El 80% de las víctimas de violencia sexista no había presentado denuncia

En 2005 hubo menos mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja que en los dos años anteriores: 52, frente a 69 (2004) y 65 (2003), según los datos del Consejo General del Poder Judicial. También bajó el número de víctimas de violencia dentro de la familia (90, frente a 100 en 2005), pero la mayoría de ellas, cuatro de cada cinco (80%) no había denunciado ser objeto de maltrato. El dato es aún peor que en los dos años anteriores.

El recuento del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial rebaja en 10 mujeres muertas a manos de su compañero o ex compañero sentimental otros cálculos referidos a 2005, incluido el que maneja este periódico, que es de 62. Esta variación la explica la presidenta del organismo, la juez Montserrat Comas: "Hay casos en que los primeros indicios sugieren violencia doméstica o de género y como tal se publica y luego, la investigación judicial revela que se trataba de otro tipo de muerte violenta". Los datos difundidos ayer provienen de los juzgados que investigan los casos y, si hay denuncias previas, también se solicita información a los jueces responsables.

Más de la mitad de las muertas por violencia de género eran jóvenes (52% eran menores de 35 años) y vivían, sobre todo, en Andalucía (15% de las víctimas) y la Comunidad Valenciana o Cataluña (13,5%). Las comunidades con menos casos fueron Galicia, Navarra y Asturias (1,9%).

De las 90 muertes calificadas por los jueces como causadas por violencia de género (casos en que la víctima es una mujer asesinada por su pareja o ex pareja) o doméstica (es decir, cuando un miembro de la familia mata a otro, por ejemplo, un padre o una madre a su hijo), 67 eran mujeres, el 74,4%. Además, 15 de esas víctimas (16,7 %) eran menores de edad: siete niñas y ocho niños. En 2004 hubo 100 víctimas mortales, de las que 84 fueron mujeres.

De los 86 casos calificados como de violencia doméstica o de género (hubo algún caso en que se produjo más de una muerte), el hombre fue el agresor en 72 de ellos (83,7%).

La mayoría de las víctimas (80,2%) murió sin que la justicia supiese su situación de maltrato: no había denunciado haber sido objeto de vejaciones o los poderes públicos desconocían su situación. Mientras que en 2004 y 2003 habían acudido a la justicia una de cada cuatro víctimas (26,4% en 2004 y 24,5% en 2003), en 2005 sólo había denunciado su situación una de cada cinco personas que luego murieron.

Mujer, española

De este último porcentaje de casos en que había constancia de una situación de maltrato, el 64,7% de los procedimientos se iniciaron a través de una denuncia ante la policía, la Guardia Civil o el juzgado. La respuesta para tomar medidas cautelares fue más rápida en 2005 que en los años anteriores. El pasado año fue el primero en que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género y comenzaron a funcionar los juzgados especiales.

"Todavía son insuficientes los mecanismos de información dirigidos a quienes sufren maltrato", se lamentaba ayer la juez Comas. "Es necesario que las víctimas confíen más en los poderes públicos. Eso es preocupante. Tenemos que plantearnos cómo acertar en las medidas de difusión. Esas personas habían sufrido agresiones previas. Es muy raro que el primer acto violento que se produzca sea el asesinato".

El perfil de la víctima continúa siendo mujer, mayor de edad, española, que estaba o había estado unida a su agresor por vínculo matrimonial, pareja de hecho o relación afectiva estable.

El número de casos en que tanto víctima como agresor eran españoles se ha rebajado en estos tres últimos años. Ha pasado del 81% de todos los casos en 2003 al 65% el pasado año. Mientras, el porcentaje en que el agresor o agresora son extranjeros supone en 2005 el 22,1% del total. La cifra se ha mantenido respecto a 2004 "En proporción al número de población extrajera, que ha seguido subiendo en los últimos años, se puede decir que el número de agresiones ha bajado", subraya Comas, "con lo que no cabe criminalizar a los inmigrantes".