Barberá admite que tendrá que justificar la permuta con el Valencia CF

El Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, del PP, admitió ayer que la normativa urbanística obliga a que justifique la permuta que ha pactado con el Valencia CF para construir el nuevo estadio en el solar de la avenida de las Cortes Valencianas. Un informe de la plataforma vecinal contraria al campo advierte de que la enajenación del patrimonio municipal de suelo sólo puede realizarse mediante concurso o subasta, y si es en un acuerdo directo debe beneficiar a entidades que construyan vivienda protegida. Además, la legislación urbanística exige que se justifique la necesidad de la permuta y su conveniencia frente a otras opciones.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, reconoció que "quien tiene que justificar la permuta es el Ayuntamiento de Valencia y no el club". En ello coincide el Valencia CF, que rechaza que la permuta colisione con la normativa. Bellver subrayó que el proyecto -con una doble recalificación para derribar Mestalla y construir viviendas, y el traslado del campo a la parcela que se privativa- lo lidera la alcaldesa y el equipo de gobierno "tiene claro que es una actuación de interés para la ciudad". El concejal no explicó cómo justifica el PP la permuta ni abundó en ese interés general que se ha limitado a la posibilidad de celebrar eventos en un estadio que será del Valencia.

Barberá aseguró que la permuta es "igual de legal" que la que hizo el Consistorio para "quitar las tres tristes torres que proyectaron los socialistas" en el solar de Jesuitas, una operación "que a los vecinos les pareció bien", informó Europa Press. En aquel caso, los propietarios tenían asignada una edificabilidad a la que renunciaron a cambio de una permuta, mientras que en el caso del Valencia es el club el que pretende un solar concreto y recalificado.

El estadio podrá crear sobre la parcela de 70.000 metros cuadrados una gran zona comercial con restaurantes, cines, un museo del equipo y tiendas ligadas al uso recreativo. Según fuentes del club, la extensión del área comercial no está cerrada, y tampoco su explotación. Si se alquilaran los locales que resulten, una primera evaluación sitúa en 12 millones de euros anuales los beneficios.

El portavoz socialista, Rafael Rubio, consideró que el informe jurídico de la permuta "parece fundamentado" y habrá que tenerse en cuenta. EU-L'Entesa dijo que sus alegaciones inciden en que "es ilegal."