Menos del 1% de las denuncias de la policía en Valencia acaba en el cierre del local
El Ayuntamiento de Valencia ha cerrado durante 2005 entre 15 y 20 locales de ocio de la ciudad. Las razones que dieron lugar a la clausura de estos locales son, entre otras, el exceso de aforo, dejar entrar y servir alcohol a menores o incumplir las medidas de seguridad o los horarios. En lo que va de año, sin embargo, la policía local ha presentado 3.000 denuncias por infracciones. Esto significa que menos del 1% han acabado en cierre.
"Es muy fácil abrir un local y muy difícil cerrarlo", aseguran fuentes policiales, que expresan su malestar por la facilidad con que los bares, pubs, discotecas o after hours se saltan la normativa. "El procedimiento sancionador es muy farragoso, por eso los dueños de los locales salen la mayoría de veces de rositas. El procedimiento debería ser más serio. La impunidad está a la orden del día en Valencia".
La policía, según fuentes consultadas por este diario, ha detectado que, en los últimos meses, "muchos" establecimientos están cambiado la licencia de pub por la de bar con ambientación musical, para convertirse así en after hours. De este modo, en vez de abrir a las 12 del mediodía o a las seis de la tarde pueden hacerlo a las seis de la mañana.
"Tendencia preocupante"
"Es una tendencia preocupante", asegura un funcionario; "los after hours son un fenómeno relativamente reciente en España. Están causando muchas molestias y problemas a los vecinos porque incumplen la normativa con frecuencia. La lentitud con que actúa la Administración les favorece. Para cuando les llega la orden de cierre, el local ya ha cerrado y el dueño, en muchos casos, ha abierto otro en otra zona".
Comunidades de vecinos de diferentes barrios céntricos de Valencia han presentado escritos de queja al Ayuntamiento y denuncias contra varios after hours.
La Delegación del Gobierno ha cerrado los dos últimos años por tráfico de estupefacientes 26 establecimientos en la provincia de Valencia, 19 de ellos en la capital. La mayoría de estos establecimientos suelen abrir una vez cumplida la sanción, entre tres y seis meses de clausura.
En Cataluña, la Generalitat ya ha tomado medidas para evitar el incumplimiento de la normativa. El año que viene aprobará un decreto que obliga a los bares musicales y discotecas a instalar un sensor, cuyo coste correrá a cuenta de los empresarios, para contar las personas que entran. El mecanismo estará conectado con una central, de modo que los Mossos d'Esquadra sabrán al instante en qué locales se sobrepasa el aforo permitido.
Este diario ha tratado sin éxito durante los últimos días de hablar con Vicente Igual, concejal de Actividades, área municipal competente en materia de cierre de establecimientos.
