Jesús Gascón: “Cualquier amnistía fiscal es contraproducente”
El director general de la Agencia Tributaria confía en que en esta crisis los ingresos del fisco caigan menos que la economía
Jesús Gascón (Zaragoza, 1961) asumió en 2018 el cargo de director general de la Agencia Tributaria (AEAT), pero lleva años moviéndose en los entresijos de Hacienda. Vivió la Gran Recesión al frente de la Dirección General de Tributos; ahora confía en que el golpe de la pandemia sea temporal y que los ingresos del fisco se derrumben a un ritmo menor que la economía. “Es una apuesta fuerte”, reconoce. En su opinión, la percepción de los ciudadanos sobre los impuestos ha mejorado en los últimos años y no tiene dudas de que el impacto de las amnistías sobre el comportamiento de los contribuyentes “es nefasto”.
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Pregunta. España suele recaudar unos 15.000 millones al año por la lucha contra el fraude. ¿Hay margen para aumentar esa cantidad?
Respuesta. Los resultados directos de control están muy influenciados por resultados extraordinarios, cuando hay expedientes multimillonarios. La estrategia que hemos fijado en el plan estratégico 2020-2023 es mejorar el cumplimiento voluntario, intentar medir cómo evoluciona. Si comparamos los datos fiscales con los económicos tenemos una buena referencia: si la economía crece un 3% y los ingresos fiscales crecen más vamos bien, si crecen menos vamos mal. Puede haber factores exógenos, por ejemplo subidas o bajadas de impuestos, pero la clave está en que nuestros ingresos homogeneizados sigan creciendo más que la actividad económica también ahora que pasamos a recesión. Es una apuesta fuerte, porque quiere decir que la recaudación va a caer menos que la economía.
P. Tradicionalmente ha pasado lo contrario.
R. En la anterior crisis, sin ir más lejos. Pero pensamos que ahora las circunstancias son muy diferentes. Hay una caída de la actividad económica debida a los confinamientos, pensamos que estos factores son transitorios y no tendrían por qué perjudicar el cumplimiento voluntario.
P. España siempre ha sido considerada uno de los países con más volumen de economía sumergida y por tanto más fraude. ¿La Agencia Tributaria se ha planteado formas de medirlo?
R. Decidimos que es mejor comparar la evolución anual de los indicadores fiscales y económicos. No tienes claro cuál es el punto de partida, porque definirlo es muy complicado, pero ves si estás mejorando o empeorando. En el plan estratégico también decimos una cosa que se suele ignorar en el debate: qué parte de la economía sumergida es realmente trasladable a ingresos fiscales. Por ejemplo la actividad ilegal, como el tráfico de drogas, la detectas y desaparece pero no puede generar ingresos. Luego están los mínimos de tributación. ¿Toda la gente que realiza actividad de subsistencia si declarase el IRPF le saldría a pagar? Pues no.
P. ¿Cree ha aumentado la conciencia fiscal de los españoles en los últimos años?
R. Creo que va mejorando. Hace años el hecho de pagar impuestos, o mejor dicho de no pagarlos, era un tema de conversación normal y ahora lo es cada vez menos. Aunque las encuestas ponen de manifiesto que hay una percepción de fraude generalizado, cuando se individualizan las preguntas la gente piensa que el conjunto de los ciudadanos tiene un mejor comportamiento. En este sentido soy optimista.
Luego hay dos factores que están influyendo mucho. Uno es nuestra propia estrategia: ahora damos toda la información en renta a un porcentaje muy grande de contribuyentes. La clave está en que consigamos hacer lo mismo en el ámbito empresarial. Este año hemos empezado con las primeras piedras del borrador de la declaración del IVA, que es todo un hito, y en sociedades por primera vez hemos dado la información. Otra cosa muy importante es el riesgo reputacional, sobre todo para las multinacionales, que antes no existía. Dicho esto tenemos que estar muy alerta. Lo que vemos es una evolución positiva, pero queda mucho trecho de educación cívico-tributaria.
