Un juzgado de A Coruña desestima la querella de Sandra Ortega contra el antiguo gestor de su fortuna

Tablas de momento en la disputa judicial entre Sandra Ortega, hija de los fundadores de Inditex y segunda máxima accionista de la compañía textil, y el antiguo gestor de su empresa patrimonialista José Leyte. Si a principios de año este perdía el juicio en el que pedía una indemnización superior a la que recibió por su fulminante despido, ahora es la empresaria la que no ha logrado que los tribunales avalen su punto de vista en ese contencioso. Un juzgado de A Coruña ha desestimado la querella que Ortega puso contra Leyte por administración desleal, acusándolo de actuar a sus espaldas.

El auto, adelantado por La Voz de Galicia y al que ha tenido acceso EL PAÍS, sostiene que “no cabe considerar indicios suficientes de una actuación por el querellado (...) en contra de la voluntad de la administradora única, ni realizada sin su consentimiento”. El Juzgado de instrucción número 2 de A Coruña ha dirimido sobre la actuación de Leyte en relación con unas cartas que servían a la cadena de hoteles Room Mate, del empresario Kike Sarasola, para solicitar unos préstamos poniendo como garantía de pago la fortuna de Ortega, que tiene una participación en la empresa hotelera. La empresaria coruñesa sostenía que Leyte las había firmado en su nombre sin su conocimiento y extralimitándose en sus funciones. La jueza, sin embargo, considera eso no ha quedado acreditado en el proceso y que los testimonios de algunos empleados de Ortega no son suficiente prueba. Por ello ordena el sobreseimiento en un auto fechado este viernes y contra el que cabe recurso.

Sandra Ortega es la hija mayor de Amancio Ortega, máximo accionista de Inditex, y de la que fuera su mujer, Rosalía Mera. Al fallecer esta última en 2013, heredó Rosp Corunna, la empresa con la que gestiona el 5% de las acciones que tiene en la matriz de Zara y otras marcas textiles como Massimo Dutti, Bershka o Pull & Bear. Pero además, Rosp tiene otras inversiones, desde inmuebles en EE UU hasta participaciones en otras empresas, entre las que se incluye la cadena Room Mate. Esa participación nació de la buena relación entre Mera y Sarasola, y se mantuvo cuando la empresa pasó a manos de Ortega. Como también siguió en su puesto de director general José Leyte, quien había sido muchos años la mano derecha de Mera.

La relación, sin embargo, se rompió abruptamente a finales de 2020. Leyte fue despedido, lo que motivó querellas cruzadas. En el trasfondo del asunto se encontraba la mala marcha financiera de Room Mate. Ortega acusaba al antiguo gestor de abusar de su firma para favorecer los negocios de Sarasola contra una orden expresa que le había dado en 2014. El auto, sin embargo, señala que dos de esas cartas dirigidas a Bankinter fueron firmadas en 2014 y 2016 por la propia empresaria. Esta, durante su interrogatorio, alegó que se trataba de prorrogar garantías ya existentes y no de avalar nuevos préstamos, pero la jueza aprecia que “las explicaciones ofrecidas al respecto se muestran vagas”.

Además, la jueza desestima que Leyte tratara de ocultar las cartas a Ortega. “Las comfort letters [el término inglés con que se conocen esas cartas de patrocinio en el argot financiero] que avalaban las financiaciones bancarias de Room Mate circulaban por las oficinas de Rosp con conocimiento de los empleados de la misma”, afirma el auto.

Pero los problemas por la relación entre Rops Corunna y Room Mate no se han limitado a la disputa judicial entre la primogénita de los fundadores de Zara y su antiguo hombre de confianza. Cuatro bancos (Deustche Bank, Abanca, Bankinter y Société Générale) que concedieron financiación a la cadena hotelera intentaron entrar en la causa contra Ortega por garantizar con su firma préstamos que la cadena hotelera no devolvió. Según las entidades, les había supuesto un perjuicio de 150 millones de euros y por ello pedían que se investigase si había incurrido en estafa o estafa procesal. La Audiencia Provincial de A Coruña, sin embargo, no admitió a trámite esa denuncia, alegando que Ortega era la acusación y que investigarla provocaría gran “dilación del proceso”. El auto no permitía recurso, pero abría la puerta a que las entidades iniciaran otro procedimiento posterior si lo consideraban oportuno.