La Airef calcula que la bajada del IVA de la luz y del impuesto a la generación costará unos 1.000 millones este año
La Autoridad Fiscal reclama al Gobierno “una estrategia fiscal a medio plazo para evitar ser vulnerable a posibles subidas de tipos”
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas, calcula que la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% tendrá un impacto en las arcas públicas de entre 1.100 y 1.300 millones de euros anuales, a los que se añadirían otros 1.000 millones menos al año si se suspende el impuesto a la generación eléctrica. En conjunto, el efecto de las dos medidas en los seis meses que quedan de este año sería de algo menos de 1.000 millones de euros.
Así lo ha avanzado la presidenta del organismo supervisor, Cristina Herrero, durante su intervención en el seminario La economía de la pandemia, organizado por Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, un día después de que el Gobierno anunciara que el próximo jueves aprobará un decreto ley para reducir la carga fiscal que se aplica al suministro de energía eléctrica, como rebajar el tipo del IVA del actual 21% hasta el 10%. “La caída directa de recaudación sería de 1.300 millones, pero podría elevarse el consumo de electricidad por el menor precio, con lo que se quedaría en unos 1.100 millones en un año”, aclaró Herrero.
El Gobierno adoptará estas rebajas fiscales debido al alto precio que ha alcanzado la electricidad en las últimas semanas, lo que está provocando un encarecimiento de la factura de la luz. El precio de la electricidad ronda niveles históricamente altos debido a la fuerte subida de los precios del gas y de los derechos de emisión del CO₂ tras la decisión de Bruselas de adelantar el compromiso de emisiones.
El impacto de la propuesta gubernamental de suspender temporalmente, durante tres meses, el 7% que grava sobre la producción de electricidad, una medida que ya se adoptó en 2018 durante seis meses, sería de 1.000 millones anuales adicionales. Sin embargo, Herrero aclaró: “Entraría como ingreso, pero también es un gasto que va a compensar el déficit tarifario, con lo cual ahí la incidencia en déficit no se produciría”, ha explicado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes en una entrevista en RNE que con estas medidas el recibo se abaratará más de un 10%. La rebaja en el IVA se aplicará a todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio-hora (MWh). Para los consumidores vulnerables severos, la medida se mantendrá hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado. Montero ha añadido que ya se harán “otros ajustes” y habrá posibilidad de equilibrar las cuentas públicas. “Hacemos lo correcto interviniendo”, ha dicho. Y ha agregado que esta decisión se comunicará a Bruselas, recordando la UE que siempre ha tenido a España en el punto de mira por su elevado uso de los tipos reducidos del IVA.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha especificado que la rebaja del IVA supondrá un ahorro de unos seis euros al mes, mientras que la suspensión del impuesto de generación implicará una reducción adicional en la factura de entre el 3% y el 5%. En una entrevista este martes ha insistido en que es necesario abordar una reforma estructural y fiscal de todo el sistema, pero ha subrayado que en este momento era necesario “aliviar de una manera rápida e inmediata ese incremento de la factura de la electricidad”.
Con esta decisión, España se convierte en uno de los países con el tipo de IVA sobre el suministro eléctrico más bajo de Europa, ya que la mayoría aplica el estándar. Solo Irlanda (13,5%), Italia (10%), Luxemburgo (8%), Francia (5,5% en la parte fija) y Portugal (13% en la parte variable) aplican el IVA reducido; Grecia (6%) y Malta (5%) el superreducido. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la reducción del tipo podría ahorrar unos 1.700 millones al año a los consumidores domésticos.
La asociación de consumidores Facua, por su parte, ha lamentado que “el Gobierno perdone a las eléctricas el impuesto a la generación y que solo baje el IVA durante seis meses”. En una nota publicada este martes, pide que, en lugar de suspender el impuesto a la generación, se destinen los excedentes de recaudación a reducir los cargos regulados que se pagan en la factura de la luz. Asimismo, ha reclamado que la aplicación del tipo reducido de IVA sea permanente. También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha considerado “insuficiente” la rebaja del IVA y ha lamentado que sea temporal y condicionada a la evolución de los precios. Considera que las dos medidas “no abordan el problema real” de la escalada de precios en el mercado y calcula que, conjuntamente, supondrán una rebaja para un hogar tipo de 9,5 euros al mes.
El presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Diego Díaz Vega, ha añadido que estas rebajas fiscales suponen un “parche” y que es prioritario cambiar el mecanismo de fijación de los precios de la electricidad. “Mi impresión es que si no cambiamos la regulación del mercado cada vez habrá picos más grandes hacia arriba y hacia abajo”, ha señalado durante un evento.
“No compromete la sostenibilidad”
Aunque la presidenta de la Airef ha reconocido que es “un poco prematuro” evaluar el impacto de esta medida en las cuentas públicas, preguntada por si existe margen para esta pérdida de recaudación, ha recordado que el organismo no se pronuncia sobre las medidas que adopta el Gobierno, sino que le corresponde indicar el impacto que estas tendrán sobre las cuentas públicas.
Además, Herrero ha resaltado que se trata de una medida provisional y que “la temporalidad, en principio, no tiene por qué comprometer la sostenibilidad presupuestaria”. Y ha añadido: “Cuando uno habla de la sostenibilidad de las cuentas públicas, está hablando siempre de una medida a medio plazo y nos preocuparía más la entrada de un gasto de carácter estructural, que es el que siempre decimos que hay que vigilar: una medida de gasto estructural requeriría una medida de compensación”.
Estrategia fiscal
La presidenta de Airef, Cristina Herrero, insistió este martes en la necesidad de diseñar una estrategia fiscal a medio plazo para reconducir la deuda a una posición menos vulnerable. “Si los tipos subieran en un punto, eso supondría elevar el gasto en el pago de la deuda en 15.000 millones de euros, que es un gasto superior al del ingreso mínimo vital, por ejemplo”. Herrero alertó de que, si el BCE dejara de comprar la deuda en el mismo nivel que lo está haciendo ahora, se podrían encarecer las emisiones españolas, “aunque es algo que no está en el horizonte ahora”.
Desde la Airef se reclamó que la estrategia fiscal implique a todas las administraciones públicas, con un horizonte temporal amplio, que detalle los objetivos fiscales y calendarios; se base en previsiones realistas; plantee un horizonte fiscal suficiente para asegurar la sostenibilidad; incluya el detalle del coste de las medidas; incorpore posibles políticas a aplicar ante escenarios contingentes y explicite objetivos sobre la calidad del marco de gobernanza fiscal. También reclamó que las reformas e inversiones contempladas encajen con una planificación fiscal y que así se conozca su impacto en las cuentas públicas. Ha destacado que la única referencia contemplada en el plan de recuperación es que este tendrá un impacto de dos puntos en el PIB y un 0,4% sobre el crecimiento potencial, y una creación de puestos de trabajo estimada en 800.000 empleos. “No hay referencia más concreta”, ha dicho, y ha señalado que la actualización del Programa de Estabilidad contempla unas previsiones “de forma poco precisa”.
La presidenta de la Airef pidió que se fijaran “los grandes hitos para dotar de confianza y seguridad a los grandes agentes económicos” y así “saber cuál es el marco en que se va a fijar su actividad en medio y largo plazo”, con el coste de las medidas y objetivos concretos para la mejora de la calidad de un marco de gobernanza, ante un marco institucional, señaló, “claramente mejorable”.
Por último, señaló que las comunidades autónomas deberán afrontar la devolución de unos 3.000 millones en 2022 por la liquidación negativa de los recursos recibidos por la Administración central en 2020. Herrero detalló que los cálculos del organismo pasan por una liquidación negativa del entorno de unas tres décimas de PIB, aproximadamente. En total, las comunidades enfrentan un agujero de casi dos puntos de PIB, un 1,7%.
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