Freno a la inmigración en Canarias

Con cientos de inmigrantes subsaharianos a bordo, la tripulación de un carguero pintado de rojo vio por tercera vez el avión militar que les sobrevolaba en el Atlántico, en la mañana del domingo 2 de abril. Veinticuatro horas antes habían sido avistados y fotografiados cuando navegaban muy despacio a unas 190 millas de la isla de El Hierro, la más occidental de las Canarias. Un patrullero de 89 metros de eslora colocó su mole gris al acecho del barco de inmigrantes, mientras un segundo buque de guerra era despachado desde Las Palmas de Gran Canaria como refuerzo.

Los viajeros surcaban el océano a bordo de un navío del tipo de los usados para el transporte de madera en el golfo de Guinea, reconvertido ahora al más lucrativo contrabando de personas. Cuando la tripulación del carguero se vio localizada, viró hacia la costa continental de África. Además de inmigrantes "traía cayucos para usarlos como lanchas de desembarco, porque era un barco nodriza", afirma Paulino Rivero, de 54 años, presidente de Coalición Canaria y portavoz en el Congreso, que cita como fuente de este dato a "una alta autoridad del Estado".

El 1 de abril fue avistado por un avión militar un primer buque nodriza de inmigrantes

Con la densidad de población de Canarias, España tendría unos 130 millones de habitantes

Los servicios de seguridad de varios países siguen ahora la pista de otras posibles naves contrabandistas de personas en la costa continental de África. Rivero no ha podido confirmar, por el contrario, que el despliegue militar del 1 y 2 de abril se hubiera debido a la presencia de terroristas de Al Qaeda, como se especuló en su día. Quien lo niega tajantemente es José Segura, de 61 años, catedrático de la Escuela de Náutica de Tenerife, ex diputado y ex senador, y actual delegado del Gobierno en Canarias.

Alertados por el servicio de inteligencia británico, "los servicios policiales españoles tuvieron conocimiento de que, a unas veinte millas del litoral de Mauritania, navegaba muy lentamente un barco en el que varios observadores desde la mar (pesqueros que se habían cruzado) habían detectado muchas personas a bordo", explica Segura. El delegado es parco en detalles: sí, el Gobierno ejerció el derecho de identificar a las naves que penetran en aguas de responsabilidad española; no, en absoluto cabía la hipótesis de que fuera un transporte normal, porque incumplía normas internacionales; sí hubo que localizarle como se hace con las aeronaves no identificadas, ni más ni menos...

Para las islas, el contrabando de personas en pesqueros y otros barcos no es una novedad -ha llegado una docena desde 1998-; lo nuevo fue el despliegue de medios utilizado. La mayoría de los anteriores se adentraron sin ser detectados hasta la proximidad de playas o puertos. Una patera llegó a finales de 2004 a la base aérea de Gando (Gran Canaria) y los inmigrantes que llevaba a bordo fueron vistos cuando caminaban por la playa del recinto militar.

En Canarias hay miedo a los barcos nodriza, si bien hasta principios de abril no se había localizado a ninguno. Uno de los fantasmas populares en las islas es una oleada de buques con 500 o 600 personas en cada viaje, que puedan llevar pateras o cayucos, o arrastrarlos, para lanzarlos a las playas.

Hasta ahora, el grueso del tráfico se ha hecho en barcas pequeñas, cada una de 40 a 60 viajeros, donde los inmigrantes se juegan la vida. En 2002 arribaron 10.000 personas en pateras a Canarias -fue el año récord-; en 2003 hubo 9.500, y en 2004, 8.500, hasta bajar a 4.700 el año pasado. "La explicación de este descenso es la excelente colaboración de las fuerzas policiales marroquíes", recalca Segura, que lo relaciona con el giro dado a la política exterior por José Luis Rodríguez Zapatero, quien se dirigió al Reino de Marruecos en cuanto fue investido como jefe del Gobierno. "Y en Canarias empezamos a notar el descenso en la llegada de pateras, en 2005, de forma notable", precisa.

Se han terminado los asedios del otoño pasado a Ceuta y Melilla. Las fuerzas de seguridad mauritanas también vigilan más, tras los acuerdos de mediados de marzo con el Gobierno español. Pero los expertos no se llaman a engaño; hay millares de seres humanos moviéndose para embarcar por donde puedan: trabajadores, refugiados, desplazados por las crisis del África occidental. Los accesos más directos hacia los antiguos países colonizadores (Francia, Reino Unido) están cada vez más obstruidos. Canarias es el territorio más cercano de jurisdicción europea.Unas 4.000 personas han llegado vivas a Canarias entre enero y mediados de abril desde la costa continental africana -verificar el número de ahogados resulta imposible- y nadie puede prever la frecuencia con que se producirán nuevas arribadas.

Este repunte de la inmigración por mar reaviva las contradicciones en que se debaten las fuerzas vivas del archipiélago. Los nacionalistas, que gobiernan la comunidad autónoma en solitario, mantienen una estrategia beligerante no sólo para que el Estado impermeabilice las fronteras, sino para que les deje participar en un control más estricto de las estancias de extranjeros de nacionalidades no comunitarias. Los que entran por avión constituyen la fuente principal de la inmigración irregular.

