Los Presupuestos multiplican casi por cinco el gasto previsto en vivienda

La Gran Recesión situó al sector inmobiliario en el ojo del huracán y convirtió las políticas de vivienda en uno de los patitos feos de los Presupuestos Generales del Estado. Ahora, otra crisis de dimensiones catastróficas puede ayudar a enmendar eso: las cuentas públicas de 2021 prevén multiplicar casi por cinco el gasto destinado a esta partida. Concretamente, según el plan presentado este miércoles, se destinarán a vivienda 2.253 millones. Es la cifra más alta de la historia, por encima de los 1.600 millones de 2009, cuando comenzó el declive.

Los 2.253 millones que contempla el Presupuesto de 2021 suponen un aumento del 368% respecto a los 481 millones de las cuentas de 2018, las últimas aprobadas por el Congreso, y prorrogadas desde entonces. Esa cifra estaba muy cerca del mínimo histórico de 474 millones en 2017.

La causa del insólito aumento, como sucede en otras partidas, hay que buscarla en Europa. El Gobierno quiere que la vivienda sea uno de los ejes sobre los que pivote la llegada de ayudas del plan europeo de recuperación. De hecho, los fondos propios destinados a vivienda serán de 602 millones (un 25% más que en 2018), mientras que los restantes 1.651 millones procederán de Bruselas.

De estos, 1.550 millones se repartirán a las comunidades autónomas para que estas desarrollen planes de rehabilitación de viviendas. Este tipo de actuaciones sobre edificios existentes, que incorporan un enfoque energético, son una prioridad para los planes de descarbonización de la Unión Europea y eso se conjuga bien con uno de los objetivos del plan Next Generation UE: la transición ecológica. Los 70 millones restantes procedentes de Europa se dedicarán a rehabilitar edificios públicos.

El plan presupuestario también contempla una partida de 354 millones destinada a la subvención de planes de vivienda, de los que dependen las ayudas autonómicas al alquiler. El fomento del parque de viviendas de arrendamiento social y sostenible, una prioridad del actual Plan Estatal de Vivienda, se realiza a través del Plan 20.000 —dotando al Sepes (la entidad pública empresarial del suelo) para desarrollar proyectos en suelos públicos— y de subvenciones directas a los Ayuntamientos, por valor total de 30 millones, para que pongan en marcha este tipo de promociones. El alquiler ha sido motivo de batalla entre los dos socios de Gobierno en la negociación de los presupuestos, aunque finalmente se pactó dejar la limitación de rentas que exigía Unidas Podemos para la futura ley de vivienda.

Por último, el Presupuesto contempla dotar con 72 millones la subsidiación de préstamos, una ayuda que en anteriores planes de vivienda se concedía a los compradores de VPO para pagar sus préstamos y que durante años supuso el grueso de las partidas destinadas a vivienda, hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy las eliminó retroactivamente.