El PP acepta sumarse al debate sobre la cadena perpetua
Juan José Cortés retomó ayer el debate sobre la instauración de la cadena perpetua. El padre de la niña Mari Luz, asesinada por el pederasta Santiago del Valle, instó a los políticos a no hacer "oídos sordos" con este asunto durante la presentación del libro Ciudadano Cortés (Plaza Janés) escrito por la periodista de EL PAÍS Luz Sánchez-Mellado.
En el acto intervinieron el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Ésta afirmó que su partido acepta sumarse al debate sobre la cadena perpetua, mientras que Rubalcaba recordó que la reforma del Código Penal, que entrará en vigor en 2010, impondrá un cumplimiento íntegro de las condenas por pederastia, como ya ocurre con los delitos de terrorismo.
Rubalcaba y Sáenz de Santamaría expresaron su admiración por la sensatez con que Cortés ha llevado su lucha para hacer justicia en el caso de su hija y tratar de que no se repitan los errores que posibilitaron su asesinato. No obstante, el ministro precisó que no comparte algunas de sus propuestas políticas.
Rubalcaba recordó que el Código Penal de 1995 suprimió el sistema de redenciones de condena que estableció la legislación franquista. Y señaló que la nueva norma endurecerá las penas para delitos de pederastia, por la vía de ser más estricto en la concesión del tercer grado cuando hayan cumplido dos tercios de la pena.
Rubalcaba anunció la incorporación de la fórmula de libertad vigilada, para los presos que han cumplido su condena pero muestren indicios de que pueden volver a delinquir. Sáenz de Santamaría apostó por dejar claro a los delincuentes que sus actos "no les van a salir baratos".
Recurso de la secretaria
Por otro lado, el abogado de Juana Gálvez, la secretaria judicial suspendida durante dos años por el Ministerio de Justicia en relación con el caso Mari Luz, argumentó ayer que el secretario de Estado del ministerio carecía de facultad para imponerle esa sanción.
Gálvez aseguró que ese cometido corresponde al ministro de Justicia. La secretaria de Estado señaló que las actuaciones del juzgado las decidía el juez, en alusión a Rafael Tirado, sancionado con 1.500 euros por el Poder Judicial por no ejecutar la sentencia contra Del Valle.
