Los derechos y la amabilidad
El presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, defiende hoy en el pleno del Congreso la Propuesta de Reforma del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi presentada por el Parlamento vasco conforme al procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los estatutos de autonomía. Queda pues descartada la cobardía que se maliciaba de modo preventivo para caso de ausencia del presidente del PP, Mariano Rajoy. Pero enseguida conviene advertir que al delegado del Gobierno en Madrid corresponde proceder conforme al punto primero del artículo 77 de la Constitución y garantizar la ausencia de manifestación alguna en las inmediaciones del Congreso. El espectáculo ofrecido por quienes enarbolaban banderas de Falange y otras preconstitucionales y proferían insultos sin cuento cuando el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, acudió a registrar la Propuesta al palacio de la Carrera de San Jerónimo debe ser evitado.
Además, el presidente de la Cámara, Manuel Marín, deberá velar por el orden de los debates para que brille en todo momento la más depurada cortesía parlamentaria tratándose de una ocasión tan excepcional. Sería penoso que cundiera la bronca tan al uso, que se prefiriera la tolerancia ante el exabrupto, cualquiera que fuera el escaño de procedencia, y que Ibarretxe acabara regresando a Vitoria como víctima de cualquier desconsideración. Tampoco los medios informativos, sin menoscabo de su libertad de apreciación, deberían incurrir en comportamientos como aquellos que les granjearon la calificación a veces merecida de la Brunete mediática. A toda costa han de evitarse actitudes arrogantes o prepotentes en un momento en que, sin perder la guía y referencia permanente de la Constitución, habría de prevalecer el esfuerzo por aguzar el oído. En el pleno de hoy corresponde, sobre todo, escuchar con la máxima atención y, en su caso, responder a la Propuesta presentada con argumentos razonados, expuestos de la forma más cuidada para que sean mejor entendidos por todos.
Estos días ha repetido el lehendakari que busca un encaje amable del País Vasco en España. Puede que su búsqueda sea desacertada pero en amabilidad se impone competir aunque sea en la expresión del desacuerdo. Establecidas estas premisas, antes de proceder a un análisis de detalle, conviene verificar si, como se nos propone en el preámbulo de la Propuesta, el nuevo Estatuto puede reclamarse "en virtud del respeto y actualización de nuestros derechos históricos recogidos en el Estatuto de Gernika y en la Constitución española". Para ello nada más adecuado que seguir los pasos de Javier Corcuera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, en su estudio Le mort saisit le vif. Los derechos históricos: novación y continuidad, incluido en un reciente volumen publicado por la editorial Marcial Pons.
Recuerda Corcuera que tras las elecciones de 1977 el órgano directivo del PNV consideraba los fueros cosa del pasado, algo vinculado con el carlismo y argumento poco compatible con los tiempos que se vivían, aunque la adopción de esa vía acabara permitiendo justificar la no aprobación de la Constitución por los nacionalistas. Así que, concluye nuestro autor, la inclusión en la Carta Magna de la disposición adicional primera -la que proclama el amparo y respeto a los derechos históricos de los territorios forales- parecía el testimonio de un doble fracaso: el de los nacionalistas, incapaces de lograr el amparo de una foralidad actualizable más allá de los límites de la Constitución; y el de los no nacionalistas, siempre lamentando no haber logrado que los primeros la aceptaran.
El caso es que expresiones como "derechos históricos" juegan en el terreno de la utopía nacionalista tanto como en el de la persecución de fines más prosaicos. Tienen una significación jurídica y una componente político-mítica que siempre ha interferido en la primera, y que apunta hacia una legitimidad distinta de la constitucional e incompatible con ella. Por eso señala Corcuera que "es imposible legitimar en los 'derechos históricos' el intento de imponer un estatus de libre asociación con España en que una parte sólo tiene derechos y la otra sólo obligaciones y en la que se prescinde de la mitad de la población vasca". Pero, eso sí, amabilidades, todas.
