Euskadi 2020-2030: La sostenibilidad financiera del Estado de bienestar
Con este artículo finalizo la serie de tribunas destinadas a reflexionar sobre algunos de los retos que enfrentamos en el largo plazo, desde el convencimiento de que aquellos países y sociedades que salgan de la crisis con una clara visión y dirección estratégica partirán con una importante ventaja competitiva sobre el resto.
El Estado de bienestar es una conquista histórica de la sociedad europea, una de las principales aportaciones que ha hecho al mundo en el siglo XX, fruto del pacto entre dos grandes corrientes políticas europeas de la época -la socialdemocracia y la democracia de inspiración cristiana-. El modelo europeo es una valiosa conquista que es preciso preservar. Para ello es imprescindible reformarlo, actualizarlo, so pena de hacerlo financieramente inviable, arrastrando a la economía europea a una penosa decadencia.
Asegurar la sostenibilidad financiera del Estado de bienestar, un reto colosal
Sin reformas es imposible que se mantenga el nivel actual de bienestar social
Asegurar la sostenibilidad financiera del Estado de bienestar supone un reto colosal. El envejecimiento de la población es un fenómeno estructural en las sociedades económicamente desarrolladas y su impacto en tres de las cuatro vigas maestras del Estado de bienestar -pensiones, sanidad y políticas sociales- muy poderoso.
El envejecimiento de la población es el resultado de dos procesos positivos. En primer lugar, el que la maternidad sea hoy día una decisión libremente asumida y no sobrevenida, como ocurría en el pasado. En las sociedades económicamente desarrolladas esa libertad de decisión se ha traducido en niveles de natalidad mucho más reducidos que antaño -en nuestro caso la tasa es de 1,4 hijos por mujer-, reflejando en última instancia el universo de prioridades de la mujer. En segundo lugar, el importante aumento de la esperanza de vida como resultado de los avances sanitarios y de bienestar que se han producido en las últimas décadas. El envejecimiento no es, por tanto, un problema, sino el resultado natural de unos logros sociales.
Es preciso gestionar, no obstante, las consecuencias derivadas de la asignación de prestaciones económicas, sociales y sanitarias a los grupos sociales que se configuran en ese proceso de cambio demográfico. Cuando en los años cincuenta del siglo pasado se sentaron en la Alemania de Konrad Adenauer las bases del contrato intergeneracional por el que las personas laboralmente activas asumían el compromiso de financiar pensiones dignas a las retiradas , sabiendo que luego las siguientes generaciones financiarían las suyas, la esperanza de vida de una persona al salir del mercado laboral era de apenas cinco años, mientras que hoy día es casi de 20.
En el País Vasco, la relación de dependencia demográfica en el año 2006 era de 47 dependientes (incluye menores de 16 años y personas mayores de 65) por cada 100 activos potenciales. En el año 2020 será de 59.
El mayor incremento en esa relación se deberá al aumento de la presencia de las personas mayores. Así, mientras que en 2006 había 27 personas mayores de 65 años por cada 100 potencialmente activos, en el año 2020 serán 36. Incluso con una tasa de empleo del 75% como propone la Unión Europea, a partir de 2020 resultará cada vez más difícil alcanzar una ratio de dos activos por cada persona pasiva, considerada razonable para la sostenibilidad del sistema.
Una de las reformas para fortalecer la viabilidad del modelo se refiere a la edad legal de jubilación. En el horizonte 2020, es razonable que, excepto para algunas profesiones, como sugiere la Unión Europea se sitúe en los 70 años. Otra reforma sensata es relacionar la cuantía de la pensión con las contribuciones realizadas en la totalidad de la vida laboral y no sólo con una parte de ella. Y, por supuesto, suprimir las políticas que favorecen las jubilaciones anticipadas.
El coste del sistema de salud, especialmente el relacionado con el tratamiento de las enfermedades crónicas, ha crecido de manera muy importante en los últimos años. En 2010, el tratamiento de un enfermo crónico en el sistema público vasco asciende, según datos del Departamento de Sanidad, a 6.000 euros/persona/año. Dado que existe una correlación natural entre el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades de carácter crónico, la presión financiera sobre el sistema de bienestar será mayor en el futuro. Los responsables de Sanidad del Gobierno vasco consideran que en 2020 el 70% de los jubilados tendrán una o más enfermedades crónicas. En consecuencia, en el futuro se va a necesitar más personal sanitario, espacios especializados y presupuesto público para atender la creciente demanda.
Finalmente, la demanda de servicios sociales es claramente creciente. Con la nueva normativa de derechos sociales -Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada por las Cortes; Ley 12/2008 de servicios sociales y Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, aprobadas por el Parlamento vasco- las ayudas técnicas, la ayuda a domicilio, la teleasistencia o las plazas residenciales han pasado a ser un derecho subjetivo de las personas dependientes, exigible ante las Administraciones públicas, por lo que éstas han de contar con los recursos presupuestarios adecuados. Dada la evolución demográfica prevista, las necesidades sociales relacionadas con la atención a la población de mayor edad van a aumentar de manera muy importante y con ellas el gasto correspondiente.
En conclusión, la convergencia en las dos próximas décadas del envejecimiento de la población con su incidencia en el sistema de pensiones, el incremento en el gasto sanitario debido a las mayores necesidades de salud de una población más envejecida y unas necesidades sociales crecientes confronta a nuestro país con el reto del sostenimiento financiero del Estado de bienestar.
Se impone, en consecuencia, una pedagogía adecuada para asumir socialmente que los parámetros que han servido en el pasado, si no se reforman en el futuro próximo conducirán a una situación financieramente inviable. Es imprescindible avanzar hacia su actualización y modernización para que pueda sobrevivir como modelo de organización viable. De no acometerse las oportunas reformas no se podrá sostener el nivel de bienestar social que tenemos en la actualidad. Mucho menos su ampliación y desarrollo a nuevas necesidades tales como la atención integral a la dependencia.
Antxon Olabe es economista y socio de Naider