Paulino Rivero reconoce la dimensión "colosal" del drama humanitario de África, pero este problema "rebasa nuestras capacidades y las de España", y sólo puede resolverse involucrando a la Unión Europea y a otras instituciones internacionales. A su juicio, la espectacularidad del drama en el mar oculta "la inmigración que no se ve": entre 19.000 y 20.000 personas de países ajenos a la Unión Europea se quedan cada año en las islas, la gran mayoría porque no se marcha al término del plazo señalado en sus visados turísticos. Se trata de latinoamericanos, magrebíes y europeos no comunitarios. Es decir: en Canarias ocurre igual que en otras partes de España (sobre todo Madrid, Cataluña, Murcia), pero a las fuerzas vivas del archipiélago les parece que la insularidad implica una condición muy particular.

"No somos ni hemos sido nunca un pueblo xenófobo; al contrario, somos un pueblo acogedor", argumenta José Miguel Ruano, de 44 años, consejero de Presidencia de la Comunidad de Canarias. "Pero nuestra capacidad está sobrepasada. Tenemos un territorio limitado de 7.500 kilómetros cuadrados, con un 40% de espacios protegidos (parques del Teide, Timanfaya y otros). La población de derecho de Canarias ronda los dos millones de personas, recibimos 12 millones de turistas al año y el número de residentes crece anualmente en más de 50.000; de ellos, sólo 6.500 por aumento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones). Así no podemos seguir".

"A veces se dice que los nacionalistas pedimos una ley de residencia, pero no es cierto. Lo que exigimos es que se cumpla la ley orgánica de extranjería", añade. De los casi dos millones de residentes, 222.000 eran extranjeros a comienzos de 2005 (es el dato más reciente), el 11,3% del total, porcentaje superior al de extranjeros en el conjunto de España.

Dos millones de habitantes, ¿son muchos o pocos? "Si España tuviera la densidad de población que tenemos aquí, actualmente contaría con 130 millones de habitantes", explica Álvaro Dávila, de 53 años, que dirige el Instituto Canario de Estadística.

Entre 1996 y 2005, la población del archipiélago creció en 362.000 personas, "tanto como si se hubiera creado una nueva ciudad de Las Palmas de Gran Canaria", afirma. Al ritmo actual, las islas tendrán otro medio millón de habitantes dentro de 10 años. Por comparar dos comunidades con un nivel similar de población: mientras la de Euskadi se estanca, la de Canarias avanza a zancadas.

A las islas del Atlántico llegan jubilados con dinero y atraídos por las bondades del clima, pero no sólo ellos. "Entre los extranjeros de fuera de la Unión Europea, la proporción de hombres y de personas en edad laboral es mucho mayor que en el resto de la población", recalca el responsable de la estadística canaria. "El 12,6% de la población de nacionalidad española tiene 65 años o más; sin embargo, entre los extranjeros residentes en las islas, los de más de 65 representan el 8,4%".

En resumen: a Canarias también va gente a buscar trabajo o con necesidades sociales que atender. "Coalición Canaria debería reconocer que la inmigración beneficia a la economía de las islas y contribuye a su crecimiento", replica Francisco Hernández Spínola, portavoz socialista en el Parlamento de Canarias. "Por motivos más bien electorales, Coalición Canaria sostiene que no hay más sitio en las islas, pero nosotros estamos en radical discrepancia con la idea de poner trabas a la inmigración legal. En cuanto a la ilegal, hay que cooperar con el Gobierno del Estado para perseguir la inmigración ilegal: en eso sí estamos de acuerdo".

El Instituto Canario de Estadística calcula que se han creado 258.000 puestos de trabajo por encima del crecimiento natural de la población en 10 años. La Seguridad Social tiene afiliados en Canarias a 89.606 extranjeros -de ellos, 56.259 de países ajenos a la UE-, lo cual sólo muestra la parte regularizada, pero confirma que Canarias se encuentra entre las comunidades que necesitan a los extranjeros para sostener la actividad.

El director del Instituto Estadístico de Canarias, Álvaro Dávila, forma parte de un grupo técnico encargado de las discusiones con la Administración estatal. Él cree que la política de admisiones debería orientarse hacia las autorizaciones temporales de trabajo. De manera más concreta, plantea que le dejen acceder a un conocimiento diario de los empadronamientos que van produciéndose. Su caballo de batalla es el Instituto Nacional de Estadística (INE), que gestiona el padrón de forma centralizada y publica actualizaciones anuales.

"Necesitamos una base de datos en Canarias para conectar electrónicamente a todos los ayuntamientos", explica Dávila. "No hemos convencido al INE, que considera más lógico una base de datos nacional. Que eso sea así no debería impedir que nosotros pudiéramos conocer a diario los empadronamientos. Esos datos, cruzados con los listados de pasajeros de las compañías de transporte, darían la información necesaria para señalar al Ministerio del Interior dónde está la persona a la que hay que buscar".

