Ex presos marroquíes instan al rey a pedir perdón por los abusos de su padre

El Estado marroquí debería de presentar públicamente sus disculpas a todas las víctimas o familiares de los llamados Años de plomo, la larga etapa de represión que empezó con la independencia (1956) y concluyó a principios de la década de los noventa. Ésta es una de las principales recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), un órgano formado por 17 ex presos políticos, creado por el rey Mohamed VI para averiguar que pasó y como pasar página.

La IER, el equivalente marroquí de la comisión de la verdad surafricana, se puso hace un año a trabajar organizando comparecencias públicas -las primeras fueron retransmitidas en directo por televisión- en las que ex presos de conciencia relataban los suplicios a los que fueron sometidos.

Un año después la IER concluyó sus trabajos y su presidente, Driss Benzekri, entregó al monarca, el 30 de noviembre, un informe de más de 700 páginas que será hecho público en breve. El Gobierno acoge favorablemente sus recomendaciones, según declaró el portavoz del Ejecutivo, Nabil Benabdalá.

En los próximos días Mohamed VI pronunciará un discurso en el que hará una evaluación de la labor desarrollada por el órgano que creó y acaso anuncie cuáles de sus recomendaciones tiene la intención de poner en práctica.

El documento de la IER, del que EL PAÍS ha obtenido un resumen, empieza por hacer un balance de sus averiguaciones. En los Años de plomo murieron más de 600 marroquíes, de los que 322 cayeron, a causa de un uso desproporcionado de la fuerza, durante las revueltas urbanas de 1965, 1981, 1984 y 1990. 174 fallecieron después de haber sido detenidos arbitrariamente o secuestrados y otros 109 murieron en las cárceles.

La IER y los expertos que trabajaron para este organismo localizaron las sepulturas de 85 personas secuestradas en penales como Tazmamart o Kalat Mgouna cuya existencia era desconocida de la administración penitenciaria.

Cerca de 70 casos de probables desapariciones no pudieron ser aclarados, por lo que la IER, cuyo mandato ha expirado, considera que el Estado debe continuar las pesquisas que ella inició. No pudo concluir su labor porque algunos archivos estaban en un "estado deplorable (...) los cuerpos de seguridad brindaron una cooperación desigual" y algunos responsables "rechazaron contribuir al esfuerzo para establecer la verdad".

De las 16.861 solicitudes individuales que ha recibido, la IER ha decidido conceder indemnizaciones a 9.779 víctimas o a sus familiares. En las regiones que recibieron un escarmiento especialmente duro -Alhucemas fue una de ellas- aconseja además llevar a cabo programas de desarrollo social y cultural.

Entre sus recomendaciones la IER pide que la Constitución marroquí proscriba cualquier injerencia del Ejecutivo en la organización y funcionamiento de la Justicia y que prohíba también el secuestro, la detención arbitraria, la tortura, etcétera.

La comisión solicita además una modificación de la legislación penal marroquí para armonizarla con los compromisos internacionales adquiridos por Rabat en derechos humanos. Insta, por último, a una reforma del aparato de seguridad que conlleve una clarificación y publicación de sus reglamentos para evitar abusos.

Estimación a la baja

Pese a que la IER ha llevado a cabo una labor sin parangón en el mundo árabe, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la más importante de cuantas operan en Marruecos en ese ámbito, consideró ayer que la investigación efectuada por la Instancia se había quedado corta.

La AMDH estima que el número de muertos a manos de las fuerzas de seguridad durante esa etapa se eleva a al menos 3.000, de los cuales la mitad habrían fallecido durante los disturbios de 1965 en Casablanca, de cuya represión se encargó personalmente Hassan II.

El informe es decepcionante sobre el Sáhara Occidental. El Frente Polisario asegura que está pendiente de aclarar la suerte de más de 500 desaparecidos saharauis. La IER rebaja la cifra a 220 y precisa que 153 murieron durante los enfrentamientos armados que acabaron en 1991 con la proclamación del alto el fuego. Los 67 restantes estarían vivos en los campamentos de refugiados cerca de Tinduf.