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La Junta, a favor de priorizar a los ayuntamientos que favorezcan la VPO

Lourdes Lucio

El Pacto por la Vivienda impulsado por el Gobierno andaluz y la futura ley que garantizará el derecho de acceso a una casa recibió ayer el respaldo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Su presidente, Francisco Toscano, en una reunión con la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, aprovechó para solicitarle que la Junta prime a los ayuntamientos que apuesten por resolver el problema de la vivienda. La propuesta la cazó al vuelo Gutiérrez del Castillo, quien se mostró a favor de "priorizar los equipamientos en aquellos ayuntamientos que tengan un compromiso con la vivienda".

Según Toscano, alcalde de la localidad de Dos Hermanas, no se trata de "ningún tipo de favoritismo", sino de que la Administración acometa en primer lugar actuaciones en materia de transporte, educativas o sanitarias en municipios que han destinado suelo a Vivienda de Protección Oficial (VPO).

La consejera también se mostró dispuesta a agilizar los trámites de la Junta para la revisión concreta de los planes generales de ordenación urbana que se refieran a la disponibilidad de suelo para construir viviendas de protección. La tramitación de estos planes suele consumir más de una legislatura municipal, por lo que la localización de estos terrenos se retrasaría mucho.

Según Toscano, todos los alcaldes "sean del signo político que sean" tiene claro que quieren viviendas con "precio controlado" y eso es lo que persigue el Pacto por la Vivienda. El presidente de la FAMP aseguró que a los ayuntamientos andaluces no le supondrá ningún coste adicional el plan de construir 300.000 VPO en los próximos 10 años. "Es necesaria voluntad política, trabajo y poner suelo para que no repercuta en el precio de la vivienda".

Para hacer una fotografía exacta de las necesidades de la comunidad autónoma, Obras Públicas firmará hoy un acuerdo con el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía para conocer las tipologías de las familias necesitadas de una vivienda, el nivel de renta y las características de los inmuebles que se demandan.

La consejera de Obras Públicas se mostró moderadamente optimista sobre la firma del Pacto por la Vivienda entre ayuntamientos, Administración autonómica, entidad financiera, promotores y agentes sociales. "Habrá un pacto de máximos o de mínimos, pero no puedo pensar que no lo haya".

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