El plan de recuperación alcanzará para la mitad de inversión prevista en rehabilitación hasta 2030
Bruselas avisa de que “seguirá siendo necesaria financiación pública adicional” cuando se retire el estímulo europeo
La Comisión Europea estima que la componente 2 del plan de recuperación español, dedicada a rehabilitación energética y regeneración urbana, “representa una parte importante del apoyo público previsto en el PNEC”, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que guía las actuaciones de España en la materia hasta 2030. Sin embargo, Bruselas avisa de que, una vez pasado el estímulo económico por el coronavirus, “seguirá siendo necesaria financiación pública adicional” y también actuaciones encaminadas a “atraer inversiones privadas” en la rehabilitación.
El examen favorable del ejecutivo europeo al plan español se basa precisamente en que este es coherente con los objetivos a los que España se ha comprometido con Europa y que, ya antes de la pandemia, venían recogidos en el PNEC. La inyección millonaria de la Unión Europea ha servido para arrancar el camino con una potencia de fuego impensable hace año y medio, pero aun así alejada de los objetivos de 2030. De hecho, el PNEC contempla una inversión total, entre pública y privada, de 22.431 millones de euros en las actuaciones sobre el sector residencial. La estimación del Gobierno español es que el plan de recuperación movilice aproximadamente la mitad: una inversión de 11.367 millones para la componente 2, donde además se incluyen algunas partidas que no son exactamente de rehabilitación energética de vivienda.
Quedará por tanto mucho trecho, sobre todo en el sector privado. El dinero procedente de Europa sí cubre una parte importante de la inversión pública prevista. Si a los 6.820 millones de la componente 2 se le restan los planes que no tienen que ver con actuaciones de renovación de viviendas, el resultado son unos 4.300 millones (4.750 si se suman los 450 millones previstos en deducciones fiscales para fomentar la rehabilitación). Hasta 2030, el PNEC prevé una inversión pública, para la que ya se contaba en gran parte con fondos estructurales de la UE, de 5.509 millones de euros. La gran brecha queda por tanto en la parte de financiación que debe proceder de manos privadas.
El Gobierno dice ser consciente de ello. “Lo que queremos es que esto coja velocidad de crucero y es fundamental no solo la coordinación de las administraciones, también que se facilite la toma de decisiones”, señala el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas. Y añade: “Cuando acaben los fondos, se tendrá que revisar la necesidad de recursos públicos para ver cómo mantenemos esa velocidad de crucero”.
En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ven garantizada esa continuidad, en la que es fundamental que cale en los ciudadanos el deseo de rehabilitar viviendas una vez se acaben las generosas subvenciones (van del 40% al 100% del coste de la obra) con que se están diseñando las actuales ayudas. Confían para ello, explica Lucas, no solo en los estímulos fiscales, sino en los casi 300 millones que se destinarán al desarrollo del denominado Libro del edificio existente. Este es una suerte de pasaporte energético en el que se recogerá el estado del inmueble y las actuaciones de mejora que se van haciendo. El dinero de la partida también se puede dedicar a la redacción de proyectos que establezcan el camino a seguir por muchas comunidades de vecinos, aunque la ejecución de los mismos se retrase más allá de 2026.
Hasta ese año, tal como recuerda la evaluación de la Comisión, el plan de recuperación contempla rehabilitar energéticamente 355.000 viviendas. La cifra da idea del trabajo que quedará por hacer, ya que el PNEC habla de 1,2 millones de viviendas hasta 2030, aunque entre 2021 y 2026 solo contemplaba actuaciones en 300.000. Cuando llegue 2027, habrá un margen de 55.000 casas sobre la hoja de ruta prevista, pero quedarán pendientes 845.000 actuaciones en cuatro años. Cualquier tropiezo puede dar al traste con el objetivo, un paso intermedio hacia la descarbonización del continente a mediados de siglo. Para ello, España se ha comprometido a rehabilitar 300.000 viviendas al año entre 2030 y 2050, casi tantas como las que se van a acometer en este sexenio.
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