En realidad, este problema tiene poco que ver con los subsaharianos. Los que arriban en pateras y cayucos son rescatados por los servicios del Estado -a veces simplemente interceptados- y atendidos a la llegada por los dispositivos de emergencia coordinados por el Gobierno autónomo. Salvo algún caso de fuga, ahí se termina el impacto directo de estas llegadas en el incremento de la población residente en el archipiélago, porque pasan a centros de retención de los que no se les permite salir en 40 días, plazo legal en el que ha de efectuarse su devolución al país de origen o el traslado a otras comunidades autónomas bajo custodia policial -salvo los inmigrantes menores de edad-. Cuando llegan a la Península pasan a centros de acogida gestionados por organizaciones no gubernamentales con fondos del Estado; desde 2005 existe también un programa de acogida por los gobiernos autónomos, financiado igualmente por el Estado, en nombre de la solidaridad con Canarias. Una vez en los centros de acogida de la Península, los inmigrantes pueden marcharse cuando no se completan los trámites de expulsión: la mera entrada irregular en el país no es delito.

El impacto de la última oleada ha hecho que se superen las 1.500 plazas de retención previstas en las islas. Unos campamentos provisionales, necesarios para hacer frente a la emergencia, han provocado controversias y peticiones al Gobierno para que saque de Canarias a los subsaharianos cuanto antes. El ritmo de devoluciones a Mauritania de los que llegaron en los primeros meses del año es lento. Pero la alternativa de trasladar a los retenidos a la Península "se está utilizando con toda normalidad", según un colaborador de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí. "Hubo saturación en algunas semanas, pero nadie de los que deben salir se va a quedar en las islas". El dirigente nacionalista Paulino Rivero insiste: "Una comunidad frágil como la nuestra no puede exponerse a que cientos de inmigrantes deambulen por nuestras calles una vez superados los 40 días en centros de acogida".

La secretaria de Estado de Inmigración apuntó recientemente que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no han puesto plazas de acogida a disposición del programa de traslados desde Canarias -salvo la de Murcia-, provocando la réplica del PP, en el sentido de que muchos de los trasladados recientemente desde Canarias están en Madrid. "Claro que hay grupos de inmigrantes en Madrid o Valencia procedentes de Canarias, pero no en plazas de acogida de los gobiernos autónomos de esas comunidades, que hasta ahora no los han aportado; han sido acogidos por las ONG que trabajan en colaboración con el Estado", puntualiza la fuente aludida de la Secretaría de Estado de Inmigración, que resalta además el aumento del dinero estatal disponible para acogida e integración de inmigrantes (de 7,5 millones en 2004 a 184 este año).

Mientras se produce esta discusión política, en Canarias se ha dejado sentir algún chispazo de intolerancia sin autor definido. Por ejemplo: ¿quién quemó un aula de Tunte (sur de Gran Canaria) la víspera de que fueran trasladados a ella 64 inmigrantes menores de edad? No hay respuesta segura para esa pregunta, más de un mes después del incidente. Los chicos iban a ser alojados allí, tras haber permanecido unos días en un gimnasio de Las Palmas de Gran Canaria al que, a su vez, habían sido llevados desde otro centro, que fue cerrado a instancias de la Fiscalía de Menores por el hacinamiento en que vivían. El Cabildo Insular, en manos del Partido Popular, es el encargado de gestionar la acogida de los menores. El presidente de este partido en las islas, José Manuel Soria, pide que se expulse a los que tienen entre 16 y 18 años, una medida que no respalda el Gobierno autónomo, porque la ley no lo permite. Algún ayuntamiento socialista del archipiélago también pone dificultades a la acogida de inmigrantes menores de edad, aunque ésta no sea la política de su partido. "Los centros de menores son un problema gordísimo, ahí ocurre de todo", señala Begoña Barrenengoa, que participa en una federación de asociaciones de inmigrantes africanos. Y en los centros de adultos, "hombres hechos y derechos se encuentran rígidamente encuadrados", protesta, quejándose de una política inmigratoria que "no tiene en cuenta para nada a los africanos".

La escalofriante determinación demostrada por los subsaharianos en sus travesías hacia Canarias -es decir, hacia Europa- deja claro que no van a detenerse. Según la hipótesis del Club del Sahel y del África Occidental -vinculado a la OCDE-, el ritmo de nacimientos se ha moderado últimamente en esa zona, pero los efectos no se dejarán sentir hasta dentro de varios decenios, porque la población actual es muy joven. Por tanto, las migraciones continuarán.

Rodeado de mapas, informes y fotografías, el consejero de Presidencia de Canarias se queja de que el Gobierno central ha tardado en tomarse el problema inmigratorio de las islas como un asunto de Estado, aunque asegura que quiere cooperar, "porque para nosotros es fundamental".

MAÑANA, CAPÍTULO 2: Una desigualdad extrema