Los obispos españoles vuelven a la 'guerra de los crucifijos'

"Suicidio cultural", "persecución", "desertización de la vida pública". El Gobierno ya sabe cómo van a tomarse los obispos la anunciada reforma de la ley sobre Libertad Religiosa para regular, entre otras materias, la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos. La oposición será agria, como en el pasado. Ayer lo demostró el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.

Además de sostener que Europa pudo "abrirse a la libertad religiosa gracias, precisamente, al cristianismo", el portavoz de los prelados sentenció que el crucifijo es más que un símbolo religioso. Prohibirlo en la esfera pública "es ir en contra del crucifijo", concluyó. Dijo desconocer las intenciones del Ejecutivo socialista sobre el tema, pero sostuvo que "ni siquiera hay un borrador de ley que el Gobierno haya hecho suyo, mucho menos un proyecto".

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero viajó hace dos semanas a Roma para entrevistarse con Benedicto XVI y analizar con el secretario de Estado vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, la probable reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980. Anunciada varias veces por el Gobierno, se ha pospuesto año tras año. Los obispos están convencidos de que, si se produce por fin, conocerán ese proyecto antes de hacerse público.

Mientras se concreta, los prelados reiteran criterios y condenas, que anuncian otra guerra del crucifijo. Se trata de una controversia que viene y va, con los mismos argumentos, como si no pasaran los años. La primera se desató en 1977, cuando aún persistía el intransigente nacionalcatolicismo impuesto por el dictador Francisco Franco. El caudillo había muerto dos años antes y el presidente de las nuevas Cortes Españolas, Antonio Hernández Gil, retiró el crucifijo de su despacho oficial. Aún resuenan las execraciones contra el honorable jurista y confeso católico.

Ahora, la disculpa para resucitar las condenas es internacional. El próximo día 30 se inicia el debate en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para resolver el llamado caso Lautsi contra Italia. La Corte europea sentenció en noviembre de 2009 contra la República de Italia y en favor de Soile Lautsi, natural de Abano Terme (Padua) y madre de dos hijos, por la "injerencia estatal incompatible con la libertad de convicción y de religión, así como con el derecho a una educación y enseñanza conformes a sus convicciones religiosas y filosóficas, que suponía la exposición de la cruz en las aulas del instituto público al que asistían sus hijos".

El Gobierno italiano recurrió el fallo, apoyado por 22 conferencias episcopales nacionales, entre otras la española. Toca ahora una solución definitiva del caso por la Corte europea.

Lo que hizo ayer la Comisión Permanente del episcopado, presidida por el cardenal Antonio María Rouco, es unirse al clamor de la mayoría de las conferencias episcopales europeas y de "otras instancias de todo el Continente", con una titulada Declaración que parece querer preparar a la opinión pública ante una muy probable ratificación de la sentencia.

En la declaración, los prelados presumen de que, "gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes". En la conferencia de prensa posterior, su portavoz tuvo que puntualizar esas afirmaciones. En realidad, casi todas las libertades públicas y privadas, y también muchos avances de la ciencia, se han logrado con el disgusto, a veces violento, de la jerarquía del cristianismo romano.