El SEPE recibirá casi 4.000 millones menos que en las cuentas de 2021

Al compás de la recuperación y una vez que el impacto de la pandemia ha rebajado su intensidad, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 que han sido anunciados y detallados (parcialmente) este jueves descubren cómo algunas partidas se han rebajado considerablemente en comparación con el reparto de 2021. Es el caso de la asignación que se contempla para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se verá rebajada en cerca de 4.000 millones respecto a la de hace un año.

Según consta en las diapositivas que ha dado a conocer el Gobierno, el organismo que gestiona las políticas de empleo y las prestaciones por desempleo será dotado con 672 millones de euros frente a los 4.467 que recibió en 2021; lo que supone una reducción del 85%. Fuentes de Trabajo justifican este recorte por la disminución de la carga de trabajo que ha experimentado el SEPE en el tramo final del año pasado, debido, fundamentalmente, al descenso en el cómputo de empleados en ERTE, que según los datos de septiembre descendió hasta las 239.230 personas, su cifra más baja desde la irrupción del coronavirus. Esto, por tanto, reduce el número de prestaciones a pagar, de ahí la rebaja presupuestaria.

“Con el descenso en el número de personas en desempleo ―3.257.802 en septiembre― y en ERTE se reduce el gasto en prestaciones. La intensa recuperación del empleo permite, además, equilibrar rápidamente las prestaciones con las cotizaciones”, detallan fuentes de Trabajo. “Es la demostración del éxito en la gestión de la crisis”, recalcan.

Lejos quedan los más de tres millones y medio de trabajadores acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo que se registraron en abril de 2020, el mes más duro de la pandemia para el empleo. Gestionar (y sufragar) todas esas prestaciones y sumarlas a las que regularmente se tramitan en un ente en el que trabajan, según estimaciones de los sindicatos, poco más de 6.600 personas, supuso una avalancha que provocó un atasco burocrático sin igual en la Administración pública.

Desde entonces, y gracias a la progresiva desaparición de las restricciones sanitarias y al éxito en el proceso de vacunación, la actividad se ha ido retomando y miles de trabajadores suspendidos se han ido reincorporando a su puesto de trabajo. Esto ha relajado la actividad en el SEPE ―el antiguo INEM―, que ha acercado su funcionamiento al que llevaba a cabo antes de la pandemia, a pesar de que aún esté operando a un ritmo superior al de entonces.

Nuevos ERTE, nuevas solicitudes

Sin embargo, con la progresiva desaparición de los 1.500 trabajadores que se destinaron como refuerzo tanto los propios trabajadores como sus representantes vienen reclamando un aumento de la plantilla del SEPE que, por el momento, no va a producirse. En una carta conjunta elaborada por CSIF, CC OO y UGT y enviada a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado 28 de septiembre, los tres sindicatos más representativos solicitaron “soluciones inmediatas a la carencia de efectivos”, además de la implementación de recursos tecnológicos que permitieran “una mayor agilidad” para la gestión del trabajo. En esta misiva afeaban también la pérdida de más de 3.400 efectivos que ha sufrido la plantilla del SEPE en los últimos 10 años.

Tras un acuerdo in extremis, Gobierno, sindicatos y patronal acordaron la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. A pesar de que en ese pacto se contempló la extensión durante el mes de octubre del actual marco que los regula, el hecho de que a partir de noviembre los nuevos ERTE vayan a estar vinculados a planes de formación (con los que se aumentan las exoneraciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social) va a obligar a las empresas a volver a presentar nuevas solicitudes. Y esto, denuncian desde el organismo, podría repercutir de nuevo en la operatividad del SEPE.