Julio Ransés Pérez Boga: “En España tenemos un problema con el fraude fiscal”

“En España tenemos un problema con el fraude fiscal”, zanja Julio Ransés Pérez Boga (A Coruña, 53 años), elegido el pasado noviembre presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Después de una jornada llena de compromisos en Madrid, donde ha viajado en contadas ocasiones desde el estallido de la pandemia, se reúne con EL PAÍS y ofrece una visión de 360 grados sobre su profesión y el sistema tributario de España. Considera que es urgente poner en marcha la nueva ley antifraude, pide una reforma del Código Penal para subsanar “las vulnerabilidades que puso de manifiesto el caso del rey emérito” y afirma que la conciencia fiscal de los españoles es aún limitada: “Lo dicen las encuestas y los titulares de los periódicos: hay personas que se van de España exclusivamente para no pagar impuestos”.

―¿Qué opina de la reciente polémica sobre los youtubers que se van a Andorra?

―Alguien que ha nacido y se ha educado en España, se ha hecho rico aquí y decide irse para pagar menos impuestos no quiere mucho a su país.

Cuenta que la vocación por el servicio público marcó su camino. Jefe de inspección de la Delegación Especial de Galicia y con 30 años de carrera a sus espaldas, ya había presidido la asociación de inspectores entre 2012 y 2015. Ese año entró en política con el PSOE como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, cargo que dejó en 2018. “Tuve momentos muy buenos y muy malos, pero volvería a la política porque me encantó la experiencia”.

Afirma que la presión fiscal en España es inferior a la media de la eurozona ―unos siete puntos― por dos factores: la menor renta per cápita y el elevado fraude fiscal. “El fraude está entre el 11% y el 17% del PIB. Es una barbaridad de dinero que se está perdiendo”. Asegura que puede reducirse, aunque no da una cifra objetivo. “En Alemania o Francia no llega a los dos dígitos y son los países con los que nos debemos comparar”, sentencia. Cree que estos niveles tan altos se deben a una razón cultural ―“hasta hace poco la persona que en la barra del bar decía que no pagaba impuestos no era criticada”, ejemplifica― y al gran peso del sector servicios, más difícil de controlar.

Sin embargo, reconoce que uno de los grandes agujeros en la recaudación hoy en día se debe a la elusión en el comercio internacional, sobre todo en los servicios digitales. “Debido a las limitaciones del concepto de establecimiento permanente, que es el que determina la fijación de la residencia fiscal, los servicios electrónicos tributan en el país que decida la multinacional, que suelen elegir Irlanda, Holanda o Luxemburgo, donde apenas tributan. No es fraude, pero es un gran nicho de elusión que tenemos que computar porque son recursos que se van de España”, explica. “Son pocos casos, pero la pérdida de recaudación cuantitativamente es muy importante”.

Considera que a estas dinámicas, que involucran a países de baja tributación que a la vez son socios europeos, solo se les puede poner coto con un cambio en el paradigma actual, redefiniendo el concepto de establecimiento permanente, impulsando la directiva europea para homogeneizar las bases imponibles del impuesto sobre sociedades y acelerando la solución internacional que los Gobiernos llevan años negociando. “Las multinacionales están haciendo un daño importante estableciéndose en territorios europeos como Irlanda, Luxemburgo u Holanda”, lamenta.

Luego está el goteo constante de la economía sumergida, los fraudes en el IVA o en el empleo autónomo. “Se debería eliminar el régimen de módulos para aquellos que facturan a otros empresarios y dejarlo solo para los contribuyentes con poco volumen de operaciones que facturan a consumidores finales, como un bar”, reflexiona.

―¿Echa algo en falta del proyecto de ley contra el fraude que acaba de aprobar el Congreso?

