Teresa Ribera considera poco “realista” lograr rebajas a corto plazo en la factura de la luz con el gas y el CO₂ disparados
La ministra para la Transición Ecológica dice que el Gobierno trabaja en fórmulas para abaratar la tarifa regulada y responde a Podemos que este problema no se resuelve “con una movilización en la calle”
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que el Gobierno “está haciendo y busca cómo seguir haciendo” que baje la factura de la luz. No obstante, la vicepresidenta tercera ha añadido que la culpa de los altos precios en el mercado mayorista de la electricidad, que ha marcado cuatro máximos históricos consecutivos esta semana, es de los altos importes del gas y los derechos de emisiones de dióxido de carbono, dos factores sobre los que España no puede influir. “Podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas en el mercado europeo y podemos intentar convencer a la Comisión Europea de que introduzca una medida intervencionista en los mercados de CO₂, pero eso no es realista”, ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser.
Para luchar contra este mercado en máximos históricos, Ribera ha abierto la puerta a reformar la tarifa regulada de la luz (PVPC) para reducir su dependencia del mercado mayorista. La ministra también ha respondido a las convocatorias de movilizaciones en la calle que ha hecho su socio de Gobierno, Unidas Podemos. “Movilizarse contra la subida de la luz es como movilizarse contra la subida del petróleo, esto no se resuelve con una movilización en la calle”, ha señalado la ministra, quien ha agregado que “el desafío es encontrar soluciones”. Este miércoles, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que su partido actuaría en el Gobierno, en el Parlamento y en la calle para frenar la subida de la luz.
La vicepresidenta tercera ha dicho que los precios del mercado mayorista no tienen gran impacto en los consumidores domésticos. Y ha lamentado el rechazo de la Comisión Europea a reformar el sistema de fijación de precios en los mercados mayoristas europeos, según el cual todas las tecnologías se retribuyen al mismo precio que la última en entrar para cubrir la demanda y que, generalmente, se corresponde con la más cara. La vicepresidenta cree que este sistema no se corresponde con los tiempos actuales y no es razonable porque impide que los consumidores se beneficien ya del menor coste de las energías renovables y que dejen de seguir pagando la energía al precio de la más cara, el gas.
Sobre los factores que impulsan al alza los precios mayoristas, la ministra ha asegurado que son completamente ajenos a lo que el Gobierno puede hacer. En parte se deben al mercado internacional del gas, que ha disparado sus precios, lo que hace que la electricidad que generan las centrales de ciclo combinado sean más caras, y en parte a un modelo de subasta que es similar en toda Europa. “Las instituciones europeas no quieren cambiar este modelo porque consideran que es eficiente”, ha afirmado.
Lo que estos días se encuentra en precios máximos es el precio mayorista de la luz, el que se paga a las compañías que generan electricidad. Ese importe tiene repercusión en hasta un tercio de la factura de quienes están acogidos a la tarifa regulada (el precio voluntario para el pequeño consumidor o PVPC), que es la parte que depende del consumo y está indexada a los precios mayoristas. Estos son unos 10 millones de clientes, mientras que para otros 17 millones acogidos al mercado libre, lo que pagan depende del precio que hayan pactado con la operadora. No obstante, según señalan las asociaciones de consumidores, las ofertas que estos reciban de las compañías a la larga también se verán influidas por el mercado mayorista. La mayor parte de la factura eléctrica, no obstante, responde a otros costes e impuestos que se pagan.
Incidiendo en esa parte, la vicepresidenta tercera ha defendido las medidas que ya ha adoptado el Gobierno para rebajar la factura, como la reducción temporal del IVA del 21% al 10% y la supresión, también temporal, del impuesto del 7% a la generación de electricidad. Ribera ha señalado que el Gobierno está viendo si hay otros conceptos que repercuten en lo que pagan los consumidores y que se puedan modificar.
Ribera también se ha referido a la controversia generada por el anuncio de ampliación del aeropuerto de El Prat en Barcelona, un asunto que también ha provocado fricciones entre los dos socios de Gobierno. “Mi responsabilidad en este campo es velar para que el proyecto cumpla con todas las garantías ambientales”, ha dicho la ministra. “Es significativo que nadie hasta ahora haya dicho nada que ponga en duda que esto no vaya a ser así”, ha afirmado, para añadir que “si [el proyecto] no cumple con todas las garantías ambientales, no saldrá adelante”.
