España es uno de los tres países europeos de la OCDE con un impuesto al patrimonio total

España está en el grupo de países con menor presión fiscal de la zona euro, pero esa posición no es incompatible con una realidad de la que se ha hecho eco este martes el think tank estadounidense Tax Foundation: es uno de los tres países europeos de la OCDE, junto a Noruega y Suiza, que todavía cobran impuestos sobre el patrimonio neto.

En el caso de España, explica que es un impuesto progresivo que oscila desde el 0,2% al 3,75% para aquellos con un patrimonio superior a 700.000 euros, si bien matiza que hay diferencias entre las comunidades autónomas, y cita el caso de la Comunidad de Madrid, donde está bonificado al 100%, por lo que ningún contribuyente lo paga. La obligación de abonar el tributo incluye a los no residentes con activos en España. En 2019, España recaudó con este impuesto 1.219 millones, y Madrid dejó de ingresar 989 millones.

En Noruega, el umbral desde el que se aplica es más bajo y tiene más tradición: el impuesto, en vigor desde 1892, es del 0,95% para los patrimonios que superen los 1,7 millones de coronas noruegas (180.000 euros), y de su recaudación, el 0,7% va a las corporaciones locales y el 0,25% al Gobierno central. Aquellos que sumen más de 20 millones de coronas (2,1 millones de euros) se rascan más el bolsillo proporcionalmente: pagan una tasa del 1,1%.

Por último, en Suiza, el tributo lleva existiendo también largo tiempo, desde 1840. Y como sucede en España, varía mucho de un cantón a otro, aunque la fundación no concreta los tipos que se pagan. El impuesto incluye los activos en todo el mundo (excepto los inmuebles y los negocios ubicados en el extranjero).

Como apunta la entidad, hay otros tres Estados en el continente que mantienen algún tipo de tasa sobre la riqueza, pero solo abarca una parte de ella: Francia mantiene un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario que supere los 1,3 millones de euros, que paga hasta un máximo del 1,5%, pero el actual presidente, Emmanuel Macron, abolió en 2018 el llamado impuesto sobre la fortuna, que gravaba todo el patrimonio que superara esa cantidad, y no solo las propiedades inmobiliarias, lo que le granjeó críticas de sindicalistas y parte de la oposición por beneficiar a los más privilegiados. Los llamados chalecos amarillos, que protestaron en las calles francesas durante meses por la fiscalidad del combustible, estuvieron entre los que exigieron sin éxito su restablecimiento.

Junto a Francia, Italia y Bélgica también cobran algún tipo de impuesto a la riqueza. La primera grava al 0,2% los activos financieros en el extranjero sin intermediarios italianos, y al 0,76% las propiedades inmobiliarias fuera de sus fronteras. Mientras que Bélgica introdujo en 2021 un impuesto de solidaridad o impuesto sobre las cuentas de valores (TSA) del 0,15% sobre aquellas que alcanzan o superan el millón de euros dentro del país o en el extranjero.

Debate sobre su reforma

En España, el impuesto sobre el patrimonio está cedido a las comunidades autónomas, que tienen las competencias para aplicar deducciones o bonificaciones, y es obligatorio declararlo cuando un contribuyente posee bienes —como inmuebles, acciones o seguros, excluida la vivienda habitual hasta cierto tope— por valor superior a los 700.000 euros.

Su modificación es actualmente objeto de discusión. Aparece recogida en el informe publicado por el comité de expertos para la reforma fiscal, que presentó en marzo sus conclusiones tras 10 meses de trabajo. Dicho grupo propone fijar en el millón de euros la cuantía del mínimo exento estatal, manteniendo las exenciones del patrimonio empresarial y profesional y de la vivienda habitual, aunque sometiéndolas a evaluación. Recomienda que la tarifa sea progresiva y vaya del 0,5% a un máximo que se sitúe en el entorno del 1%.

La Comunidad de Madrid no recauda nada por ese impuesto, al ser la única que lo tiene bonificado al 100%. Y desde el principio se ha opuesto a una eventual “armonización al alza” de los tributos cedidos. Si el Gobierno decidiera acatar la propuesta del comité, que no es vinculante, Madrid se vería abocada a empezar a cobrar el impuesto.