Indemnización millonaria a los exjefes de la quebrada Catalunya Caixa

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obligaba a CatalunyaCaixa (CX) a pagar 1,2 millones de euros de indemnización por despido al expresidente Adolf Todó y al exconsejero delegado Jaume Masana, pues lo considera improcedente.

El alto tribunal ha rechazado el recurso que había interpuesto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para evitar este pago aduciendo indicios de irregularidades en la gestión por parte de estos directivos, a los que cesó el 10 de mayo de 2013, según ha adelantado este jueves La Vanguardia. El Supremo ha condenado al Estado a las costas del juicio, como también hizo el Superior de Justicia.

El auto del Supremo, consultado por Europa Press, comparte la tesis del TSJC respecto a que las argumentaciones de despido contra los directivos —quebranto de los deberes de buena fe y encargo de un informe a la consultora McKinsey de espaldas al consejo y por un precio excesivo— son "bastante etéreas y poco concretas".

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya desestimó el recurso interpuesto por el Estado, a través de Catalunya Caixa, a una sentencia de un juzgado de Barcelona que declaraba improcedente el despido de Todó y Masana, y en su sentencia obligaba a la entidad a readmitirles o a pagarles una indemnización de 600.000 euros a cada uno. La sentencia del Supremo es un varapalo para el Ministerio de Economía, responsable del Frob, que fue quien realizó el despido y había hecho bandera de la limpieza de la entidad porque consideraba que Todó y Masana eran responsable de la quiebra de la entidad.

Críticas a Guindos

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha declarado en el Congreso, en varias ocasiones, que esta ha sido la mayor quiebra del sistema financiero en proporción al tamaño de la entidad. En el sector financiero se realizaron fuertes críticas a Economía por no relevar antes a Todó, ya que Guindos no le destituyó de la presidencia de la entidad hasta el 10 de mayo de 2013, cuando colocó a Carlos Pla. Para entonces, las cuentas de Catalunya Caixa arrastraban enormes necesidades de provisión, debido a que la buena parte de los créditos se refinanciaron sin garantías y sin recibir ni siquiera los intereses de los préstamos. En realidad, el origen de los problemas de la entidad era previo incluso a la llegada de Todó y Masana.

La entidad catalana recibió 12.052 millones de ayudas públicas, frente a los 22.424 millones de Bankia, pero era mucho más pequeña. Catalunya Caixa fue vendida al BBVA por 1.165 millones. Así, del total inyectado, el Estado recuperó 782 millones y 383 millones fueron para el Fondo de Garantía de los bancos, que había adquirido el 32% del capital. Además, el fondo Blackstone pagó 328 millones por una cartera de crédito. Al final, el agujero neto, según los datos del Banco de España, fue de 10.942 millones.

La indemnización concedida resulta de sumar dos anualidades de salario, fijado en un máximo de 300.000 euros brutos anuales para los directivos de entidades que hubiesen sido nacionalizadas.

El auto considera que no hubo quebranto de la buena fe sino discrepancia interna "técnico-profesional con evidente contenido económico-político" en los órganos de gestión de CataunyaCaixa por la disparidad de opiniones entre los despedidos y los representantes del Frob en el consejo de administración.

En el caso del informe, señala que no hay pruebas que concluyan que el precio del informe fue excesivo, y que fue remitido al Frob pero sin constar acreditación de si fue un borrador o la versión definitiva, "lo que impide profundizar más en este extremo".