P. ¿Las amnistías fiscales afectan a la conciencia fiscal de los contribuyentes?
R. A nosotros no nos ayuda nada. En el momento en el que existen expectativas de que puede haber un borrón y cuenta nueva, obviamente el incentivo a regularizar desaparece. Cualquiera de las amnistías fiscales que se han aprobado en España y en otros países al final son contraproducentes, porque te pueden proporcionar recursos en un momento determinado, pero en el medio plazo estás cabreando al colectivo general de contribuyentes y a los que tienen dudas sobre si cumplir o no cumplir les generas expectativas. Eso es nefasto. También hay que tener en cuenta que los intercambios de información internacional no son los que eran antes. Creo que hay que apostar por ello y no buscar atajos.
P. ¿Quién defrauda más, las grandes empresas o los pequeños contribuyentes?
R. Es una mezcla de las dos cosas. El problema de los contribuyentes con volúmenes de facturación pequeños es básicamente de ocultación de ventas y gastos inflados. Conforme vas subiendo en la pirámide la actividad económica, estas cosas son menos frecuentes por la sencilla razón de que los sistemas de facturación son mucho más sólidos, tienes socios, unos mercados... gente que lo último que querría escuchar es que tienes una doble contabilidad. En esas empresas hay más opciones de planificación fiscal, que puede ser absolutamente legítima y no plantea ningún problema, o ser una planificación agresiva que entre de lleno en el ámbito de la elusión.
P. La AEAT nunca ha tenido tantos datos de tantas empresas y contribuyentes en la historia. ¿Cómo gestionáis todo ese volumen de información?
R. Ese es otro de los grandes problemas. Tenemos programas para la explotación sistemática de la información y la propia inspección. Luego tenemos focos concretos dirigidos a determinados perfiles. Lo más significativo es el departamento de grandes contribuyentes, con una unidad especializada y herramientas de análisis más sofisticadas. La experiencia demuestra que cuando te encuentras con un patrimonio relevante, si solo miras a la persona física no te enteras ni de la décima parte de la película. Tienes que trabajar con su entorno familiar, trazar su entorno societario. El récord máximo de capas que nos hemos encontrado de sociedades participadas para ocultar el verdadero origen están en 20 empresas. Eso hasta hace poco se hacía de forma artesanal, ahora le damos al botón y te lo saca directamente al sistema.
P. ¿Qué queda por hacer a nivel internacional? ¿Cuáles son las prioridades de la fiscalidad global?
R. Hay que incorporar a cada vez a más países y mejorar la calidad de información. Hay países que no tienen ni cultura ni estructura para trabajar este tipo de cosas, pero la hoja de ruta más o menos se está cumpliendo. Lo que está a medio construir es todo el tema digital, el pilar 1 y 2 [del proyecto BEPS de la OCDE, que busca un consenso para gravar a los negocios digitales y fijar un tipo mínimo de sociedades a nivel global]. Este es el gran reto en este momento. Pero ojo, aunque esté todo eso luego hay otro reto, que es cómo se gestiona el nuevo esquema.
P. En España se está tramitando el impuesto digital. ¿Hace falta construir una estructura para gestionarlo?
R. No hay precedentes internacionales, lo más parecido que tenemos es el control del impuesto sobre el juego online. Luego, el impuesto tiene tres hechos imponibles muy diferentes: el de la publicidad es más tangible, pero el de la venta de datos es más complicado, es un tema de IP y te obliga a utilizar otra fórmula de control. Es un impuesto complicado. Desde luego es un reto.
P. ¿Cómo afecta la limitación del dinero en efectivo en el fraude?
R. Lo que pasa es que no hay acuerdo en Europa, porque Alemania se opone. Los países nórdicos se puede decir que han erradicado el efectivo, pero sigue habiendo resistencia en algunos países por temas de la privacidad... Nosotros bajamos el límite de 2.500 a 1.000 porque sí tiene efecto limitarlo, y a favor nuestro juega el cambio de mentalidad social. No hay nadie menor de 25 años que pague algo con dinero, y con la pandemia todavía más.
