La Agencia Tributaria impide la liquidación de Grand Tibidabo
El 'no' al convenio de la quiebra beneficia a los pequeños accionistas
La quiebra de Grand Tibidabo continúa. La Agencia Tributaria, que acumula el 85% de los 32,1 millones que adeuda la empresa quebrada, se opuso al convenio de liquidación en la junta de accionistas de ayer. Dicho convenio preveía el pago del 60% del pasivo. La decisión beneficia a los pequeños accionistas, que perdieron sus inversiones y veían en la aprobación el fin de sus esperanzas de recuperarlas.
El representante de Hacienda se opuso al convenio presentado ayer en la junta de accionistas. Al poseer el 85% del pasivo (la ley fija que es necesario el voto a favor de las tres quintas partes para su aprobación), la Agencia Tributaria impidió la liquidación de Grand Tibidabo. En el acuerdo se preveía pagar a los acreedores de derecho público cerca de 12 millones de euros, el 60% de lo adeudado -la Comunidad de Madrid, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona figuran en la lista-, y tres millones al resto de los acreedores, que sólo representan el 9,5% de la deuda.
Maximino Linares, representante de la Agencia Tributaria, justificó su negativa con la clasificación de créditos y aduciendo que el acuerdo estaba aún "poco maduro". Hacienda pretende cobrar la deuda íntegra y para ello juzga necesario continuar recuperando los bienes de los que se desprendió Grand Tibidabo entre 1996, momento fijado para la retroacción, y 1999, fecha de la quiebra. Su representante advirtió ayer de que se opondrá a cualquier propuesta hasta que haya terminado este proceso.
Los accionistas que perdieron sus inversiones con la quiebra -los cuales, según la ley, van por detrás de los deudores en el pago- también son partidarios de continuar la recuperación e incluso ampliarla. El abogado Javier Bruna, que representa a gran parte de ellos, recurrió para atrasar la retroacción hasta 1994.
Recuperación de activos
Según Bruna, de aprobarse la solicitud, se atraería a los bienes de la empresa quebrada el 70% del complejo inmobiliario de Port Aventura, de unas 350 hectáreas. En su opinión, ambos complejos fueron desgajados fraudulentamente. "Por fin se pone en marcha la recuperación de activos", afirmó.
Al acto, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona, acudieron muchos pequeños accionistas que habían perdido sus ahorros con la quiebra. La aprobación del convenio habría supuesto la imposibilidad de recuperarlos. Varias decenas de ellos permanecieron en las dependencias judiciales desde primera hora de la mañana hasta más allá de las 14.00, cuando terminó la junta, y las llenaron de carteles ("prou de lladres, no volem testaferros", "hem perdut la paciència")
Grand Tibidabo nació en 1991 de la fusión del Consorcio Nacional del Leasing y la compañía El Tibidabo. El negocio de leasing fue vendido al BCH, lo que reportó 180 millones a la compañía, que dirigía entonces Javier de la Rosa, al que Jordi Pujol, en aquel momento presidente de la Generalitat, llamó "empresario modelo". En poco menos de tres años, hasta que fue apartado del consejo en 1994, ese montante desapareció. El caso acabó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y 10 años después aún no ha empezado la fase oral.
