"No cerraríamos la Cope aunque tuviéramos competencias para hacerlo"

Josep Maria Carbonell (Barcelona, 1957) preside el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) desde el pasado septiembre. Militante socialista a partir de 1976, fue diputado autonómico entre 1995 y 2004. Su primera actuación importante al frente de este órgano regulador ha sido la emisión de un informe que concluye que la Cope vulnera el derecho a la libertad de información y de expresión.

Pregunta. ¿Por qué decidieron elaborar este informe?

Respuesta. Porque la pasada primavera empezamos a recibir un número muy considerable de denuncias ciudadanas sobre algunos contenidos que emitía la cadena, de modo que nos vimos obligados a analizar si dichas emisiones sobrepasaban los principios de veracidad en la información y los límites de la libertad de expresión.

"El acuerdo sobre la cadena ha sido tomado por unanimidad de todo el Consejo" "El CAC es un órgano administrativo independiente, y no un organismo político"

P. ¿Cuántas denuncias?

R. Centenares.

P. Ustedes concluyen que se han vulnerado esos principios, así como el honor y la dignidad de personas e instituciones, ¿eso no deberían resolverlo los jueces?

R. El CAC es un órgano administrativo independiente creado por el Parlamento catalán y no un organismo político. En su momento, asumimos competencias que tenían la Administración del Estado y la Generalitat sobre concesiones de radio y televisión.

P. ¿Por ejemplo?

R. Los concesionarios de una licencia están obligados a obedecer los preceptos y principios establecidos en la legislación, y la Administración competente -nosotros, en Cataluña- debemos supervisar su seguimiento. Sin duda, es mucho más democrático que sea un organismo independiente el que vele por que se cumplan las leyes, como pasa en todos los países de nuestro entorno, y no que lo haga la Administración de turno.

P. Pero, ¿sus competencias alcanzan a los contenidos?

R. Entre los preceptos que los titulares de una concesión deben cumplir están los de respetar la veracidad de las informaciones, separar claramente la información de la opinión, y en los contextos opinativos no atentar contra el honor. Por lo tanto, mi respuesta es sí, somos competentes en vigilar que no se incumplan estas condiciones.

P. Usted afirma que el CAC es un organismo independiente, pero ¿cómo lo justifica ante los ciudadanos siendo usted un destacado miembro del PSC y reproduciendo el consejo el esquema de la correlación de partidos del Parlamento?

R. Los miembros del CAC somos elegidos por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y al ingresar nos comprometemos en trabajar al servicio del interés general sin perjuicio de nuestras procedencias e ideologías. Además, nuestro puesto es por seis años improrrogables, o sea que no coincide con las legislaturas, y las incompatibilidades con el cargo, amplísimas. Debo decir asimismo que hasta ahora todas las decisiones importantes que hemos adoptado han sido por unanimidad. Eso asegura su fuerza y firmeza.

P. ¿También el acuerdo sobre la Cope ha sido unánime?

R. También el acuerdo sobre la Cope lo ha sido. Claro que sí. Personalmente me siento muy orgulloso de la actuación del consejo por lo que respecta a la defensa del interés general por encima de intereses partidistas y de los legítimos intereses de sectores empresariales. Pero, en cualquier caso, toda decisión que tomemos, sea la que sea, cuenta con la garantía de la revisión por parte de los tribunales.

P. ¿El acuerdo del CAC sobre la Cope podría ser recurrido por la cadena ante los jueces?

R. Naturalmente. Las garantías son máximas.

P. De los nueve consejeros actuales, sólo dos se han dedicado profesionalmente al periodismo, ¿considera equilibrada esta presencia en un órgano que regula medios informativos?

R. Considero que el ámbito de la comunicación está suficientemente representado. Al lado de periodistas, hay personas del mundo académico con formación sólida en comunicación, ética y ciencia política, y consejeros procedentes de otros sectores, que ayudan a que tengamos una visión interdisciplinar indispensable en un órgano como el CAC.

P. La nueva Ley Audiovisual catalana que entrará pronto en vigor da al CAC más atribuciones de las actuales: podrá adjudicar licencias de radio y televisión y cerrarlas. ¿En base a su informe, el consejo suspendería la Cope en Cataluña?

R. No. No la cerraríamos.

P. ¿Por qué?

R. Porque la cadena representa y expresa la opinión de sectores que hay que respetar; porque la sanción, cuya tipificación es necesaria, para nosotros es el último recurso, y porque nuestra voluntad es dialogar con el operador para conseguir que reflexione sobre la forma de presentar contenidos que hayan provocado inquietud en la opinión pública.