Las demoras de Bruselas, Madrid y Lisboa retrasan el plan para abaratar la luz

España y, en menor medida, Portugal, tienen prisa para que entre en vigor el mecanismo que limita el precio del gas y el carbón. Bruselas, en cambio, mira con lupa cada paso que se da en este proceso. Tres semanas después de que los dos países ibéricos detallasen en sus boletines oficiales la medida con la que buscan abaratar la factura de la luz, y tras varias promesas del Gobierno español —llegará “enseguida”, decía a este diario el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera—, la Comisión Europea sigue sin dar la luz verde requerida para que la medida pase del terreno de la promesa al de la realidad. Fuentes comunitarias explican que la notificación llegó hace apenas algo más de una semana, en unos días repletos de festivos en Bruselas, mientras que en Madrid mantienen que se remitió la semana anterior.

Ha pasado un mes desde que el plan hispanoluso recibió el visto bueno preliminar del Ejecutivo comunitario. Pero la aquiescencia definitiva de los técnicos sigue sin concretarse. Y cada día que pasa es un día perdido para rebajar la presión sobre hogares y empresas y, en última instancia, atenuar la escalada inflacionista: en mayo el IPC volvió a empeorar, escalando hasta el 8,7%. La estructura misma del mercado español amplifica el golpe sobre el bolsillo: el porcentaje de clientes que están en el mercado regulado es mayor y, a diferencia de lo que ocurre en el país vecino —en el que la tarifa de estos hogares está vinculada a contratos de futuros—, los precios beben del mercado al contado, mucho más volátil.

Precios al alza

Los futuros siguen confiando en que la medida entrará en vigor pronto, pero el mercado ibérico diario de electricidad sigue su propio camino. Con las exportaciones a Francia en máximos —para compensar el parón nuclear en el país vecino—; el viento soplando poco —menos oferta barata—; el turismo extranjero regresando a la normalidad prepandémica y los aires acondicionados empezando a echar humo —más demanda—, el precio de la luz ha vuelto a asentarse en los últimos días por encima de los 200 euros por megavatio hora (MWh). Las semanas algo más calmadas, gracias al impulso de las renovables y el menor consumo, han quedado atrás.

El Gobierno español confía en que, una vez aprobado, el mecanismo permitirá una rebaja del 22% en el mercado mayorista y de “entre un 15% y un 20%” en la factura de quienes están acogidos a una tarifa regulada (también conocida como PVPC). Portugal, por su parte, calcula que, de haber estado en vigor el mecanismo, los consumidores portugueses se habrían ahorrado un 18% en su recibo desde enero.

En manos de Vestager

Ante el apremio ibérico, Bruselas se defiende. Las notificaciones preceptivas, apuntan en la Comisión, llegaron a la capital comunitaria hace poco más de una semana. Y desde entonces ha habido dos días festivos (jueves y viernes de la semana pasada), dos fines de semana y habrá otro festivo el próximo lunes. Ambos elementos explican en gran medida la demora en el visto bueno final. La ausencia de precedentes de un límite sobre el precio del combustible que alimenta las centrales térmicas es otro de los motivos de la tardanza: todo el papeleo parte de cero.

La aprobación del Ejecutivo comunitario, sin embargo, puede llegar en cualquier momento. El procedimiento administrativo en este caso no requiere el visto bueno del Colegio de Comisarios —el equivalente al Consejo de Ministros en la esfera europea, que suele celebrarse los miércoles—, sino que, según fuentes comunitarias, basta con un “procedimiento escrito”. En otras palabras: tan pronto como el departamento que dirige la todopoderosa Margrethe Vestager concluya que todo está en orden, el mecanismo podría entrar en vigor. Un procedimiento ágil que contrasta con los retrasos acumulados.

Tanto Madrid como Lisboa afirman haber hecho todo lo posible por acomodar en su legislación las exigencias de Bruselas. Incluso aquellas —como la imposibilidad de establecer una segunda subasta en frontera para evitar la venta de energía subvencionada a Francia— que van en contra de los intereses de sus consumidores. O las que, como la reforma de la tarifa regulada o PVPC, obligarán a rehacer por completo la factura de 10 millones de hogares a lo largo de 2023.

Diferentes decretos

Una diferencia formal en los procesos español y portugués, sin embargo, ha contribuido a sembrar incertidumbre sobre la medida, algo que siempre rechaza Bruselas. La profundidad del decreto de Madrid (63 páginas repletas de detalles, tecnicismos y fórmulas matemáticas únicamente inteligibles para expertos en la materia) contrasta con la síntesis aplicada por Lisboa, que optó por un texto mucho más escueto (7 páginas que no dan pie a la retórica). En ese afán de simplificación, surgieron algunas disparidades respecto a su par español que suscitaron dudas sobre un potencial trato diferenciado de los hogares y las empresas a uno y otro lado de la frontera ibérica.

La semana pasada, el ministro luso de Medio Ambiente y Acción Climática, Duarte Cordeiro, negaba la mayor en conversación con EL PAÍS: “Los consumidores españoles y portugueses serán tratados por igual tras el límite al precio del gas”, defendía. El homólogo de Teresa Ribera achacaba lo reducido y generalista del decreto al hecho de que una parte de la norma será desarrollada por la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), el organismo independiente que actúa sobre los sectores del gas natural, la electricidad y los combustibles en Portugal. “Tenemos procesos de construcción regulatoria distintos. En nuestro caso, ERSE asume parte del proceso, por eso los decretos tienen esas diferencias. Lo que interesa es que al final sean simétricos y la aplicación sea idéntica”, zanjaba. Este jueves, casi tres semanas después del decreto, el regulador publicó una última nota aclaratoria sobre el mecanismo.