eran básicas y que era muy complejo gravarlas. Con la tecnología actual se podría pero sigue siendo complicado. La banca quiere el IVA porque puede deducirse el que soporta por sus compras y que se estima en unos 2.000 millones.

Otro obstáculo es que la subida podría trasladarse al cliente, lo que a su vez podría ocasionar un problema de exclusión financiera en las rentas bajas. En general, el libro blanco advierte de que hay que tener cuidado al tocar la imposición societaria. Se trata de los impuestos que más se repercuten y que pueden tener un impacto en la inversión, los precios, el empleo o los salarios, concluye. La ministra de Hacienda ha declarado que se prohibirá a las entidades traspasarlo, pero esto se antoja algo difícil en tanto que en ninguna parte está tipificado que una entidad no pueda trasladar un incremento de costes.

El libro blanco de los expertos

En concreto el libro blanco dice: “El debate público sobre el impacto distributivo del Impuesto de Sociedades asume que este recale en exclusiva sobre los propietarios de las sociedades o sobre las rentas del capital”, plantea el documento de los expertos. “Esta visión omite los análisis disponibles sobre la traslación de impuestos. [...] En primer lugar, incrementa el coste de uso del capital, reduciendo de este modo el volumen de inversión empresarial potencial por el mayor rendimiento bruto requerido para realizar una actividad. En una economía abierta, la reducción del rendimiento neto del capital produciría una reducción del volumen de capital agregado y, a través de un efecto de equilibrio general, un impacto en los salarios por la menor productividad. En segundo lugar, el impuesto puede recaer no solo y de manera exclusiva sobre los propietarios, sino que parte de su carga tributaria puede trasladarse a los consumidores a través de mayores precios finales, a los trabajadores en términos de menores salarios o a los proveedores con un menor precio de adquisición de los insumos”. Aunque no existen estudios para la economía española, el libro cita investigaciones de Alemania y Estados Unidos. Y dice que el grado de traslación depende de la competitividad, los márgenes, la apertura de la economía o el mercado de trabajo.

Por el contrario, el Gobierno considera que se trata de un sector que ha recibido muchas ayudas públicas y donde los salarios son muy generosos. Es una forma de hacerles arrimar el hombro, como dijo el presidente Sánchez en el Congreso. Fuentes del sector financiero se quejan de la inseguridad jurídica. Y destacan que la banca haya perdido en Bolsa más de lo que va a gravar el impuesto. Es una señal de desconfianza, explican.

Pendiente de cerrar con Podemos

El Gobierno sostiene que en estos momentos la discusión se encuentra todavía en la fase de debate técnico. Expertos consultados apuntan que también cabe un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, pero que esa figura resulta más difícil de justificar, en especial hablando de un sector que atraviesa una reestructuración por el modelo de negocio, la crisis financiera, la pandemia, una década de tipos ultrabajos y la competencia fintech. Hace poco se ha reclamado a las entidades que mantengan estructuras físicas abiertas para poder atender a los mayores, recuerdan fuentes financieras. Si bien esta posición contrasta con la rapidez con la que los bancos han recuperado sus dividendos después de la pandemia y cómo se han beneficiado de los créditos ICO, avalados por el Estado y que garantizaron la solvencia de las entidades.

En cualquier caso, las conclusiones de los técnicos sobre el impuesto se trasladarán luego a la negociación con los socios de Podemos. Y ahí todavía podría haber algún cambio. Por ahora, según explican varias fuentes, no hay intención de negociar con la banca. Se hablará con ella solo cuando ya esté perfilado.