El FMI reclama a España aumentar su parque de alquiler social

“La crisis del coronavirus podría empeorar los problemas de asequibilidad de los alquileres, especialmente para los grupos vulnerables”. Ese es el diagnóstico que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realiza en su último informe sobre España, que dedica un capítulo a analizar la cuestión. El texto, publicado este viernes y firmado por el economista Jorge Salas, realiza asimismo una serie de recomendaciones para aliviar la situación, entre las que se encuentra el incremento del número de viviendas destinadas al alquiler social. Con solo un 2,5% del total de casas que se arriendan en manos de las diferentes Administraciones, según las últimas estimaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; España cuenta con uno de los parques públicos de alquileres más exiguos de Europa.

Las dificultades de los inquilinos no son nuevas. El informe destaca que la Gran Recesión agravó los problemas de accesibilidad a la vivienda y, como consecuencia de ello, España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de arrendatarios que realizan un sobreesfuerzo para pagar la casa (se considera que esta situación se da cuando los gastos del hogar suponen más del 40% de los ingresos). Esa circunstancia, además, es “desproporcionadamente alta en el caso de los hogares de bajos ingresos, incluyendo los jóvenes”.

El organismo multilateral destaca las asimetrías que presenta el mercado español de vivienda. Mientras que es uno de los Estados europeos con mayor porcentaje de personas que son propietarias de la casa donde viven, “la demanda de casas de alquiler ha aumentado en los últimos años, especialmente entre hogares jóvenes de algunas zonas urbanas”. Pero, a la vez, “la oferta no ha seguido el mismo ritmo” y eso hace crecer las “preocupaciones” no solo por la asequibilidad de las casas, sino también por las consecuencias que pueda tener sobre la “desigualdad intergeneracional” e “inmovilidad laboral”.

En ese preocupante contexto, es previsible que la epidemia de coronavirus agrave la situación “comprimiendo los ingresos más de lo que potencialmente bajarán las rentas”. Es decir, que aunque se abaraten los alquileres, los hogares tendrán menos dinero a consecuencia de una crisis que “también podría afectar desproporcionadamente a los grupos vulnerables”. El FMI pone el foco sobre tres colectivos —jóvenes, hogares pobres y migrantes— que “frecuentemente viven de alquiler”. “Se encuentran entre los segmentos más duramente golpeados por la crisis porque los trabajadores poco cualificados son menos propensos al teletrabajo y muchos de ellos se emplean en los sectores más afectados, como el turismo”, completa el análisis.

Más apoyo a los necesitados

El informe enumera algunas de las últimas acciones políticas que se han llevado a cabo en materia de alquileres, como el decreto de marzo de 2019 que aumentó el plazo mínimo de los arrendamientos a cinco años, la publicación de una estadística oficial de precios o los planes para aumentar los recursos públicos dedicados al arrendamiento social. Precisamente entre las “prioridades” que cita el texto, se encuentra la de “aumentar el parque de alquiler social y enfocarlo a personas de bajos ingresos”. Junto a esta, aparecen también otras encaminadas a “asegurar un acceso rápido a las medidas de apoyo al alquiler para los más necesitados”, como mejorar la eficiencia de las ayudas a los inquilinos que ofrecen las comunidades autónomas.

El otro gran objetivo que debe perseguir España a juicio del FMI se encamina a “acabar con las limitaciones de la oferta” de casas en alquiler, para lo que pide “esfuerzos en los diferentes niveles de gobierno”. Entre las medidas concretas que sugiere, se encuentran la simplificación de la normativa urbanística y hacer más ágiles las recalificaciones de suelo. También cree que ayudaría “asegurar buenas infraestructuras públicas que conecten las ciudades de crecimiento rápido con localidades más accesibles”.

El organismo cree que, a los problemas económicos citados antes, en España se añaden una serie de “obstáculos regulatorios” que afectarían al número de casas que se ponen en alquiler. “Aunque la regulación de los alquileres de España no está entre las más rígidas de Europa, deberían evitarse tanto una protección excesiva del arrendatario como la incertidumbre jurídica sobre sector inmobiliario para prevenir los efectos adversos en la oferta de arrendamientos”, asegura el informe. Por ello pide una simplificación de una normativa que “parece ser más ineficiente que en otros territorios europeos”.