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El 'padre' de la LRAU recuerda que el Consell debe controlar el suelo que se reclasifica

Roger reduce a cuestiones de procedimiento las dudas de Bruselas sobre la ley valenciana

Gerardo Roger, arquitecto urbanista y padre de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que consagra la figura del agente urbanizador, salió ayer al paso de las dudas vertidas por la Comisión Europea hacia la transparencia de la norma aprobada en 1994, que redujo a cuestiones de procedimiento ajenas al texto legal. Roger recordó que la reclasificación de suelo urbanizable para desarrollar planes de actuación integral (PAI) debe ser aprobada por dos administraciones, el Ayuntamiento afectado y la Generalitat, una garantía que debería evitar cualquier abuso.

Roger, el último director general de Urbanismo del Consell socialista que presidía Joan Lerma, aseguró que el principio de "concurrencia" en la gestión del suelo urbanizable que introdujo la LRAU fue "la única innovación importante en el urbanismo en 150 años" que acabó con un modelo de desarrollo urbanístico "periclitado, rancio, anacrónico y fisiocrático". Antes de la LRAU, explicó Roger, sólo los grandes propietarios podían afrontar el desarrollo de suelo, los dueños de pequeñas parcelas podían congelar el crecimiento de las ciudades y cualquiera podía especular con el suelo de su propiedad.

La concurrencia, la posibilidad de que los pequeños propietarios participen junto a los grandes en la urbanización del suelo, y la posibilidad de que la Administración, los propietarios de suelo o cualquier emprendedor puedan "desarrollar el urbanizable", en palabras de Roger, revolucionó el urbanismo. El urbanista apuntó que el plan general de Valencia y su cintura, aprobado en 1946, mantuvo congelado el desarrollo de la ciudad hasta la aprobación de la LRAU.

Roger concedió que cuando el "urbanizable se urbaniza" de manera "eficiente" la "virtud" de la norma puede llegar a convertirse en "un problema: morir de éxito".

Roger añadió que los "dos adversarios" de la concurrencia - "un modelo que no cuestiona Europa ni nadie"- son los "especuladores" y los "conservacionistas", un grupo que englobaría a los residentes extranjeros asentados en "setas" que surgieron como resultado de un desarrollo urbanístico incontrolado e ineficiente previo a 1994.

Otra cosa son las "patologías aplicativas" de la norma urbanística, que Roger citó en otro momento, ante las que "se debe aplicar el código penal", no la LRAU.

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Tampoco es imputable a la LRAU, según Roger, sino a la legislación estatal, la norma que convierte a España en "el único país donde el propietario de suelo paga costes a partir del beneficio futuro" si opta por concurrir en el desarrollo de los planes de actuación que afectan su parcela, una de las quejas principales de los propietarios extranjeros afectados por recientes proyectos de urbanización.

Las dudas vertidas por la Comisión Europea hacia la transparencia de la adjudicación de la urbanización de zonas sujetas a planes de actuación integrada fueron desestimadas por Roger. "Se cuestiona el procedimiento de adjudicación, el contrato", comentó el urbanista, un asunto que no compete a la LRAU sino, en todo caso, al Ley de Contratos del Estado. Roger puso en duda que la urbanización pueda equipararse a una obra pública, pero no quiso entrar en detalles al respecto.

Otras dudas, las que surgen a raíz del impulso de planes de actuación sobre suelo no urbanizable, como la iniciativa de Juan Soler, presidente del Valencia CF, para levantar una ciudad deportiva en Riba-roja, fueron despachadas con la misma contundencia: "Que se urbanice mucho o poco depende de quien declara suelo urbanizable", aclaró Roger.

Garantía

El urbanista subrayó que la reclasificación de suelo no compete en exclusiva a los ayuntamientos, sino que requiere la supervisión de la Generalitat, una instancia de segunda lectura que, sobre el papel, debería garantizar una adecuada gestión del territorio.

Roger señaló que el alza del precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana ha sido "un 8% inferior a la media española desde 1998" gracias a la LRAU y, como colofón, sentenció: "Los escándalos urbanísticos se producen en Madrid, Marbella, ahora Sevilla, pero aquí no trasciende nada".

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