El plan
Algunos expertos en constituciones aseguran que el plan Ibarretxe no está tan lejos de la actual Constitución Española como el histerismo político y mediático da a entender y a influir. Otros, también expertos, afirman lo contrario: el tan traído y llevado plan (seguramente nunca mejor dicho), es inviable. Equivale a una reforma de la CE. Los expertos tampoco parecen ponerse de acuerdo en cuáles son los puntos que deben considerarse contrarios a la CE y cuáles no. Cuáles exigen una profunda reforma y cuáles un suave retoque. Los inexpertos, sin señalar nunca puntos concretos de un plan que no se sabe si conocen y entienden, en su mayoría sí que están de acuerdo: no cabe en la Constitución y además es ilegal y además se carga la unidad de España. Quienes sí deben saber, no coinciden en las consecuencias económicas que tendría para Euskadi una situación de estado asociado o independiente. Para algunos especialistas se puede esperar un mayor bienestar y prosperidad para los ciudadanos, como ocurre en los actuales países pequeños europeos, no todos interesados en pertenecer a la UE. Unos entendidos opinan que Euskadi quedaría fuera de Europa. Otros piensan que, en cualquier caso, la pertenencia o no a la Unión, a la larga dependería del desarrollo de la política democrática en Euskadi respecto al de Europa, situación nada difícil de superar. Sería inconcebible rechazar un país europeo, avanzado y democrático. Ciertamente, otros expertos vaticinan una especie de caos económico. Aquí, los inexpertos suelen coincidir: la nueva situación, sin la protección y el amparo del Estado grande y único, significaría la ruina y el empobrecimiento de la población. Los motivos de desacuerdo se extienden a la idea de soberanía. Unos enterados afirman que la cesión de soberanía a Europa es mucho más sustancial que la hipotética soberanía compartida que, al parecer contiene la propuesta de Ibarretxe. Otros, también enterados, consideran que el plan es el primer paso hacia la independencia, no sólo respecto a España sino también a Europa. Ignorantes y sabios, por más celosos y exigentes que sean respecto a la integridad de nuestro unitario Estado, no parecen cuestionar la cesión de soberanía que comporta la aceptación de la Constitución europea. En realidad, a una gran mayoría, en el tema europeo, le tiene sin cuidado la soberanía.
Motivo de enconada discordia es si el plan significa una buena herramienta para la paz o más bien daría alas al terrorismo. Unos buscan mecanismos políticos para acabar con la violencia y otros esperan la derrota definitiva de ETA. Lo de si el proyecto es legal o ilegal también se presta a gran confusión y grandes confrontaciones entre especialistas. Los legos en materia jurídica lo tienen claro: los promotores deberían estar en la cárcel. Al menos, esa parece ser su conclusión después de ponerles a caldo en sus comentarios. Sin entrar en aspectos jurídicos, por no tener tampoco ni nociones, hay algo que me resulta paradójico: si un señor tiene y difunde ideas republicanas, independentistas o libertarias pacíficamente, es un señor legal y constitucional. Si diseña un proyecto político que responda a esas ideas y lo presenta pacíficamente a las Cortes siguiendo los trámites correspondientes se convierte en un señor ilegal y ni siquiera se admite la discusión de su propuesta por no ser constitucional. Por surrealista que sea en la actualidad una situación semejante y escasos mis conocimientos, no deja de parecerme engañosa una Constitución que permite todas las ideas, siempre que permanezcan en el ámbito del pensamiento (cosa imposible de evitar) o de su mera expresión, pero que sean inalcanzables, y que si se plasman en proyectos concretos se conviertan en impracticables, situándose fuera de la legalidad. Supongo que se trata de una bobada jurídica debida a mi ignorancia, pero no lo entiendo. Debería explicársenos mejor a los ciudadanos poco preparados. En todo caso, las discrepancias, más bien especulativas, reflejan unas contradicciones que habría que resolver como la democracia manda: mediante el debate político y parlamentario, con sus rectificaciones, enmiendas, rechazos y votaciones. Resulta bastante absurdo que los portavoces acepten el debate y que el pleno anuncie su bloqueo. Por otra parte, el lío de las opiniones encontradas tiene que ver fundamentalmente con la idea del Estado y quizá podría resumirse en la defensa a ultranza de la unidad de España o en el modo y manera de configurar esa unidad en los tiempos que corren. Es este el problema que, en definitiva, constituye el origen de la controversia y de las opiniones que suscita el plan Ibarretxe. Más o menos viscerales o razonables, dependiendo en buena parte de qué nacionalismo procedan.
Doro Balaguer es escritor.
