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La odisea de cobrar la pensión en Los Balbases

Los problemas de acceso al efectivo afectan al 3% de los españoles, que no disponen de un cajero a menos de cinco kilómetros

Juan Navarro
Tres vecinos de Los Balbases (Burgos), el pasado 9 de agosto en un bar de la localidad.
Tres vecinos de Los Balbases (Burgos), el pasado 9 de agosto en un bar de la localidad.Ricardo Ordóñez

En Los Balbases (Burgos) solo queda un tipo de bancos: los que sirven para sentarse. Los asientos de piedra compiten contra los clásicos de chapa, verdes en el imaginario colectivo, desgastados o bien por inviernos duros o por su popularidad en verano. La nutrida presencia de estos bancos contrasta con la ausencia de cajeros en este pueblo de 300 habitantes, que en otros tiempos gloriosos llegó a tener hasta tres entidades que servían a una población mayoritariamente agrícola. Ahora, los usuarios han de desplazarse a Pampliega o Castrojeriz, a unos 10 kilómetros, si quieren dinero en efectivo. La otra opción consiste en aguardar la visita semanal de un vehículo bancario que hace las veces de cajero, todo un agravio en comparación con épocas anteriores. “Están echando a la gente de los pueblos”, protesta el vigoroso Francisco de la Cruz, que a sus 67 años carga con material para hacer chapuzas en su casa.

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El Banco de España acaba de alertar de que 1,3 millones de ciudadanos, el equivalente al 3% de la población, “pueden considerarse vulnerables” por no tener acceso a dinero en metálico en menos de cinco kilómetros. Desde la crisis financiera de 2008, los bancos han cerrado casi la mitad de sus sucursales, hasta quedarse a finales del año pasado con 22.299 oficinas, según datos del supervisor. El número de cajeros rozaba entonces los 49.500. Estas cifras arrojan 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 españoles. El problema es que esta media oculta una gran disparidad entre la ciudad y el campo, con las provincias de León, Salamanca y Zamora como las más desfavorecidas.

El debate se acalora en Los Balbases frente al antiguo teleclub El Fary, llamado así en honor al cocinero de un centro religioso cercano con el mismo apodo que el cantante. De la Cruz denuncia la “injusticia” de necesitar el coche para tener billetes en el bolsillo. Y eso suponiendo que los mayores puedan aún conducir y no precisen ayuda de familiares. David Bermejo, también de 67 años, asegura que ni un sobrino suyo que trabaja en una sucursal logra justificar el abandono que sufren en el campo. Para él, este panorama invita a la gente a “sacar su dinero y guardarlo en casa”, una práctica que les ahorra trasiego, pero invita a desgracias.

Ambos señalan que otro de los perjuicios de viajar para sacar dinero pasa por los “listos” que pueden observar desplazamientos cotidianos, con grandes sumas en el bolsillo, con el consiguiente riesgo de robos. Varios testimonios de localidades pequeñas de Castilla y León, que piden anonimato, coinciden en esa idea: almacenan dinero en casa, pero jamás darán detalle. Por si acaso.

En la CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorro, admiten que el éxodo demográfico hacia la ciudad conlleva que los clientes desaparezcan y las sucursales se cierren. “Como probablemente lo hayan hecho antes las farmacias, las escuelas o los colmados”, asegura un portavoz. Esta asociación, en cambio, destaca un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación Areces que apuntaba que el 97% de la población tiene una sucursal bancaria en su municipio. “Es una buena tasa de cobertura”, aseguran en la CECA.

El economista palentino Julio López tiene una visión más pesimista. Este docente en la Universidad de Valladolid cree que la escasez de entidades provoca exclusión financiera, “sufrida especialmente por los ancianos, muchos sin carné de conducir y sin forma de acceder al efectivo por sí mismos”. López achaca esta tendencia a la aplicación de “criterios de rentabilidad económica por encima de la rentabilidad social”. Admite que las cajas o bancos son entidades privadas con afán de rentabilidad. Por eso insiste en que son los poderes públicos los que deberían intervenir. Una de las quejas de la plataforma Teruel Existe, que canaliza múltiples peticiones de zonas despobladas, pasa por reclamar “cajeros multientidad” para esos pequeños núcleos.

Esta progresiva migración de las sucursales rurales, explica Santiago Carbó, de Funcas, va acompañada del intento de “digitalización financiera” para “introducir la banca móvil”. Esta modernización debería acompañarse con “garantías personales” para que estos servicios lleguen a los lugares con oficinas abandonadas como las de esta localidad burgalesa.

Las “oficinas móviles”, aceptan Ángel García, de 81 años, y su hijo Javier, de 42, rebajan algunos problemas, pero siguen sin solucionarlos del todo. El joven García vive en Burgos y cuando hace las maletas rumbo a su residencia veraniega no olvida coger una buena cantidad de dinero en metálico. Su padre rehúye las tarjetas y del acceso electrónico al dinero que siempre ha manejado físicamente. Por eso ambos lamentan también la reducción de horarios y de personal en las sucursales aún operativas.

Un grupo de adolescentes que durante el curso escolar viven en Madrid, Barcelona y Bilbao comentan entre risas que en este pueblo “cotiza tener monedero”. Si no fuese por alguna monedilla o billete que rascan de los abuelos rumbosos, no habría manera de comprar nada, porque el servicio de pago a través del móvil Bizum apenas se utiliza en la localidad.

María Jesús Bermejo, responsable de la tienda que vende de todo un poco, cuenta que la pandemia ha impulsado algo los pagos electrónicos, aunque los mayores son todavía reticentes. Que la gente no pueda sacar dinero cuando le apetezca, solo adaptándose a los “vehículos bancarios” o acudiendo a otro municipio, afirma, supone la creación de “pequeñas cuentas” que se cancelan semanalmente, cuando ya hay liquidez en la cartera. Ella misma, se resigna, ejerce como “banco” cuando aparece en el pueblo alguna furgoneta de venta ambulante y sus vecinos no tienen efectivo, así que le hacen un pago ficticio con la tarjeta y ella les da a cambio el efectivo.

El economista Julio López recurre a su suegra, una anciana que vive en un pequeño pueblo palentino, para ilustrar otros problemas. Para ella, la supresión del consultorio médico es más importante que no disponer de bancos próximos. “La exclusión financiera es tan solo una más en el medio rural”, lamenta. Entre ellas, la falta de cobertura móvil o de red de internet, que también se nota en el ultramarinos burgalés.

La dueña suele fiar el pago a los olvidadizos habituales del local, pero la cosa cambia en vacaciones. Los jóvenes veraneantes le solicitan pagar con el móvil, pero la falta de cobertura hace que tengan que salirse del pueblo para hacer el Bizum en una zona con mejor cobertura. Los chavales se dan cuenta allí de cómo hasta para pagar unos helados, unos refrescos o unas pipas quedan todavía grandes diferencias entre los pueblos y las ciudades.

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Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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