El coste de los comedores escolares
La actualización del precio máximo de los comedores escolares en centros de titularidad pública, llevada a cabo por el Departamento de Educación el pasado mes de julio, ha vuelto a plantear el problema de quién paga el coste de las actividades educativas no formales. Es decir, aquellas actividades que no están cubiertas por nuestro Estado de bienestar, especialmente los comedores escolares, las actividades extraescolares y las de verano.
Este año, el Departamento de Educación ha subido en un 12% este precio máximo, en razón del incremento en los costes que ha experimentado el servicio, debido en parte a la firma del primer convenio laboral del sector (inexistente hasta el momento) y del desajuste histórico entre este precio máximo y el coste de la actividad (en los últimos 10 años, se ha congelado el precio en 6 ocasiones).
A pesar de esta actualización, las entidades sin ánimo de lucro que gestionamos estos servicios sabemos que, en muchas situaciones y con ratios monitor / alumno correctas, el coste de esta actividad está sobre los 6,20 euros, uno más de lo que ha aprobado el Departamento de Educación.
Esta eventualidad del incremento de costes evidencia la necesidad de plantearse colectivamente fórmulas diversas para financiar estas actividades y garantizar así el acceso de toda la población a este tipo de servicios, evitar las situaciones de inequidad y de discriminación, hacer posible la conciliación de los horarios laborales y familiares y velar para que no se degrade el servicio proporcionando menos monitores de los necesarios, como ya se ha planteado en alguna escuela.
La FAPAC, por su parte, ha denunciado públicamente que este incremento recaiga exclusivamente sobre los presupuestos familiares y ha planteado que las administraciones públicas aporten recursos para cubrirlo.
El establecimiento de un convenio laboral regulador de la función educativa en el tiempo libre ha representado un gran avance en la mejora de la calidad de estas actividades, proporcionando un marco de estabilidad, dignificación y mejora de las condiciones laborales de monitores y monitoras (por ejemplo, un aumento anual de sueldos del 15%). Todo el mundo estaba de acuerdo en que tenía que hacerse y nosotros hemos trabajado muy especialmente para hacerlo posible. Pero esta mejora ha comportado, y se prevé que lo haga en mayor medida en los próximos dos años, un aumento importante del coste de las actividades. Ya fueron muestra de ello las actividades de verano y ahora es el turno de los comedores y de las actividades extraescolares.
Las entidades sin ánimo de lucro que gestionamos estas actividades velamos tanto por la calidad de la acción educativa, como por el acceso garantizado a todos los niños y niñas sin discriminación, respetando además unas condiciones de trabajo adecuadas para los monitores.
Es un asunto que afecta a la inmensa mayoría de familias en nuestro país, para el que hay que buscar soluciones imaginativas basadas en la corresponsabilidad de las diferentes administraciones y de la sociedad. Apostamos por que las administraciones públicas impulsen una política de becas más decidida en beneficio de las familias que tienen más dificultades económicas, a la vez que se establecen mecanismos de cofinanciación en este tipo de actividades.
*Guillem Correa, presidente de AEISC (Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya). Firman también este artículo: Ramon Ribas, director general de Entorn; Joan Segarra, director de servicios educativos de la Fundació Pere Tarrés; Xema Gil, director general de la Fundació Catalana de l'Esplai; Nino Ramírez, gerente de Doble Via; Òscar Esteban, secretario general de la Fundació Escolta Josep Carol.
