Los sindicatos denuncian los recortes “grotescos” del personal del SEPE: 635 interinos no han renovado su contrato
La plantilla del organismo encargado de gestionar las prestaciones por desempleo cuenta desde este jueves con un tercio menos de trabajadores y sus representantes solicitan una reunión para evitar nuevas salidas
CC OO, UGT y CSIF, los sindicatos más representativos del sector público, han trasladado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su preocupación por la delicada situación en la que se encuentra el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) tras haber perdido este jueves a 635 de los funcionarios interinos que entraron como refuerzo para afrontar el incremento de la carga de trabajo derivada del coronavirus. Por medio de una carta, los representantes sindicales aseguran que actualmente la presión sobre el organismo “casi cuadruplica la existente en este mismo mes del año 2019″, y no entienden que se recorte el número de efectivos cuando el pico de actividad que ha generado la pandemia todavía no ha cesado.
La decisión de prescindir de una parte de los refuerzos fue tomada en conjunto por la Dirección General de Costes de Personal, dependiente del Ministerio de Hacienda, y por la Dirección General de Función Pública. Desde el departamento que dirige Miquel Iceta reconocen estas salidas ―aunque las rebajan a 500―, y aseguran que los 1.000 trabajadores restantes permanecerán como mínimo hasta el 30 de septiembre. “Después ya se verá”, reconocen. En Hacienda van más allá, y señalan que las 635 plazas que han quedado vacantes en junio “por haber expirado el contrato de los interinos” se cubrirán “más adelante”, y que “en ningún caso se producirá una merma del número de efectivos”. Aunque no tengan competencia en materia de gestión del personal, desde el Ministerio de Trabajo no comparten los recortes, y consideran necesario cuidar a un organismo “clave en el Estado del Bienestar”.
A estos 635 interinos a los que les terminó el contrato el pasado 30 de junio, se sumarán, según denuncian los sindicatos, 1.000 más en los próximos cinco meses (500 en septiembre y 500 en diciembre), por lo que para el comienzo de 2022 los refuerzos se habrán evaporado. Con estas cifras denuncian que los recortes supondrán una merma del 19% de la plantilla global del SEPE y casi el 28% “si la referenciamos a los efectivos en la red de Oficinas de Prestaciones, quienes prestan atención presencial a los usuarios de este Servicio Público”, indican.
La falta de manos en el SEPE resulta manifiesta para los sindicatos, quienes denuncian, además, que en una situación tan excepcional como la que ha provocado una pandemia todavía vigente, el organismo encargado de la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ―entre otras prestaciones― contará en julio con tan solo 7.065 efectivos, frente a los 7.970 de los que disponía hace un año. “El resultado entra dentro de claves grotescas, incluso cómicas si no fuera por las consecuencias que supone tal decisión”, aseguran, en referencia a la resolución acordada por los dos organismos. Dentro del texto califican como “titánico” el esfuerzo realizado por los trabajadores públicos “para responder al mayor reto administrativo al que se ha enfrentado la Administración de este país en todo el periodo democrático”.
Reunión urgente
Con esta reducción de plantilla, los sindicatos pronostican una demora sobre los tiempos de reconocimiento de derechos económicos de la población desempleada y desmienten que el recorte vaya a aliviar las cuentas generales, ya que “las dificultades e imperfecciones en la gestión que provocará este recorte de plantilla superarán con creces lo que se pretende ahorrar”. La carta concluye solicitando una reunión “de forma urgente” con la ministra. Consultados acerca de si han recibido respuesta por parte de Hacienda, desde CSIF aseguran que “todavía no”.
A las complicaciones derivadas del aumento del trabajo en los últimos 14 meses se han sumado también otro tipo de incidencias. El pasado 9 de marzo, el sistema informático del SEPE fue víctima de un ciberataque que inutilizó gran parte de sus equipos e impidió el acceso a la web y la sede electrónica del organismo. El virus que provocó la infección, de tipología ransomware (que causa un secuestro exprés de datos y pide un rescate por ellos) provocó que el trabajo se detuviera en las 710 oficinas del SEPE que prestan servicio presencial y en las 52 telemáticas, según denunció CSIF. El asalto afectó tanto a los ordenadores de los puestos de trabajo como a los portátiles de la plantilla que se encontraba teletrabajando. Según confirman fuentes del Ministerio de Trabajo, todos los ordenadores están desde hace tiempo operativos y el servicio se presta con normalidad.
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