Un juzgado abre diligencias por la quiebra fraudulenta de Puerto Sherry
El Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha abierto diligencias contra los propietarios de la concesión administrativa del centro náutico Puerto Sherry. La acción se sucede a la ratificación en la Audiencia de Cádiz de un informe del fiscal en el que advertía de que los gestores presentaron en 1995 una solicitud de quiebra fraudulenta para eludir las obligaciones de pago contraídas con las Administraciones del Estado, el Ayuntamiento portuense y los proveedores del complejo, según adelantó ayer Diario de Cádiz.
Las deuda calculada hace 11 fue de unos 96 millones de euros, cifra que, según se desprende el informe de la Audiencia de Cádiz, podría estar avalada por los activos del puerto deportivo, que cuenta con una dársena con capacidad para 800 atraques, una marina seca, un hotel de cinco estrellas y galerías comerciales.
El informe de la Audiencia, responde a la denuncia presentada en 2001 por la Fiscalía. El fiscal advertía de que quienes ejercían el control de la sociedad en el momento de presentar la quiebra, los empresarios Joaquín Rivero y Pedro Bores, "han podido incurrir en un delito de alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores". Asimismo, reconocía "anomalías" en los libros de contabilidad de la sociedad, que "no reflejaban la verdadera situación de la empresa".
Posible estafa y falsedad
A la luz de estos hechos, los propietarios de la concesión administrativa, según el criterio del fiscal, han podido ser responsables de delitos de estafa y falsedad durante la gestión de la quiebra.
La apertura ahora de una causa criminal contra los propietarios de Puerto Sherry coincide con la fase final del proceso de normalización de la gestión del centro náutico. Los propietarios han establecido un calendario de pago para saldar las deudas contraídas, después de negociar a la baja con las administraciones implicadas. Además han firmado un convenio urbanístico con el Ayuntamiento que, una vez en vigor, les permitirá poner en valor los terrenos de la finca La China, anexa al puerto deportivo, con fines inmobiliarios.
Una vez restablecida la normalidad financiera, los propietarios pretendían levantar la quiebra y recuperar la concesión administrativa, que se encuentra secuestrada desde 2001 por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para garantizar el funcionamiento del complejo y el mantenimiento de los 120 puestos de trabajo que dependen de él.
Los propietarios de la concesión negociaron el pasado febrero un acuerdo previo con la familia Sánchez Ramade para venderles los activos y la concesión, una vez que se lograse el levantamiento de la quiebra. Este acuerdo queda ahora en suspenso hasta que se depuren las posibles responsabilidades penales.
