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Reportaje:

Corrubedo quiere construir

La Xunta cede a la presión vecinal en el parque tras años de bloqueo de licencias - Torres Colomer: "¿Urbanizaciones? No es la idea, pero se verá caso a caso"

Los mojones a un lado de la carretera tejen una frontera invisible en la vida de los vecinos en este extremo de la península del Barbanza. Del asfalto hacia el interior, lejos de la costa, las viviendas expanden los núcleos rurales por el tradicional método de la partición de la herencia familiar. La ecuación funciona más o menos así: 2.000 metros cuadrados, cuatro hermanos, cuatro fincas de 500 metros. Y encima, las casas. Medio rural gallego en estado puro. De los carteles que delimitan el perímetro del Parque Natural de Corrubedo hacia el mar, las cosas han cambiado. Levantar un cierre, explanar un camino y no digamos levantar una casa se ha convertido en una tortura administrativa que suele terminar con el mismo informe negativo. Para frustración del vecino y alivio del castigado complejo dunar.

El Gobierno gallego no ha actualizado el obsoleto plan de ordenación de 1992
"Se trata mejor a los lagartos que a nosotros", lamenta una vecina

No siempre fue así. Cuando se creó el parque, en 1992, la presión vecinal consiguió establecer condiciones favorables a la edificación. "Lo negociamos así, para que no hubiera una distinción a cada lado de la carretera", precisa José Luis Torres Colomer, alcalde de Ribeira, donde está enclavado el parque. Las condiciones, como un mínimo de 2.000 metros cuadrados, cierres de piedra o vegetales y la tipología de las viviendas, no siempre se cumplieron, como demuestra un simple vistazo a la zona. Claro que tampoco se había inflado la burbuja inmobiliaria. Cuando estaba en su esplendor, los preceptivos informes de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza empezaron a frustrar las ansias constructivas de los habitantes del parque. También las de los promotores inmobiliarios, que no hubiesen tenido escrúpulos en moldear Corrubedo al estilo de Sanxenxo. Y estalló un soterrado conflicto vecinal.

El dinero de los bancos ya no fluye como antes, pero a menos de un año para las elecciones municipales, la Consellería de Medio Rural ha mediado en la colisión de intereses entre la dirección del parque y los vecinos. En una visita sorpresa a la zona, el pasado 27 de agosto, el conselleiro, Samuel Juárez, anunció un plan urbanístico para consolidar derechos constructivos. También una reforma del plan de ordenación de los recursos naturales. La reforma entierra el proyecto del anterior Gobierno gallego de ampliar el parque y pretende poner fin a la necesidad de informes de la Xunta, ajenos a las pretensiones del conselleiro de turno, para cada proyecto urbanístico. Lo primero es un hecho. Lo segundo, la omisión del informe preceptivo de Conservación da Natureza, parece más difícil de conseguir.

"Aquí, el Ayuntamiento autoriza y la Xunta manda parar", lamenta Francisca, vecina del lado protegido de la parroquia de Vixán. Su casa es un mapa de la evolución del parque. La inició 10 años atrás, en tiempos en que la manga era ancha. Las obras se prolongaron más allá de 2005, cuando se cerró el grifo. Francisca obró en el terreno que le dejó su madre, que aún vive en una casa cercana. Y cuando quiso explanar la superficie exterior y levantar un cierre, "llegaron los del parque". Le impidieron construir la cerca y remover la tierra alrededor del edificio, que quedó así en medio de la nada. Al lado, un muro de piedra de dos metros de altura rodea una llamativa vivienda de color azul de "unos amigos del alcalde". La terminaron antes de 2005.

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Los responsables del parque natural esperan desde hace años un plan de ordenación de los recursos naturales que sustituya al muy obsoleto de 1992. Que, entre otras cosas, permite urbanizar dentro del perímetro protegido. Son derechos que chocan con los informes negativos de los técnicos de la Xunta o con su silencio administrativo. Un nuevo plan debería limitar las aspiraciones urbanísticas de los residentes y facilitar la labor de quienes quieren proteger el terreno de la presión inmobiliaria. No parecen ser esas las intenciones de la consellería, según avanzó el propio Juárez.

Cerca del pueblo de Corrubedo, otra propietaria que prefiere no dar su nombre disfruta desde su casa, una mole inacabada del color del cemento, de unas vistas a la gran duna móvil que quitan el hipo. No está cercada. "Los del parque sólo me dejan colocar red metálica, y con algo por debajo para no atrapar a los animales". Se lamenta. "Es que aquí parecen más importantes los lagartos que las personas. Ahora no se puede hacer camping, ni meter un coche por los caminos, ni nada, pero sí dejan esa vegetación sobre la duna que se la está cargando", acusa, señalando en dirección al bravo océano. "Pero si los habitantes nos vamos, esto se muere". La residente anónima cumple el perfil a la perfección. Sus padres le dejaron el terreno, se metió en la casa aún en obras y el dinero se le agotó antes de que pudiera acabarlas.

La redacción de un plan especial de Ribeira, tal y como aconsejó el conselleiro Juárez, abre nuevas posibilidades a los residentes del lado prohibido de la carretera. "Se trata de saber qué se puede hacer y dónde", argumenta el alcalde, del PP. Los ecologistas avisan: "Ningún plan urbanístico puede contradecir el de ordenación de los recursos naturales; está establecido así en la ley". Será pues el plan que ordene los recursos de Corrubedo, y no del municipal, el que tenga la última palabra. Según Torres Colomer, están en juego los legítimos intereses de los vecinos. ¿Y los de promotores de grandes urbanizaciones y chalés adosados? "Esa no es la idea, pero habrá que estudiar caso a caso".

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