El PSPV exige liberar el suelo reservado para el trasvase

El trasvase del Ebro fue derogado por decreto en junio de 2004 y por ley en junio de 2005, pero la apuesta de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, por mantener viva la posibilidad de la obra se tradujo en un plan de acción territorial de corredores de infraestructuras, aprobado en abril de 2005, que reservaba suelo para una hipotética canalización futura siempre que el PP ganara las elecciones generales en 2008. La reserva en cuestión es una franja de 456 kilómetros de longitud que atraviesa el territorio valenciano de norte a sur con una anchura que oscila entre los 200 y los 400 metros, una superficie total de 155 kilómetros cuadrados que afecta a suelo de 65 municipios.

Cerca del 60% de la superficie reservada, más de 90 kilómetros cuadrados, está clasificada como suelo no urbanizable común. Por su condición de reservado, sobre ese suelo no se pueden levantar granjas ni extraer tierras ni desarrollar cualquier otro tipo de actividad susceptible de ser considerada de interés comunitario. Ni urbanizar, desde luego.

Francesc Signes, diputado socialista, acusó al Consell de proceder de forma "absurda" cuando aprobó la reserva y, sobre todo, "mezquina", al someter "una importante franja de territorio a los intereses electorales del PP". Ayer, casi tres años después, Signes registró una iniciativa parlamentaria que exige la anulación de la reserva y acusó a Francisco Camps de "cercenar" el desarrollo de más 65 municipios valencianos en aras de una supuesta "autopista de la prosperidad sacrificada a los intereses electorales de Mariano Rajoy".