La europeización universitaria cuesta
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior durante esta primera década del siglo XXI no está exenta de dificultades, pero merece la pena. Pocas veces en sus ocho siglos de historia habían tenido las universidades una oportunidad semejante: ser protagonistas destacadas en la vertebración de un nuevo proyecto de convivencia, definido por la construcción social y política de la Unión Europea.
Este papel relevante de la universidad en la nueva sociedad está sujeto a que se revisen las condiciones que precisa para el buen hacer en sus actividades educativas y de investigación. La vinculación con el entorno social, empresarial y tecnológico, la autonomía académica y la rendición de cuentas respecto a la calidad de su respuesta a las demandas sociales emergentes, son algunas de ellas. Pero también es necesario que disponga de mayores recursos, y que los utilice eficientemente, si queremos que el nuevo proyecto de convivencia que consagra la naciente Constitución Europea sirva para consolidar la "Europa del Conocimiento".
El paso de las declaraciones solemnes a la realidad tangible pone al descubierto no pocas debilidades existentes, que responden en buena medida a la insuficiente dotación económica de la universidad europea en términos absolutos, y más aún si se la compara con la norteamericana. Si no disponen a corto plazo de los recursos necesarios, las instituciones de educación superior europeas no podrán liderar el proyecto de una sociedad avanzada en saberes que pueda competir con la americana.
Los datos actuales son desfavorables: los europeos no sólo dedican recursos por valor de menos de la mitad, en términos de porcentaje del PIB, que los norteamericanos a las actividades universitarias, sino que además se muestran incapaces de completar la financiación pública con fondos privados -proporcionados por empresas o fundaciones- como hacen al otro lado del Atlántico; en consecuencia, los medios que tiene un estudiante europeo a su disposición no llegan a la mitad de los de su homólogo norteamericano. Si no hay más financiación que la hoy disponible, las universidades europeas no podrán asumir con éxito el protagonismo que los organismos comunitarios prevén para ellas.
Peores incluso son los datos económicos si el análisis se circunscribe al caso español. Las cifras hechas públicas en septiembre pasado por la OCDE en su informe anual Education at a Glance resultan desalentadoras. Últimamente no sólo no se ha recuperado terreno, sino que se ha perdido. En lugar de convergencia hay divergencia en la inversión española destinada a la educación: nuestro actual 4,9% del PIB frente al 5,9% promediado por los países de la OCDE, se agrava al constatar que en los cinco años comprendidos entre 1995 y 2000 se ha retrocedido en España del 5,5 al 4,9: o sea, hemos desandado parte del camino recorrido en los años anteriores. Así pues, el crecimiento económico de nuestro país en el último lustro no se ha reflejado en un esfuerzo presupuestario comparable dedicado a la formación de sus ciudadanos. El Gobierno conservador no ha aprovechado una ocasión tan propicia: ¡sáquese la oportuna conclusión! Y no caben excusas: la financiación es el medio esencial para que las funciones docentes e investigadoras de las universidades se cumplan satisfactoriamente, en el contexto de autonomía académica y organizativa que reconoce la Constitución Española de 1978.
La financiación de las universidades españolas es, pues, insuficiente, según acabamos de ver. Un 0,9% del PIB de gasto público en educación universitaria en España frente al 1,4% medio en la Unión Europea pone de manifiesto esta deficiencia, destacada en el libro La financiación de las universidades: un estudio por Comunidades Autónomas, editado por la CRUE. También es desfavorable la comparación, según los datos de la OCDE, de la componente pública de los recursos destinados a la educación superior: el 74,4% en España frente al 78,6% correspondiente al valor medio. Más desfavorable es la comparación respecto a las cifras correspondientes a Francia (85,7%), Alemania (91,8%) o, incluso, Portugal (92,5%).
Por añadidura, la financiación de los estudios universitarios en España no sólo es insuficiente: también es injusta. Según datos del mismo informe, en el año 2000 se dedicó en nuestro país para ayudas a los estudiantes el 0,08% del PIB, un tercio del valor medio empleado por los países de la OCDE (0,24%). Además, según la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, el coste medio por curso es de unos 700 euros en una universidad pública, y alcanza casi los 6.000 en una privada, sin tener en cuenta los gastos adicionales -superiores, en el caso de desplazamiento fuera del domicilio familiar- de alojamiento y manutención.
¿Qué reforma necesita la financiación de las universidades en España? Ante todo y con carácter indispensable, que proporcione medios suficientes para que sean viables otro tipo de reformas. Mediante un gran pacto financiero entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos, fuera del debate partidista, como apuntaba no hace mucho el Presidente de la CRUE, el rector Juan Vázquez, o como algunos venimos proponiendo desde hace años; con un acuerdo que tenga continuidad temporal suficiente, que no esté supeditado a los calendarios electorales. Ésta es una condición necesaria, que dirían los matemáticos, pero... no es suficiente. Un compromiso compartido de tal calado debiera contener también las medidas legislativas oportunas para que se favoreciese la diversificación del origen de los recursos: incentivos fiscales para donaciones, fundaciones, empresas, etcétera.
Sobre la base de un incremento suficiente de los recursos disponibles, el establecimiento de objetivos prioritarios para la política universitaria en nuestro país y la asignación de una parte de la financiación ligada a los resultados alcanzados -cuyo seguimiento se efectúe mediante indicadores consensuados previamente- constituirán un salto cualitativo, beneficioso para el buen funcionamiento de las instituciones.
Un aspecto clave de las reformas de índole económica estará constituido por la implantación de sistemas de incentivos a la eficiencia en el uso de los caudales públicos, que premie los avances y las innovaciones en el progreso hacia la excelencia docente e investigadora. La rendición de cuentas, la introducción de sistemas ágiles de información y la dotación de estructuras y prácticas de gestión eficaz deberán completar la nueva arquitectura financiadora.
De igual modo que no hay reforma que sea efectiva si no lleva aparejada una dotación presupuestaria acorde con sus fines, la europeización de las universidades españolas no es gratuita, tiene un coste. Y es necesario que quienes tienen la responsabilidad de asumirlo lo hagan sin demora.
Francesc Michavila es catedrático y director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.
