Más de 20.000 víctimas de la represión del reinado de Hassan II exigen una reparación

La Instancia Equidad y Reconciliación ha recibido 22.272 solicitudes de reparación, un 40% fuera de plazo, de otras tantas víctimas de la represión que se abatió sobre Marruecos desde poco después de la independencia, en 1956, hasta el fin del reinado de Hassan II, en 1999. La mayoría de las solicitudes (79%) relata casos de detención arbitraria (secuestro) acompañada por torturas. Sólo el 2,5% son de desapariciones de personas apresadas por las fuerzas del orden público y que nunca volvieron a ser vistas con vida. Un 0,3% está relacionado con los muertos civiles durante los disturbios callejeros.

Muchos gendarmes y militares implicados en la represión siguen hoy en sus puestos

El origen geográfico de las solicitudes ha sorprendido a la dirección del organismo. Lejos de pertenecer a los grandes centros urbanos, la mayoría relativa (25,64%) procede de la región de Tadla Azilal, en el centro del país, al este de Marraquech, muy díscola durante los años sesenta. En segundo lugar figura el antiguo Sáhara español, con el 23,57%. Casablanca, el feudo de la izquierda, sólo representa el 5,53%.

Del Rif, cuya sublevación contra la monarquía fue brutalmente aplastada en 1958, "sólo han llegado 180 peticiones, la mayoría fuera de plazo", señala Driss el Yazami, uno de los responsables de la IER. "Esto nos hace pensar que los recuerdos dolorosos tardan en aflorar y que algunas víctimas no se han animado a dirigirse a nosotros", agrega.

A los habitantes de otras regiones o zonas del país les resulta más fácil expresar sus reivindicaciones, porque no están tan sepultadas o porque lo que sucedió en su tierra fue, probablemente, más grave de lo que se cree. "Todo esto brinda elementos para que los historiadores puedan rescribir la historia de Marruecos desde la independencia", asegura el Yazami.

Esa nueva historia precisará algunos hechos y revelará incluso algunos otros, pero no incluirá, por ahora, los nombres de los verdugos que torturaban o regentaban las grandes comisarías o los centros clandestinos de detención, donde la mayoría de los reos acabaron falleciendo.

A los 200 ex presos políticos a los que dará la palabra para narrar sus vicisitudes, la IER sólo les ha prohibido una cosa: pronunciar los nombres de sus torturadores. Sí pueden, en cambio, decir que los malos tratos se los infligió la Gendarmería, la policía política, los funcionarios de prisiones, etcétera.

"Soltar nombres en antena es correr el riesgo de difamar", advierte Driss Benzekri, presidente de la IER. "Cuando dan nombres, las víctimas carecen, generalmente, de pruebas". "Aquellas víctimas que lo desean pueden llevar a sus supuestos verdugos ante los tribunales", concluye.

Algunas organizaciones de derechos humanos, como la prestigiosa Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), han rechazado colaborar con la IER a causa de esta limitación. En cambio, la mayoría de las víctimas que, desde ayer, brindan su testimonio, la aceptan. "Tuve siempre los ojos vendados y nunca les pude ver", recuerda María Ezzaouini, que estuvo 15 meses secuestrada. "Por tanto, no les podría denunciar".

"Además, los que me pegaban eran meros ejecutores, instrumentos de un sistema dirigido desde mucho más arriba", prosigue. Los tres grandes jefes del aparato represivo fueron, primero, el general Mohamed Ufkir, al que Hassan II obligó a suicidarse en 1972, después de que hubiese participado en un frustrado golpe de Estado para derrocarle. Le sucedió el general Amed Dlimi, muerto en un sospechoso accidente de coche en 1983.

Ese año Driss Basri, un civil, se hizo cargo del aparato policial. Hasta su muerte, en 1999, Hassan II tuvo plena confianza en su ministro del Interior. Nada más acceder al trono Mohamed VI empezó, sin embargo, a recortar sus poderes retirándole, por ejemplo, el control de la temible policía secreta (DST) y, en noviembre de 1999, le destituyó. Hoy día vive exiliado en París, desde donde multiplica las declaraciones críticas con el sistema marroquí.

Algunos de sus subordinados y muchos fiscales, gendarmes y militares implicados en la represión siguen hoy día en sus puestos o desempeñan otras responsabilidades. La AMDH publicó, en 2000, una lista de algunos de ellos que ocupaban cargos. Las víctimas quieren que, como mínimo, sean purgados. "Deseo que sean poco a poco apartados, suavemente, sin rencor", afirma Ahmed Herzenni, izquierdista que pasó 12 años en prisión.

Ezzaouini es algo más drástica: "Me gustaría que se les margine, que se les juzgue y que cumplan la pena a la que hayan sido condenados". "Sería una lección para ellos y para los que hoy en día tienen la tentación de recurrir a los mismos métodos", añade.