―Estoy convencido de que va a reducir el fraude. Las medidas son buenas, aunque alguna ha faltado. Por ejemplo, potenciar la conciencia fiscal. La famosa expresión ‘con IVA o sin IVA’ sigue siendo actual, y es un problema. También echamos de menos una reforma del Código Penal. El caso del rey emérito puso de manifiesto determinadas vulnerabilidades de la norma. Tampoco se han regulado la posibilidad de hacer actuaciones de incógnito, pagar a confidentes o crear la policía fiscal, que tanto ayudarían a atajar los fraudes fiscales más grandes.

A Hacienda se le ha cuestionado no haber iniciado una investigación al rey emérito. Pérez Boga defiende que los inspectores tenían las manos atadas. “Si hay indicios de delito fiscal debemos abstenernos y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía”, explica. “En el caso del rey emérito la Agencia Tributaria ni tenía datos, porque toda la información viene del extranjero, llegan en sede judicial y la Fiscalía nos pide ayuda. El procedimiento habitual es que nos inhibamos ante la actuación judicial. A lo mejor deberíamos modificar el Código Penal para tener competencias investigadoras complementarias”.

Lo que sí blindará la nueva ley son las inspecciones por sorpresa en los domicilios, pese a que el Supremo haya fallado que es necesaria una notificación previa al contribuyente. ”Siempre se han hecho y no generan problema alguno. Que nadie piense que vamos a pegar una patada en la puerta de su domicilio particular”, defiende Pérez Boga. Asegura que la casi totalidad de las actuaciones se realiza en domicilios de empresas y que en el 90% de los casos no hay oposición del contribuyente.

Aplaude también la prohibición de las amnistías incluida en la norma y apoya la reducción del umbral de un millón a 600.000 euros para ser incluidos en la lista de morosos con Hacienda. “Muchos sin duda pagarán antes de verse ahí retratados”. Se muestra menos satisfecho con el contenido relativo a los paraísos fiscales, por la falta de medidas como la obtención de información sobre clientes de bancos con filiales en esos territorios.

Reforma fiscal

También lamenta que los inspectores no participen en el comité de expertos creado por el Gobierno para la reforma fiscal. Aboga por una revisión integral de los beneficios fiscales, incluidos los tipos reducidos del IVA, apuesta por “incidir en la imposición medioambiental” y sugiere revisar la tributación de la riqueza. “Debemos reformar el impuesto sobre el patrimonio para que grave la riqueza. Ahora tiene escasa capacidad recaudatoria: quedan fuera los patrimonios empresariales y las personas jurídicas”, dice. “Es muy fácil interponer una empresa para no tributar la riqueza”. Asimismo, defiende una armonización de este impuesto ―”sería muy positivo para evitar la competencia fiscal entre comunidades”, explica― y el de sucesiones y donaciones, ambos cedidos a las autonomías: “El contribuyente no entiende por qué por lo mismo uno tiene que pagar tanto y otro nada. Hay que armonizar respetando la autonomía financiera de cada comunidad”.

Pérez Boga habla con pasión de su trabajo, pero reconoce que la oposición para acceder al cuerpo es muy dura y que las cicatrices que dejó la crisis de 2008 aún no se han cerrado. Los recortes dejaron una merma de unos 3.000 efectivos en la plantilla de la Agencia Tributaria, y la congelación de sueldos y limitación de plazas redujeron a mínimos la cantera de opositores. “Afortunadamente, esta situación va cambiando. Todavía no se cubren todas las plazas, pero en este ejercicio ya podríamos llegar”, asegura. Aun así, reconoce que habría que buscar fórmulas para que la oposición sea más atractiva, bien aumentando los sueldos, debido al diferencial que existe con la empresa privada, bien ofreciendo una “carrera administrativa más amplia y variada”.

Considera que las previsiones de volver a la cota de los 28.000 empleados para 2023 contenidas en el plan de recuperación que el Gobierno ha enviado a Bruselas serán difíciles de cumplir por la escasez de opositores preparados en tan elevado número. “Debemos alcanzar los 28.000 empleados, pero sin precipitarse. Lo importante es la calidad de los funcionarios”.