El Congreso chileno indemniza con 1,1 millones de euros a la familia de Carmelo Soria
La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer una indemnización de 1,5 millones de dólares (1,1 millones de euros) del Estado para la familia del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet. La aprobación salió adelante gracias a los 45 votos de los diputados del Gobierno (socialista) contra los 38 de la oposición.
Los parlamentarios dieron curso al acuerdo existente entre el Estado chileno y la Organización de las Naciones Unidas, para entregar el montante convenido a la viuda y a la única hija de Soria, quienes han luchado durante casi 30 años por el esclarecimiento de los hechos. Gracias a esta votación realizada en la sede del Poder Legislativo, en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, se ha redactado un proyecto que aprueba el acuerdo entre Chile y la ONU, logrado después de las constantes demandas de la familia Soria ante los tribunales internacionales de derechos humanos.
En el momento en que fue detenido por los agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 14 de julio de 1976, Carmelo Soria se desempeñaba como funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Tras ser duramente torturado por sus captores, fue asesinado y su cadáver fue lanzado a un canal de regadío al norte de la capital chilena, en el interior de su automóvil, en un acto que intentó simular un accidente. Sin embargo, el cuerpo presentaba evidentes huellas de torturas y varios testigos dieron fe de que fue visto en un centro de detención de la DINA antes de su fallecimiento.
El caso, a pesar de los esfuerzos de su familia, fue sobreseído por la justicia chilena. De ahí que en 1999, tras una apelación de la hija del diplomático, Carmela Soria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendase al Gobierno chileno estudiar el pago de las compensaciones económicas solicitadas por la familia del español, que ascendían a cuatro millones de dólares. Después de largas negociaciones, en 2003 se firmó un compromiso entre el Estado chileno y la ONU que permitirá el pago de 1,5 millones de dólares a la familia, que, en el marco de este acuerdo, deberá desistir de todas sus acciones judiciales.
No obstante, el caso no quedará necesariamente impune porque el Gobierno iniciará un juicio para dar con los responsables del asesinato, cuyos protagonistas ya están identificados: militares y civiles de la Brigada Mulchén de la DINA. A cambio, además de dinero, el Estado chileno reconocerá oficialmente que Carmelo Soria fue asesinado por agentes del Estado y levantará una obra para recordar su memoria.
