Los auditores proponen sumarse al control de las ayudas del fondo de recuperación
El ICJCE cree que los auditores de las empresas son los “mejor situados” para supervisar las ayudas públicas
La patronal de auditores de cuentas ha pedido este jueves al Ejecutivo central y al Gobierno de la Comunidad de Madrid una mayor colaboración público-privada para asegurar que el fondo europeo de recuperación contra la pandemia se ejecuta con todas las garantías. Los representantes del sector han propuesto que los auditores de las empresas trabajen mano a mano con la Intervención General de la Administración del Estado y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, como están haciendo otros socios europeos como Francia, en la supervisión de esas ayudas públicas.
El presidente de la división madrileña del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Víctor Alió, ha propuesto centrar esas medidas de supervisión en los controles a posteriori, es decir, una vez concedidas las ayudas al sector privado. “Evidentemente, los mejores situados para hacer estos controles son los auditores de las empresas. Es importante que se apueste ya por estas medidas y por el auditor como el garante del buen uso de estos fondos públicos”.
El sector escuda esta colaboración público-privada en un informe publicado la semana pasada por el Tribunal de Cuentas Europeo en el que se detectaron “demasiados errores” en la gestión del Presupuesto comunitario de 2019, con un nivel de irregularidades del 2,9% en la cuenta de gastos. “Habrá que gestionar bien los fondos de la UE destinados a paliar los efectos de la crisis del coronavirus. El informe asegura que la Comisión Europea y los Estados Miembros tienen una enorme responsabilidad en la gestión correcta y eficaz de las finanzas de la UE”, ha añadido Víctor Alió.
El Ministerio de Economía también estudia, a petición de la patronal, una suspensión temporal de los límites que obligan a las empresas a examinar sus cuentas para que no se tengan en consideración los cierres de los ejercicios producidos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2022.
Según la normativa, las empresas con ingresos inferiores a 5,7 millones de euros, entre otras condiciones, no necesitan contratar un servicio de auditoría. Pero el ICJCE defiende que la crisis económica provocada por la pandemia conllevará que empresas que antes superaban esa cifra de negocio y rendían cuentas, dejen de hacerlo porque verán sus ingresos reducidos por debajo de ese umbral. “Un golpe difícil de asumir para la confianza en la información sobre la que se asienta hoy la solvencia del sistema financiero español”, ha dicho Víctor Alió.
Los representantes del sector también advierten del palo que supondría para el negocio de la auditoría una disminución de sus clientes. “En el peor momento de la pasada crisis, el número de informes cayó en más de 10.000 trabajos. Si se repite esta caída, nos enfrentaremos a una reducción del mercado de cerca de un 15%, lo que conllevará el cierre de cientos de firmas, sobre todo de pequeños y medianos despachos”, ha asegurado Ferrán Rodríguez, presidente ICJCE.
