Faltan estadísticas en vivienda
La futura ley puede mejorar sustancialmente si incorpora las observaciones más constructivas
El anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda trata de dar cumplimiento al mandato constitucional de 1978: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Es un precepto explícito para intervenir en un mercado que ha sido excesivamente deficiente. La intervención pública en este campo es la norma en los países democráticos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de gasto social que incluye 150.000 millones de dólares para vivienda.
La pandemia ha evidenciado que el acceso a la vivienda es el gran déficit de nuestro Estado de bienestar. Hay datos inquietantes. Los retrasos en los pagos relacionados con la vivienda afectaron al 13,5% de los hogares en 2020, el doble que el año anterior, según el INE. En el segundo trimestre del presente año, las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 253% respecto al mismo periodo del año pasado. Decenas de miles de familias viven angustiadas por temor al desahucio cuando finalice la actual moratoria.
Las propuestas contenidas en la iniciativa legal, como el impulso de la vivienda protegida de alquiler para las familias sin recursos, el fomento de la rehabilitación o la creación de un seguro de impago del alquiler para los jóvenes, han despertado muchas expectativas. Pero también han abierto un intenso debate entre quienes las consideran insuficientes y los que las rechazan por excesivo intervencionismo.
Alejandro Inurrieta, economista y profesor de Estructura Económica en la UNED, publica un bien documentado libro, Vivienda: la revolución más urgente (Alternativas Económicas) que ofrece un nuevo enfoque que puede ser muy valioso para profundizar en esta vieja problemática.
El autor subraya el serio problema de la falta de estadísticas de referencia con que cuentan los gestores públicos y privados para tomar sus decisiones en materia de vivienda. Un déficit que considera grave en la vivienda de alquiler. “Un ejemplo palmario”, señala, “ha sido el uso sistemático, hasta hace poco, de la información de tasadores y portales inmobiliarios como fuente fundamental para la elaboración de índices precios”. Por ello estima urgente ampliar el conocimiento estadístico mediante encuestas más frecuentes y la utilización de los registros de Hacienda, comunidades autónomas, catastro e INE para “construir una base de datos actualizada y fiable sobre demanda, oferta y precio de viviendas en alquiler y compra”. Más información puede facilitar las soluciones.
Inurrieta aboga también por un nuevo modelo fiscal, en línea con los países europeos, que concreta en un impuesto sobre el suelo que llegase al 3%, sobre el 80% de su valor comercial, que permitiría una recaudación de casi 100.000 millones de euros.
El debate legal está abierto a la participación ciudadana. La asociación de consumidores Asufín considera, en sus observaciones, que son “insuficientes las medidas encaminadas a la rehabilitación”, dada su importancia para el ahorro energético y la movilización de viviendas en mal estado. La ley puede mejorar sustancialmente si incorpora las observaciones más constructivas.
