Debemos proteger a las personas trabajadoras esenciales en la UE

La crisis sanitaria que aún hoy vivimos ha tenido un impacto importante sobre el trabajo y el empleo. Nuestros gobiernos han aprobado medidas históricas para la protección del empleo que han contribuido de forma relevante a que las vulnerabilidades anteriores a la actual crisis no se hayan exacerbado de forma exponencial.

Consideramos que, en un momento de esperanza como el que supone el avance de los planes de vacunación en los países de la Unión Europea, es imprescindible tener en cuenta que las medidas de recuperación no deben volver a caer en el error de fomentar el empleo por medio de contratos precarios y de condiciones de trabajo de mala calidad.

Los gobiernos deben anticiparse e impulsar a través de todas las herramientas a su alcance la estabilidad en el empleo y la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras que sufran los rigores de la caída de la actividad productiva en nuestros países.

De forma específica, nuestros países deben poner el acento en adoptar las medidas adecuadas para proteger particularmente a las personas trabajadoras esenciales que han estado más expuestas a los riesgos originados por la covid-19.

Las transformaciones que ya se estaban produciendo de facto en nuestras economías y en el ámbito laboral se han acelerado en el último año. Es fundamental que el derecho del trabajo siga desempeñando su función protectora para que estas tecnologías sean humanas y respeten la intimidad de las personas y sus derechos esenciales, como el derecho a la salud.

Los equipos de ambos ministerios continúan desarrollando una importante colaboración, prestando especial atención a las personas trabajadoras en plataformas para favorecer el establecimiento de sus derechos en materia de salarios, seguridad y salud laboral, tiempo de trabajo y acceso a la protección social.

Tanto en España como en Italia los tribunales de justicia han reconocido el carácter laboral de las personas transportistas de plataformas. Se trata de sentencias cuyos presupuestos han sido compartidos por tribunales de otros países europeos, que han venido a constatar que la dependencia y la subordinación laboral pueden tener múltiples manifestaciones, incluidas las algorítmicas.

Prueba de ello es el reciente acuerdo al que se ha llegado en el marco del diálogo social en España, que contempla la próxima incorporación a la legislación española de la condición de laboralidad para las personas trabajadoras en plataformas de reparto, con todos los derechos y protección social. Incorporando a su vez la obligación de informar sobre los parámetros, reglas e instrucciones que inciden en la relación laboral no solo de las personas dedicadas al reparto, sino en todos los puestos de trabajo vinculados a gestión algorítmica.

Del mismo modo, en Italia y también en el marco del diálogo social se ha suscrito recientemente un protocolo entre las principales centrales sindicales y la asociación de la industria italiana de reparto para poner fin a dinámicas de desprotección de los derechos fundamentales en el sector. Además, Italia ensaya por primera vez un acuerdo en el ámbito empresarial entre una plataforma de reparto y sindicatos que adapta el modelo organizativo de una de las principales plataformas de entrega de alimentos a la disciplina normativa y obligatoria de negociación colectiva en el sector logístico.

Por ello, acogemos con entusiasmo que la Comisión Europea haya comenzado a negociar con patronal y sindicatos una regulación europea sobre los derechos laborales y de protección social para todo tipo de plataformas y que ponga la transparencia del algoritmo como condición para garantizar un tratamiento equitativo de las personas trabajadoras. Tanto Italia como España participaremos de forma activa en este debate.

Después de la pandemia solo cabe imaginar una Europa comprometida con las personas y con trabajos dignos que tengan la capacidad de combatir desigualdades preexistentes y nuevas, una Europa que promueva el empleo de calidad y la protección social para todos y que no deje a nadie atrás, en línea con el pilar europeo de derechos sociales. Es preciso actuar situando el trabajo en el centro de las políticas de recuperación. Desde los gobiernos, las instituciones y los interlocutores sociales, con plena responsabilidad social, presente y futura, porque del camino que tomemos no habrá vuelta atrás.

Yolanda Díaz es la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social de España y Andrea Orlando es el ministro de Trabajo y Política Social de Italia.